Aguakan busca revertir cancelación de su concesión
Quintana Roo lunes 28, Abr 2025DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez
- Presenta recurso de queja contra resolución de juzgado
Aguakan presentó un recurso contra la resolución del Juzgado Octavo de Distrito, que le negó el amparo y confirmó la cancelación de su concesión.
La empresa Aguakan, concesionaria del servicio de agua “potable” en cuatro municipios de Quintana Roo, presentó un recurso de queja contra la resolución del Juzgado Octavo de Distrito, que el pasado 14 de abril le negó el amparo de la justicia federal y confirmó la cancelación de su concesión.
La negativa de amparo ratificó la legalidad del decreto 195, aprobado por la XVII Legislatura del Congreso del Estado, que ordenó la cancelación anticipada de la concesión otorgada a Aguakan en diciembre de 2014. Este decreto también contempla la entrega de la infraestructura hidráulica a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), medida que debía aplicarse desde enero de 2024, pero que no se ha concretado debido a los recursos legales interpuestos por la empresa.
El corporativo Desarrollos Hidráulicos de Cancún, propietario de Aguakan, busca que un Tribunal Colegiado de Circuito revoque la sentencia del Juez Mario Fernando Gallegos León, quien determinó que la empresa no comprobó que el decreto 195 violara la Constitución o las leyes.
Además, el juez consideró que la cancelación de la concesión responde a riesgos ambientales derivados de deficiencias en el tratamiento de aguas residuales, que han causado contaminación en manglares y la laguna Nichupté en Cancún. También se tomaron en cuenta fallas en el suministro de agua, que han sido motivo de quejas ciudadanas y sanciones ambientales.
La resolución del recurso de queja será clave para definir el futuro del servicio de agua potable en la zona norte del estado, donde el desempeño de Aguakan ha sido objeto de numerosas críticas por parte de la ciudadanía y autoridades estatales.
Mientras tanto, el gobierno de Quintana Roo sigue avanzando en su intención de recuperar el control del abastecimiento de agua potable, un servicio esencial para los habitantes de Benito Juárez, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
La disputa legal continúa, y en los próximos días se espera que el Tribunal Colegiado de Circuito determine si Aguakan podrá mantener su concesión o si finalmente se concretará su salida de Quintana Roo.
La SCJN se deslinda del conflicto
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido no intervenir en el conflicto legal entre el Gobierno de Quintana Roo y la empresa Aguakan, concesionaria del servicio de agua potable en cuatro municipios del estado. La resolución, emitida el 22 de abril de 2025, implica que el caso seguirá su curso en tribunales colegiados sin la participación del máximo órgano judicial.
La SCJN rechazó ejercer su facultad de atracción, lo que significa que no analizará la constitucionalidad de los actos impugnados ni emitirá un posicionamiento de fondo sobre el litigio. En su lugar, el caso será resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en la Ciudad de México.
El gobierno estatal, encabezado por Mara Lezama, había solicitado la intervención de la Corte para revertir una suspensión que mantiene vigente la concesión de Aguakan. Sin embargo, la SCJN desechó tres solicitudes de atracción presentadas por el gobierno, dejando la disputa en manos de instancias inferiores.
Aguakan ha mantenido una estrategia legal para frenar la cancelación de su concesión, impugnando fallos previos y promoviendo un amparo desde diciembre de 2023 contra el Decreto 195 del Congreso de Quintana Roo, que ordenaba la terminación anticipada de su contrato. Aunque el Juzgado Octavo de Distrito negó el amparo en abril de 2024, la suspensión a favor de Aguakan sigue vigente mientras se resuelve la revisión ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
La concesión de Aguakan ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la ciudadanía, que ha denunciado altas tarifas, deficiencias en el servicio y problemas ambientales derivados del manejo de aguas residuales. La negativa de la SCJN a intervenir prolonga la incertidumbre sobre el futuro del suministro de agua potable en Benito Juárez (Cancún), Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
Mientras tanto, el gobierno de Quintana Roo continúa su lucha por recuperar el control del abastecimiento de agua, un servicio esencial para la población y el desarrollo turístico de la región. La resolución final del caso dependerá de los tribunales colegiados, que deberán determinar si Aguakan mantiene su concesión o si finalmente se concreta su salida del estado.
