México debe exigir a Estados Unidos perseguir a los narcos en su territorio
Miguel Ángel Rivera, Opinión viernes 21, Feb 2025CLASE POLITICA Miguel Angel Rivera
Hace ya muchos años, en una conferencia de prensa en Los Pinos, le pregunté al entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore ¿por qué si las agencias de seguridad de su país tienen información detallada de cuántas drogas se producen en el mundo y conocen cómo son transportadas por cielos, mares y tierra, se les desaparecen en cuanto llegan a las fronteras de la Unión Americana?
Como era lógico, para encubrir las deficiencias o la complicidad de las autoridades de los Estados Unidos, el alto funcionario se protegió con los problemas derivados de una mala traducción: “¿me puede repetir la pregunta?”.
Después de evidenciar esa incapacidad de comprender lo que se le traducía, el político estadounidense que buscaba suceder a su jefe, Bill Clinton, para lo cual se presentaba como “amigo” de México, en realidad se negó a evidenciar que, dentro de territorio de la Unión Americana, son los ciudadanos estadunidenses los que se encargan de distribuir los enervantes y que son las autoridades los que, por decir los menos, no tienen capacidad para romper esas cadenas de distribución, por no decir que existe una franca complicidad.
Por los resultados, con las calles de las ciudades de los Estados Unidos inundadas con drogas y con decenas de miles de muertes anuales por sobredosis, se llega a la evidente conclusión de que las policías del vecino país han sido incapaces de descubrir esas organizaciones criminales y, mucho menos, detener sus acciones ilegales.
Esto puede ser -es de esperar que ya lo sea- un argumento fundamental cuando el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tenga que enfrentar las presiones y amenazas del magnate Donald Trump, que ahora preside Estados Unidos.
El otro tema, ya muy explorado es el tráfico de armas. Los cárteles mexicanos se surten en las armerías de los Estados Unidos. Ya México presentó una demanda, que apenas ha avanzado, pues la Asociación Nacional del Rifle (NRA; en inglés) es una asociación muy poderosa que defiende originariamente el “derecho” de los ciudadanos de la vecina potencia a poseer un arma para defenderse. Claro, lo que no se explica es que muchos de esos individuos tengan todo un arsenal y tampoco que muchas de ellas crucen impunemente la frontera.
Claro, también en esta materia hay que admitir la responsabilidad de las autoridades mexicanas, pues se supone que existen sistemas de control en las aduanas que permiten detectar las armas y el parque. La realidad es que las aduanas nacionales parecen coladeras por las que atraviesan no sólo armas, sino toda clase de artículos, como se puede comprobar en casi todas las ciudades mexicanas, por ejemplo, con productos de origen chino, que contribuyen a sostener otro problema también reprochado por los Estados Unidos, pero, ese es otro tema.
Lo que sí, estos asuntos llevan a desmentir otra de las reiteradas presunciones de la llamada Cuarta Transformación, el haber terminado con la corrupción. El caudillo del actual gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, hasta sacó con frecuencia un pañuelo blanco para reafirmar ese supuesto triunfo de su administración.
Sin embargo, la molesta realidad se encarga de invalidar tales afirmaciones.
Una prueba de lo anterior fue la noticia de que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, Roberto Moreno Herrera, fue separado de su cargo precisamente acusado de corrupción.
Dee acuerdo con información oficial, fue separado del cargo tras descubrirse diversas irregularidades en su gestión, entre ellas, viajes no autorizados, retrasos y omisiones en la implementación de una plataforma digital nacional, asignación discrecional de plazas, y otros posibles hechos de corrupción.
Autoridades federales citadas por el diario Milenio revelaron que el 19 de febrero se solicitó a Moreno la entrega inmediata de su renuncia como resultado de una decisión colegiada del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva Sistema Nacional Anticorrupción, y respaldada por la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.
Entre las irregularidades que se atribuyen al exfuncionario se incluyen uso indebido de recursos para viajes y contrataciones sin autorización, incluyendo un viaje a Hong Kong para representar al Estado.
Además, firmó un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por más de 1.5 millones de pesos para obtener un sello de igualdad de género.
También se reveló que, a pesar de varias auditorías de la ASF que apuntaba fallos y la ausencia de subsistemas clave, la plataforma para recibir denuncias y mejorar la aplicación seguía sin funcionar, evidenciando un retraso grave en su implementación.
De acuerdo con versiones periodísticas, la FGR advirtió que se investiga a los jueces vinculados con estas resoluciones irregulares, por lo cual se integrará un expediente de investigación que podría derivar en denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).
Moreno Herrera es otro de los funcionarios “heredados” por el régimen de López Obrador, pues ocupaba desde junio de 2022 el cargo de Secretario Técnico del Sesna. Su función, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, era dirigir los trabajos de asistencia técnica y administrativa para la implementación de las políticas diseñadas por el comité coordinador del Sistema Nacional. Su periodo en el cargo concluirá en junio del 2027.
Sin embargo, como resultado de diversas auditorías federales y denuncias internas, se detectaron supuestas irregularidades graves. Una de las más delicadas tiene que ver con presuntos hechos de abuso de autoridad derivado de la utilización de recursos de la Secretaría Técnica para funciones que no estaban en su ámbito de competencia.
“El servidor público tomó atribuciones que no le correspondían. Él encabeza un órgano que debería estar haciendo estudios, debería estar construyendo una plataforma digital, ayudando a lograr los objetivos comité. Pero en lugar de utilizar los recursos para ello, los ha utilizado para viajes, para sueldos y plazas que él colocó unilateralmente. Y las auditorías son claras en que no se han obtenido los resultados”, dijo uno de los funcionarios citados sin que se diera conocer su identidad.
También se supo que los viajes considerados injustificados están relacionados con una serie de comisiones en el interior del país a los que el mismo funcionario decidió asistir con su personal en representación del Sistema Nacional Anticorrupción, pese a que legalmente no cuenta con dicha representación ni tuvo autorización del órgano de gobierno para ello.
“Incluso, se identificó un viaje que hizo a Hong Kong a representar al Estado mexicano cuando no debería ni siquiera representar al Sistema Nacional. Se ha tomado atribuciones que no tiene y eso es delicado”, indicó el funcionario consultado.
En cuanto al convenio con el PNUD, firmado por Moreno Herrera el 24 de abril de 2024, se comprometió a pagar a dicho organismo internacional más de millón y medio de pesos. “Es un tema de una certificación que muy posiblemente se pudo haber realizado con recursos propios, porque ya se contaba con un área de género, pero donde él decidió unilateralmente comprometer así los recursos”, dijo el funcionario consultado.
Otra de las irregularidades graves que motivaron la decisión de separar prematuramente a Moreno Herrera del cargo tienen que ver con los resultados de la auditoría de desempeño 362 que la Auditoría Superior de la Federación practicó al Sesna con motivo de la Cuenta Pública 2022.
Los auditores identificaron que varios de los sistemas que deberían formar parte de la llamada Plataforma Digital Nacional simplemente no estaban en funcionamiento. Entre ellos estaba el sistema que debería permitir a los ciudadanos la presentación de denuncias públicas por faltas administrativas o hechos de corrupción y otro relacionado con comunicaciones y fiscalización. Sumado a esto los cuatro subsistemas que ya estaban en marcha presentaban errores.
O sea, que contra lo asegurado por la 4T de que acabó la corrupción, no había manera de que los ciudadanos denunciaran irregularidades o evidentes delitos.
