A pesar de ser “corridos”, los ministros de la SCJN cuidan el prestigio del Poder Judicial

  CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Resulta increíble, los ministros de la Suprema Corte de Justicia que van de salida, que prácticamente fueron lanzados a la calle y sustituidos por un nuevo Poder Judicial que nadie conoce bien a bien -ni siquiera los que propusieron los cambios ni mucho menos los que los aprobaron- procuran rescatar algo de prestigio para sus sucesores, mientras que las ministras oficialistas que están en plena campaña para encabezar al nuevo máximo tribunal del país se encargan de desprestigiar todo el proceso.

Esto quedó en evidencia con la aprobación, ayer, en el pleno de la Suprema Corte de Justicia, donde los virtualmente cesados ministros aprobaron un acuerdo por el cual se establecen las bases para la rendición de cuentas institucionales y de las personas servidoras públicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al separarse de su empleo, cargo o comisión.

Los ministros que han dejado constancia de autonomía de criterio y de no estar atados a sus posiciones, pues ninguno de ellos se apuntó para ser candidato para ser elegido a la futura Suprema Corte, diseñada al gusto del caudillo de la llamada Cuarta Transformación, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, fundamentalmente a partir de la aceptación de quedar sometida al Ejecutivo, como poder dominante. Es decir, se acaba con el principio de que el gobierno nacional está dividido, en igualdad de condiciones, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Esos ministros autónomos, encabezados por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Lucía Piña Hernández, hicieron todo lo posible, siempre dentro de los límites constitucionales, de impedir esa reforma destinada no a mejorar el trabajo de los juzgados, sino simplemente evitar que sus titulares emitieran sentencias que contravinieran los deseos y las indicaciones del titular del Ejecutivo Federal, el presidente(a) de la República en turno.

Como su caudillo, la presidenta Sheinbaum ha expresado su total acuerdo con la reforma al Poder Judicial y ha denunciado supuesta corrupción entre los juzgadores, aunque no se ha llegado al extremo de consignar penalmente a alguno de ellos.

Por ejemplo, en su conferencia mañanera del reciente viernes 28 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que la corrupción del Poder Judicial es “aberrante y ofensiva”, y celebró la realización de la elección judicial en junio.

“La corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva. ¡Qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz el Poder Judicial…Es una bendición para México lo que vamos a vivir este año de elegir a los jueces, magistrados y ministros, y que el pueblo pueda salvar al Poder Judicial de esta ofensiva corrupción para el pueblo”, expresó.

Al anunciar la asamblea que se convirtió en festival, efectuada el domingo anterior, la mandataria adelantó que hablaría del Poder Judicial, pero tal vez por la euforia de que Donadl Trump pospuso la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas, y sólo hizo una breve mención: “el día de hoy es un acto de unidad, pero no por ello, porque ya está en la Constitución, no debemos dejar de recordar que: ¡El 1 de junio hay elecciones! Y que, por primera vez en la historia, el pueblo de México va a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante la elección de sus reemplazos y con el evidente propósito de contribuir el prestigio del futuro Poder Judicial, la casi extinta Suprema Corte dio a conocer un comunicado a propósito de su sesión plenaria de ayer, lunes 10, en el cual expresa:

“El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte), bajo los principios de transparencia, honradez y rendición de cuentas, aprobó por unanimidad el Acuerdo General 3/2025 que establece las bases para la conclusión de las funciones de la actual integración del Alto Tribunal; y determina las disposiciones generales de rendición de cuentas institucionales y de las personas servidoras públicas de esta institución , al separarse de su empleo, cargo o comisión.

“El acuerdo, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, precisa los lineamientos que regirán, conforme a lo previsto en la reforma del Poder Judicial, para que a partir del 31 agosto de este 2025, se dé la extinción de las Salas de La Corte, termine el periodo constitucional de las actuales ministras y ministros; que la administración de esta institución deje de pertenecer a su presidencia y que se reduzca el número de integrantes del Máximo Tribunal del país.

“Se estipula que, con el objeto de que las ponencias y las secretarías de Acuerdos concluyan oportunamente los engroses y diversos trámites relacionados con los asuntos resueltos por el Pleno y las Salas, a partir del 1 de abril del año en curso, estos órganos celebrarán sesiones con una periodicidad inferior a la actual.

“Se dispone que el pleno y las salas continuarán las sesiones públicas ordinarias -lunes, martes y jueves, el Pleno; y miércoles, las Salas- hasta el 27 de marzo; y, que durante abril y mayo, el Pleno sesionará lunes y martes; y, posteriormente, -de junio y hasta el 12 de agosto próximos- sólo los martes. En cuanto a las sesiones privadas del Pleno, se deja abierta la posibilidad de que éstas puedan realizarse, incluso durante agosto”.

Además, “se tiene previsto la elaboración de un informe de labores que reportará las principales acciones y resultados obtenidos de la presidenta o el presidente de la Corte desde su inicio en el cargo hasta la fecha de su conclusión. El informe deberá publicarse, a más tardar, el 15 de agosto próximo.

Ministras oficialistas en campaña para llegar a la presidencia de la SCJN

A pesar de que el acuerdo se aprobó por unanimidad, trascendió que la

ministra Loretta Ortiz Ahlf acusó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside Norma Piña Hernández, tiene la intención de adelantarse a asumir funciones que corresponden a la futura integración de ese alto tribunal que entrará en labores el 1 de septiembre. En particular sostuvo que los otros ministros se alistan para aprobar un acuerdo que le permitiría designar a tres de las cinco personas que integrarán el nuevo Órgano de Administración Judicial.

Aunque los consejeros y magistrados electorales simpatizantes de la llamada cuarta transformación no se han atrevido atajar las abiertas campañas de las ministras oficialistas -la mencionada Ortiz Ahlf, así como la acusada plagiaria Yasmín Esquivel Mossa, y la autodenominada “ministra del pueblo”, Lenia Batres Guadarrama- no desperdician la oportunidad de censurar el trabajo de su hasta ahora homólogos y así justificar la reforma aprobada a toda carrera por los integrantes del Poder Legislativo, senadores y diputados, también incondicionales del actual régimen.

“Votaré en contra de la aprobación de este acuerdo general, ya que, a mi parecer, implica asumir una función de designación que corresponde a la nueva integración de la Suprema Corte, la cual entrará en funciones el próximo 1 de septiembre”, publicó Ortiz Alhlf en redes sociales.

El mencionado Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial sustituirán al actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a partir de septiembre de este año. Esa instancia tiene especial importancia debido a que asumirá la responsabilidad de determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito. Además tendrá capacidad para decidir acerca del ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño. El órgano estará conformado por cinco integrantes, tres que deben ser nombrados por la Suprema Corte, uno por el Senado y uno por el Ejecutivo.

De acuerdo con la aspirante a presidir la Suprema Corte, la elección de los futuros funcionarios estaba programada para ser discutida ayer lunes, pero en sesión privada.

En contra de esa versión, fuentes de la Corte señalaron que la discusión se pospuso por la ausencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien también faltó a la sesión pública del mismo día.