Con los nuevos ministros de la Suprema Corte, la ley se aplicará con “flexibilidad”
Miguel Ángel Rivera, Opinión lunes 21, Abr 2025
CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Se puede dar por seguro que la “nueva” Suprema Corte de Justicia que resulte de las votaciones programadas para el primer día de junio venidero será encabezada por una mujer que ya tendrá experiencia como ministra del máximo tribunal.
¿Será necesario agregar que la elegida está identificada con la llamada Cuarta Transformación?
La terna la integran las abogadas, mencionadas por orden alfabético, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
Si se quiere apostar, la mejor postura es la de menor edad, Batres Guadarrama (55 años) contra 61 de Esquivel y 70 de Ortiz.
Pero no se trata sólo de edad, ni de preparación académica o profesional – ella es egresada de una universidad de limitado prestigio, llamada Humanitas – sino de su convencimiento y defensa de los “postulados” de la llamada Cuarta Transformación, cualesquiera que ellos sean.
Desde que rindió protesta como ministra, elegida solamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues no superó la calificación del Senado a pesar de la amplia mayoría de Morena y sus rémoras, Batres se distinguió por asumir una actitud parcial a favor del actual régimen al votar en contra de todo lo que le parecía contrario a los designios o los intereses de la 4T y de su caudillo, el político de Macuspana. Si el voto no era suficiente, abandonaba las sesiones del pleno o de las salas, con lo cual se rompía el quorum y resultaba imposible dictar sentencia.
Para hacer más evidente su inclinación política, desde el arranque se hizo llamar la “ministra del pueblo” para marcar distancia de los otros integrantes de la Suprema Corte, a los que siempre definió como “elitistas”. Su salto al máximo tribunal lo dio desde Palacio Nacional, pues era parte de la consejería jurídica de la Presidencia de la República y, antes, fue diputada federal, por el
sistema de representación proporcional, como parte del desaparecido Frente Democrático Nacional y, más tarde, fundadora de Morena.
También fundadora de Morena y ex diputada federal, por el PT, Loretta Ortiz llegó a la Suprema Corte postulada por López Obrador en un segundo intento, pues primero formó parte de una terna junto con Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien logró la nominación. En la segunda oportunidad, los otros postulados fueron Verónica de Gyves y Bernardo Bátiz, quien por cierto también está en las listas de aspirantes a ministros respaldados por Morena.
De las tres “morenas”, la que tiene mayor trayectoria en materia de impartición de justicia es Yasmín Esquivel, pues en 1997 se inició como magistrada unitaria de los tribunales agrarios, y posteriormente, presidenta del Tribunal Superior Agrario del Distrito Federal. En 2009 fue nombrada magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y fue elegida presidenta del tribunal para el periodo 2012-2015 y reelegida para un segundo periodo.
Su trayectoria en materia judicial quedó opacada cuando un investigador especializado en descubrir fraudes, Guillermo Sheridan denunció que Esquivel plagió su tesis de licenciatura y, luego, desde España, se reveló que también está en entredicho su tesis de doctorado.
Por si lo anterior fuera poco, Esquivel también ha sido acusada de conflicto de intereses, por ser esposa de uno de los empresarios favoritos de la llamada Cuarta Transformación, José María Riobóo.
En los dos casos, la ministra y candidata a repetir se ha defendido e inclusive influyó para que una juez condenara al exrector de la UNAM, Enrique Graue, y al exdirector de la FES Aragón Fernando Macedo Chagolla a pagar una multa de 15 millones de pesos por afectar la “reputación” de la profesora Martha Rodríguez Ortiz, quien fungió como asesora de la tesis de Esquivel. En cuanto a su esposo, Esquivel utilizó argumentos feministas al afirmar: “Soy una mujer que, como millones de mexicanas, me he hecho por mí misma, con una historia propia, no soy la señora de, ni la esposa de”.