Juez suspende obras de Sedena en Bacalar
Un juez federal ha concedido una suspensión provisional que frena las obras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Bacalar, Quintana Roo. La medida responde a un amparo promovido por ciudadanos y organizaciones ambientales, quienes denunciaron la falta de permisos y el posible impacto ecológico de la construcción en la Laguna de los Siete Colores.
Desde enero de 2025, la Sedena inició la construcción de una casa de descanso para militares en una zona cercana al Fuerte San Felipe, sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). La obra generó preocupación entre habitantes y activistas, quienes alertaron sobre la posible afectación a la laguna y sus ecosistemas.
El Juzgado Primero de Distrito, con sede en Chetumal, admitió la demanda de amparo y ordenó la suspensión provisional de la obra. En su resolución, el juez instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a verificar si la construcción y la extracción de materiales en la zona lagunar podrían causar daños irreversibles.
De acuerdo con la suspensión, promovida por el Proyecto Justicia Común (PROJUC) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A C. (DMAS), las autoridades deben suspender los actos que ponen en riesgo el ambiente y el patrimonio cultural de Bacalar. La suspensión también impide la entrega de licencias de construcción mientras se analiza el impacto ambiental del proyecto. La audiencia para determinar si se concede la suspensión definitiva está programada para el 28 de abril de 2025.
Organizaciones civiles han celebrado la decisión como un precedente clave en la defensa ambiental. Sin embargo, advierten que la lucha no ha terminado, ya que la Sedena podría impugnar la resolución o buscar mecanismos legales para continuar con la obra.
Cabe recordar que Greenpeace México denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaba amenazando el equilibrio ecológico de La laguna de Bacalar debido a las obras que están construyendo para alimentar al altamente subsidiado Tren Maya.
Inminente, la construcción del cuarto muelle en Cozumel
- Se manifiestan pobladores de la isla contra el proyecto
La construcción de un cuarto muelle de cruceros en Cozumel ha desatado una intensa disputa entre autoridades, empresarios y ciudadanos preocupados por el impacto ambiental del proyecto. A pesar de la oposición de grupos ambientalistas, el fallo judicial más reciente ha permitido que la obra avance, lo que ha llevado a una nueva ola de protestas en la isla.
El cuarto muelle, promovido por la empresa Muelles del Caribe, forma parte de un plan de expansión turística que busca aumentar la capacidad de recepción de cruceros en Cozumel. La obra contempla la construcción de una estructura en la costa noroeste de la isla, con una inversión estimada de 511 millones de pesos.
Sin embargo, organizaciones como Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC) han alertado sobre los riesgos para el arrecife Villablanca, una zona clave para el turismo de buceo y la economía local. Activistas denuncian que el proyecto podría afectar irreversiblemente el ecosistema marino y restringir el acceso público a la playa.
Ante un fallo judicial que permitiría la construcción del muelle, los habitantes han organizado manifestaciones en el muelle fiscal y en el arrecife Villablanca, un ecosistema marino clave para la economía local. Según Nohemí Guadalupe Martín Cab, presidenta de la asociación Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC), el arrecife Villablanca es el último fuera del parque marino público y es vital para los buzos y prestadores de servicios turísticos.
Los opositores al proyecto denuncian que la construcción afectaría la biodiversidad marina y limitaría el acceso a espacios públicos. Además del cuarto muelle, se han identificado otros proyectos relacionados, como el club de playa Cabo Mantarraya y la ampliación del muelle de cruceros SSA, lo que aumentaría la presión sobre los ecosistemas costeros.
El pasado 26 de febrero, los ciudadanos perdieron un recurso legal contra la aprobación del muelle, pero aún tienen la posibilidad de interponer nuevos amparos cuando la empresa solicite permisos adicionales. Luis Rodrigo Huesca Alcántara, del colectivo Isla Cozumel, ha señalado que se han detectado plataformas realizando estudios geoestadísticos en el arrecife Villablanca, lo que podría indicar el avance del proyecto.
Los activistas buscan llevar el tema a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de que el gobierno federal intervenga y garantice el derecho a un
