Fuera de Morena, ¿habrá quién vote por la “ministra del pueblo”?
Miguel Ángel Rivera, Opinión lunes 24, Feb 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Si por alguna razón me viera obligado a romper mi propósito de no acudir a las votaciones – que no elección – para designar a los futuros integrantes del “nuevo” Poder Judicial sometido a la llamada Cuarta Transformación,seguramente no entregaría mi sufragio para ser integrantes de la Suprema Corte de Justicia a ninguna de las tres ministras afiliadas al oficialismo: Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama.
Si la situación llegara a condiciones radicales, mi oposición se dirigía especialmente contra este última, que insiste en ser presentada como “ministra del pueblo”.
Por el contrario, sentiría vergüenza de ser considerado aunque lejanamente, cómplice de que regrese al máximo tribunal una persona que nada tiene que ver con la impatición de justicia y quesóilo pretende contribuir a consolidar un gobierno autoritario en el que una sola persona tenga el control de los tres poderes fundamentales de la República: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Si tuviera alguna influencia en las pocas personas que leen esta columna, de ninguna manera se puede considerar como propaganda política que, supuestamente, está prohibida, pero las tres ministras que pretenden perpetuarse en el cargo, han violado tal limitación, pues están en plena campaña, ya que a nombre de la llamada Cuarta Transformación buscan presidir la Suprema Corte que resulte de la aplicación de la reforma constitucional promovida por su caudillo, Andrés Manuel López Obrador en venganza porque los ministros que van de salida rehusaron someterse a sus designios.
En cuanto a la aspiración para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, es de recordar que el artículo 95 de la Constitución, que prácticamente no fue modificada por la reforma impulsada por el cacique de la 4T, establece requisitos para ser ministro de la Suprema Corte que limitan especialmente a quien insiste en considerarse “ministra del pueblo”.
De acuerdo con una reforma de 2016, el artículo 95 constitucional que fija las condiciones para ser ministro de la Suprema Corte ordena:
“II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.
III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y
VI.- No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
Además, es de recordar que dentro de los requisitos establecidos en la reforma impulsada por la 4T para ser ministro en la SCJN se incluye, entre otros, poseer un título de licenciado en derecho al momento de publicarse la convocatoria. Además, se exige un promedio mínimo de calificación de al menos ocho puntos en general, y de nueve puntos en las materias relacionadas con el cargo al que se aspira, ya sea en licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.
Otro punto notable, es que los aspirantes deben presentar una media docena de cartas de recomendación, que pueden ser de sus vecinos.
Al respecto es de advertir que Batres Guadarrama difícilmente llena los requisitos exigidos.
Para empezar su licenciatura en Derecho la obtuvo de una institución académical, la Universidad Humanitas que no se encuentra (por decir lo menos) entre las mejores instituciones de enseñanza del Derecho y es de hacer notas que en México funcionan escuelas superiores en esa materia que gozan de reconocimiento internacional.
Al revisar con detenimiento el curriculum de la aspirante a presidir la Suprema Corte, se encuentra que tiene una maestría y aparece como aspirante al doctorado por otra institución de escaso reconocimiento académico, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la cual en su página oficial de internet recuerda:
“La Universidad de la Ciudad de México (UCM) fue creada el 26 de abril de 2001 por el Gobierno del Distrito Federal (al inicio del mandato de López Obrador). El 16 de diciembre del 2004, la UCM obtuvo la autonomía por medio de la publicación de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Su misión y visión, sus objetivos, sus programas y planes de estudio, sus estrategias y actividades se enfocan, de acuerdo con su Ley, prioritariamente a la formación de ciudadanos y ciudadanas con capacidad para analizar la realidad de manera crítica, con comprensión multidimensional de los problemas sociales y con conocimientos y herramientas científicas y humanistas suficientes para plantear soluciones viables, de alto compromiso y pertinencia. En su portal de Internet, la mencionada Universidad informa:
“En N/A (así aparece en el original, sin precisar fechas), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tuvo 89,263 matriculados, de los cuales 46.9% (41.9k) fueron hombres y 53.1% (47.4k) fueron mujeres.
“En N/A, la institución tuvo 2,275 egresados, de estos 125 fueron hombres y 200 mujeres (los restantes, casi dos mil, ¿son de otro sexo?). Las áreas con más egresados fueron Ciencias sociales y derecho (621), Administración y negocios (469) y Artes y humanidades (438).
“El mismo año, la Universidad Autónoma de la Ciudad De México, tuvo 46 graduados, de estos 8 fueron hombres y 9 mujeres. Las áreas con más alumnos graduados fueron Ciencias sociales y derecho (23), Ciencias naturales, matemáticas y estadística (16) y Ingeniería, manufactura y construcción (5).
“Esta institución tuvo 1,241 titulados, de estos 33 fueron hombres y 52 mujeres, y siendo las áreas con más estudiantes titulados Ciencias sociales y derecho (456), Artes y humanidades (218) y Ciencias de la salud (198).
En conclusión, la “ministra del pueblo” es una afortunada, pues es de los pocos graduados de esa institución y del grupo más reducido que todavía aspira a un título de posgrado.
Otra de las condiciones para ser ministro es “VI.-No haber sido secretario de estado, jefe de departamento administrativo,
Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.
Lenia Batres fue diputada varios años antes de ser postulada para la Suprema Corte, pero contraviene la esencia de ese mandato, pues se trata de evitar que se convierta en juzgador del más alto nivel alguien que no sólo está vinculado con un partido, sino que es uno de sus más decididos defensores.
Ella no fue elegida por los diputados, pues no obtuvo la mayoría necesaria, sino que se convirtió en ministra se diría en términos deportivos, por “default”, pues como nunca fue recusada simplemente quedó aprobada por decisión del cacique de la 4T.
El hecho de ser representante del gobierno federal lo comprobó el mensaje de bienvenida de la Secretaría de Gobernación (Segob), entonces encabezada por el ahora coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández. La mencionada dependencia, decía el mensaje “se congratula por el nombramiento de quien hasta hoy se desempeñó como consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal”.
Tampoco es posible presentar las cartas de recomendación de los vecinos, como lo prueba un pleito de vecindad que la “ministra del pueblo” tuvo con inquilinos de una vivienda colectiva donde habita su hijo, a los que dedicó insultos, por decir lo menos, en un lenguaje “poco edificante”.
