Turistas nacionales denuncian discriminación en zonas hoteleras controladas por extranjeros  

• Visitantes mexicanos son tratados con desdén

Muchos visitantes mexicanos son tratados con desdén, restringidos en el acceso a playas públicas, o enfrentan un servicio deficiente en comparación con turistas extranjeros.

Turistas nacionales denunciaron casos recurrentes de discriminación por parte de gerentes de hoteles y concesionarios extranjeros en zonas federales, particularmente en destinos como Tulum, Playa del Carmen y Holbox.

Los reportes señalan que muchos visitantes mexicanos son tratados con desdén, restringidos en el acceso a playas públicas, o enfrentan un servicio deficiente en comparación con turistas extranjeros.

Dijeron que algunos gerentes y empleados de origen extranjero implementaron prácticas discriminatorias, como negar el acceso a clubes de playa, exigir consumos mínimos excesivos sólo a mexicanos o tratar de manera despectiva a quienes no hablan inglés o no lucen como turistas “de alto poder adquisitivo”.

“Nos pidieron movernos porque ‘no era una zona para locales’”, denunció Sofía Ramírez, visitante de la Ciudad de México, tras intentar instalar una sombrilla en una franja de playa pública frente a un hotel en Tulum. “Después vimos cómo sí dejaban quedarse a unos turistas europeos sin problema”, agregó.

Las playas son propiedad de la nación

Reclamaron que aunque las playas mexicanas son propiedad de la nación y su acceso es libre por ley, muchos negocios establecidos en la zona federal marítimo-terrestre (Zofemat) actúan como si fueran dueños absolutos del espacio, restringiendo arbitrariamente el paso.

En su mayoría, estos negocios están bajo administración de extranjeros, algunos con permisos irregulares o a través de prestanombres.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició investigaciones tras recibir múltiples quejas relacionadas con discriminación y abuso de autoridad. Autoridades locales y federales han sido criticadas por su inacción ante estos atropellos, a menudo tolerados por razones económicas o vínculos políticos.

Organizaciones civiles y colectivos locales exigieron una mayor vigilancia sobre el uso de la zona federal, así como sanciones ejemplares para aquellos concesionarios que vulneren los derechos de los visitantes nacionales. También pidieron campañas de concientización para defender el derecho al libre acceso a las playas.