Violan la ley, “pero no mucho”
Lo que se tiene garantizado es que, con cualquiera de las tres ministras que buscan la presidencia de la Suprema Corte habrá “flexibilidad” en la aplicación de la ley.
Esto ha quedado en evidencia en sus campañas adelantadas para lograr ser la más votada en las elecciones del 1 de junio, lo cual les asegura presidir el máximo tribunal.
La reforma aprobada a toda prisa y con dispensa de trámites por las mayorías absolutas de Morena y rémoras en las dos cámaras del Congreso de la Unión dejó vigente el artículo 134 constitucional, el cual ordena que la propaganda debe tener carácter institucional y fines informativos.
En atención a lo anterior, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que siempre se ha cuidado de tomar medidas que puedan afectar a la llamada Cuarta Transformación, dio una muestra de independencia, al recordarles a los funcionarios públicos que se deben abstener de hacer propaganda.
La víspera del inicio oficial de las campañas para cargos en el futuro Poder Judicial, el Consejo General del INE prohibió a funcionarios y gobiernos el uso de recursos públicos para promover la elección judicial.
Al fijar los lineamientos para las campañas, los consejeros electorales incluyeron la prohibición a las autoridades o instituciones emplear recursos públicos para promover el voto, la participación ciudadana o crear espacios para difundir los perfiles de candidaturas.
Esto, por considerar que la promoción en referencia es una atribución exclusiva del INE y, además, porque el artículo 134 constitucional ordena el uso de recursos públicos sólo para fines institucionales.
La respuesta fue de inconformidad, tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo, lo que puso en evidencia nuevamente que, en las prisas por quedar bien, los senadores y diputados no se enteraron de lo que aprobaban.
Las protestas tuvieron eco casi de inmediato, pues el sometido Tribunal Electoral Federal – que trabaja incompleto porque los senadores no han elegido a los faltantes – enmendó la plana al INE y autorizó la propaganda oficial. Los magistrados sentenciaron que, indebidamente, el INE determinó ser la única autoridad con atribuciones exclusivas para la promoción del voto y de la participación ciudadana.
Por lo mismo, el Tribunal decidió autorizar las campañas de “orientación didácticas o educativas” para informar la forma en que se podrá emitir el voto para cada uno de los cargos. Lo que es incluir imágenes, nombres o símbolos que identifiquen a funcionarios y candidatos en propaganda para promover la elección judicial.
De esto ya había constancia, pues las tres ministras y candidatas a presidir la futura Suprema Corte, han realizado campañas sin que nadie las moleste ni les marque el alto.
Bueno, sí hubo un intento. En enero, mucho antes de la fecha oficial para el inicio de las campañas, el presidente de la organización civil Defensores, Miguel Alfonso Meza, presentó una denuncia en contra de las ministras Batres, Esquivel y Ortiz por supuestos actos anticipados de campaña, por hacer el llamado al voto y haber participado en actos proselitistas.
“Esta denuncia solicita que inmediatamente cesen su campaña ilegal que lleva meses en redes sociales, en eventos proselitistas y en medios de comunicación”, dijo el presidente de la organización civil, quien recordó que la sanción que estipula la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es una multa por hasta 500 mil pesos o la pérdida de la candidatura.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE resolvió que 85 de las 99 pruebas presentadas por el denunciante “no constituyen una vulneración a la normativa electoral” y en el resto “no es posible advertir cuáles son los elementos contenidos en dichas publicaciones o entrevistas que podrían actualizar una vulneración a la normativa electoral”.
El pasado día 13 del presente mes, el INE revisó otra denuncia, esta vez sólo contra Esquivel y Ortiz, a la cual respondió que, efectivamente, violaron las reglas de equidad en la contienda en el arranque de sus campañas.
Sin embargo, ya no fue posible ejercer medidas cautelares en contra de ninguna de las dos acusadas, pues ya se habían retirado los mensajes y videos.
Como se aprecia, siempre hay resquicios por los que se puede evadir el cumplimiento estricto de la ley.
