Lenia Batres perdió la presidencia de la SCJN, pero no la protección de la 4T
Miguel Ángel Rivera, Opinión viernes 13, Jun 2025
CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
¿Alguien duda de que la llamada “ministra del pueblo” Lenia Batres Guadarrama estaba previamente elegida -o señalada por el gran dedo elector- para ser integrante del nuevo Poder Judicial?
O, ¿existe la sospecha de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mantiene su autonomía y se niega a acatar las indicaciones del Poder Ejecutivo?
En los dos casos, por supuesto que no.
Como los otros ocho futuros integrantes de la “nueva” Suprema Corte de Justicia, que entrará en funciones en septiembre venidero, en reemplazo del máximo tribunal desparecido a raíz de la reforma constitucional aprobada por la artificial mayoría impuesta por Morena y sus rémoras, la mencionada ministra que gusta de presentarse como” del pueblo”, en realidad fue designada por los altos mandos de la llamada Cuarta Transformación.
La designación, que no elección, quedó al descubierto cuando se revisaron los “acordeones”, que “milagrosamente” aparecieron por todos los rumbos de la República para “ilustrar” a los millones de acarreados por Morena y rémoras acerca de quiénes deberán ser los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Para continuar con los “milagros”, los nueve futuros ministros son precisamente los que fueron colocados en los sitios destacados de esos “acordeones”.
Lo único que cambió respecto de los rumores surgidos desde los altos escalones de la llamada Cuarta Transformación fue que, en vez de la llamada “ministra del pueblo”, el primer sitio -que implica ser presidente del futuro máximo tribunal- fue colocado un abogado supuestamente de origen indígena, Hugo Aguilar Ortiz.
La maniobra con fines publicitarios fue evidente desde el principio. En el siglo XIX, otro abogado indígena, de nombre Benito Juárez García, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, desde la cual saltó a la Presidencia de la República -así lo establecía entonces la Constitución-y encabezó un gobierno que es considerado uno de los mejores en la historia nacional y del cual el caudillo de la llamada Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, se ha esforzado por aparecer como heredero y continuador.
Para que fuera mayor la semejanza, Aguilar Ortiz es originario, como Juárez, de Oaxaca. Sólo faltó un detalle -ni modo, los milagros cuando suceden, ocurren sin ajustarse a un libreto- que el futuro presidente de la Suprema Corte es de origen mixteco, mientras que Juárez era zapoteco, una etnia que no siempre ha tenido buena relación con los mixtecos.
Pero esa es otra historia. Lo que intentamos presentar es la buena suerte y menor respaldo que ha tenido la “ministra del pueblo” de parte de su amada Cuarta Transformación.
Además de tener asegurado su sitio en la Suprema Corte de Justicia, la ministra Lenia Batres ha quedado a salvo de cualquier acción judicial o política que pueda anular su triunfo.
Claro esto es posible porque las autoridades que podrían anular su triunfo por irregularidades en el proceso, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han obviado cualquier falta y confirmado su elección.
Es de recordar que la suerte de Lenia Batres viene desde hace tiempo. Fue postulada por el mencionado López Obrador como parte de una terna que fue rechazada por el Senado, pero su líder y guía se consideró ofendido por la negativa de los legisladores y entonces -es de reconocer que con base en lo dispuesto por las leyes- se decidió por la abogada que había sido parte de su equipo legal en la Presidencia de la República.
Ya ministra, Batres dinamitó cualquier decisión que no fuera del agrado del caudillo de la llamada Cuarta Transformación.
De esa manera se ganó el respaldo del que ahora goza.
Ya pasó la aduana del INE y, ayer, se conoció que ls Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó las quejas por su elección, en particular la denuncia del panista Aníbal Cañez por presuntamente haber recibido promoción por parte de servidores públicos de Morena en Nuevo León.
En la ponencia a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña se revisó la queja presentada por el presidente municipal de Santa Catarina, Nuevo León, y de una funcionaria partidista con motivo de un evento de campaña de Lenia Batres Guadarrama, en el cual presuntamente se cometieron diversas infracciones electorales.
“Los agravios son infundados, pues se sustentan en hipótesis interpretativas desarrolladas de manera subjetiva, además de que los criterios jurídicos que invoca en torno a la necesidad de realizar diligencias adicionales, únicamente adquieren aplicabilidad cuando existe la posibilidad jurídica y racional de que los hechos denunciados pudieran llegar a actualizar una infracción electoral, aunado a que de las indagatorias practicadas efectivamente no se advierten elementos que permitan razonar en torno a la comisión de alguna ilicitud”, concluyó el magistrado, cuya ponencia fue respaldada por la mayoría integrada por la presidenta del Tribunal, Mónica Soto Fregoso y los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña.
Esos magistrados coinstituyen la mayoría –artificial, pues Morena y rémoras se negaron a nombrar a dos funcionarios faltantes– que se ha encargado de desechar cualquier protestas contra el oficialismo y de sancionar beneficios ilegítimos como la sobrerrepresentación del oficialismo en el Congreso de la Unión.
La voz disidente fue de la magistrada Janine Otálora Malassis, quien ha preservado su autonomía.
Al expresar su desacuerdo con la ponencia oficialista Otálora Malassis consideró que había indicios de las infracciones denunciadas que ameritan una investigación por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), de un Procedimiento Especial Sancionador para que finalmente sea la Sala Regional Especializada la que se pronuncie.
Resultado: Lenia Batres tiene asegurado su cargo en la nueva Suprema Corte creada al capricho de la llamada Cuarta Transformación
Mientras tanto, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo hizo un nueva defensa de la reforma al Poder Judicial ideada por su caudillo López Obrador y concretada por esa mayoría artificial concedida por sus incondicionales consejeros y magistrados electorales del INE y TEPJF.
En esa ocasión el alegato presidencial fue en respuesta a una pregunta seguramente inducida acerca de los litigios contra empresarios que están en desacuerdo con los cobros de impuestos.
Sin que se le mencionara por su nombre, la indirecta estaba dirigida contra el presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego.
En su conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum Pardo se refirió a la reciente reforma al Poder Judicial y reafirmó su postura frente a la evasión fiscal por parte de grandes empresarios.
Sheinbaum aseguró: “ahora sí existe un Estado de Derecho, por lo que quienes tienen que pagar impuestos, pagarán impuestos”. Dijo que se inicia una nueva etapa de justicia, donde se espera que el Poder Judicial actúe con mayor integridad y compromiso con el pueblo.
“Vamos a vivir un nuevo momento, donde realmente exista un Estado de Derecho. El nuevo Poder Judicial será mucho mejor que el que existe hoy”, aseguró Sheinbaum.
En la conferencia en Palacio Nacional se informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha redoblado esfuerzos en los últimos años para combatir la evasión fiscal y la corrupción, especialmente entre contribuyentes de alto perfil, por lo cual entre enero de 2020 y marzo de 2025, el SAT presentó 5 mil 355 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), involucrando a 5 mil 433 personas.
Como resultado, 1,090 personas han sido vinculadas a proceso penal, incluyendo 68 servidores públicos, 467 personas físicas y 555 vinculadas a personas morales. En coordinación con la FGR, se emitieron resoluciones contra 591 contribuyentes, con sanciones que incluyen hasta cuatro años de prisión y reparaciones de daño por más de 4.6 millones de pesos.
En lo que va de 2025, el SAT también reporta una mejora en la percepción ciudadana: obtuvo una calificación de 9.2 sobre 10 en el Indicador de Honestidad por Experiencia en Servicios (IHES), lo que evidencia mayor confianza de los contribuyentes.
