La oposición denuncia anomalías, pero no puede impedir que Morena imponga cambios
Miguel Ángel Rivera, Opinión martes 17, Jun 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Cuando un deportista se esfuerza más por el lucimiento personal que por lograr el triunfo, se dice que se luce para la galería.
Lo mismo se puede decir en la política, cuando los partidos de oposición están totalmente sometidos y no pueden cambiar o al menos detener los abusos de quien está en el poder. Tal es el caso de los dos principales institutos políticos de México, los cuales llegaron a gobernar al país, pero actualmente no tienen el número suficiente de senadores y diputados para bloquear los caprichos del partido oficial, Morena, y sus rémoras del PT y PVEM.
Nos referimos a los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) que ahora están de “capa caída”, por lo que sus inútiles esfuerzos para contener las imposiciones del oficialismo están enfocados a ganarse simpatías, es decir, que se lucen para la galería.
Esto ocurre con la denuncia presentada ayer por la dirigencia nacional del PRI, encabezada por su presidente nacional, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para demandar la anulación de las desangeladas (por decir lo menos) elecciones para renovar el Poder Judicial, por considerar que se violaron de manera flagrante los principios constitucionales.
Al presentar la impugnación, el dirigente nacional del tricolor denunció que, lejos de fortalecer el Estado de derecho, la elección judicial consumó una imposición orquestada desde el poder.
Al mismo tiempo, afirmó que el PRI está preparado para acudir, si es necesario, a instancias internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Aportaremos pruebas, argumentos y elementos de convicción”, aseguró Moreno luego de repasar las irregularidades graves que se cometieron durante la elección del 1 de junio, entre las cuales destacó la impresión y distribución de los llamados “acordeones” que calificó como parte de una estrategia ilegal y perversa, pues representan una propaganda apenas encubierta que vulneró la libertad del voto y la equidad de la contienda.
El también senador destacó que el nivel de abstención (de casi el 90 por ciento) fue consecuencia directa de irregularidades graves, recortes presupuestales, inseguridad generalizada, represión, exclusión territorial, desinformación y manipulación.
Acompañado por la secretaria general del partido, Carolina Viggiano, así como los coordinadores parlamentarios en el Senado, Manuel Añorve, y la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, así como legisladores federales e integrantes de la dirigencia nacional.
En un mensaje ante los medios de comunicación después de presentar el recurso, “Alito” dijo que lejos de fortalecer el Estado de derecho, la elección judicial consumó una imposición orquestada desde el poder.
Advirtió que “la democracia no se negocia”, al mismo tiempo que enumeró las irregularidades graves que se cometieron durante la elección del 1 de junio.
Moreno aseguró que hoy los principales órganos del Poder Judicial estarán en manos de perfiles que estarán al servicio de Morena y del Gobierno.
“Algunos hicieron campaña abierta en los mítines de Morena y eso está consignado y está publicado en los medios de comunicación, otros han sido señalados de conductas ilegales, incluso, como se ha acreditado en muchos casos, de tener vínculos con el crimen organizado y eso no se puede permitir”, recordó el dirigente del PRI.
Por todo ello, indicó el también ex gobernador de Campeche, “no vamos a quedarnos callados ante un fraude armado desde el poder. Defenderemos la ley, la democracia y la dignidad de nuestras instituciones”.
Con todo y que las irregularidades, como los mencionados “acordeones”, y el rechazo generalizado a las votaciones, como lo confirma la baja participación a pesar del “acarreo”, se puede anticipar que la denuncia del tricolor será rechazada por los organismos electorales de México, aun cuando sean validadas por organismos internacionales, pues sus sentencias no son obligatorias para el gobierno nacional, que se ha cuidado de no condenar fraudes en otras naciones, como los de Venezuela y Nicaragua, con el argumento de la no intervención en asuntos internos, una muletilla que se utiliza para no ser objeto de denuncias semejantes.
De hecho, eso ya ocurrió. Una comisión multinacional de observadores avalados por la OEA formuló un dictamen que resultó negativo en torno a esas fallidas elecciones de nuevo Poder Judicial.
En concreto, la misión de observadores de la OEA dio un informe preliminar en el cual advierte que este modelo de elección de jueces, magistrados y ministros “no es recomendable” para otros países de la región.
“La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales, a través del voto popular -que no tiene precedentes a nivel mundial- contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia o si por el contrario acaba debilitando la transparencia, imparcialidad , eficacia e independencia del Poder Judicial”, dice la OEA.
El reporte también tomó en cuenta las protestas registradas en nuestro país porque los poderes Ejecutivo y Legislativo, controlados por Morena, hicieron la designación de candidaturas, lo cual contraviene la recomendado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que en los nombramientos de los juzgadores intervengan únicamente órganos independientes de los poderes políticos.
Además, la misión de la OEA expresó preocupación por la presencia de militares en el Consejo General del INE el día de la elección judicial.
En respuesta, el gobierno mexicano repudió el dictamen de los observadores de la OEA. En particular, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo calificó de injerencista la declaración de ese grupo de expertos de diez naciones diferentes.
A pesar de las evidentes irregularidades y de las protestas de las instituciones autónomas, el Consejo General del INE, a pesar de divisiones entre su integrantes, validó las votaciones. Como ya es costumbre, se impuso la mayoría oficialista a pesar de los argumentos de los consejeros que mantienen su autonomía.
En particular, la presidenta del INE -quien ha dejado constancia de su afinidad con la llamada Cuarta Transformación- Guadalupe Taddei sostuvo que el proceso fue legal y les respondió a los consejeros inconformes: «Aceptémoslo colegas, tuvimos un proceso electoral excelente, el INE cumplió y cumplió bien; se cumplió con el proceso electoral con todo y los embates externos e internos”.
Por todo lo anterior, se mantiene la seguridad de que las protestas del PRI y de otras organizaciones no prosperarán.
Nadie puede detener la militarización promovida por Morena
De igual manera, se puede asegurar que tampoco prosperará el intento del PAN de impedir la militarización de la vida nacional.
Este asunto no es de la competencia de las autoridades electorales, sino que se revisará en el Congreso de la Unión, en donde, ya se sabe, se impone la ilegal mayoría calificada de Morena y sus satélites.
El diputado del partido azul Héctor Saúl Téllez fue el que puso el tema de actualidad, al advertir que la llamada Cuarta Transformación aprovechará una iniciativa aparentemente ajena, la conocida como “opinión de impacto presupuestal” por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cánara de Diputados se consolida el control militar sobre la Guardia Nacional, lo cual “pone en riesgo la esencia civil de la institución”.
Téllez advirtió que esa iniciativa presidencial busca armonizar nueve leyes y dos códigos para integrar a la Guardia Nacional (GN) en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Se prepara el camino para la completa militarización de la Guardia Nacional, lo que conlleva a una pérdida de carácter civil y a un ejercicio opaco de recursos”, comentó.
El diputado también hizo hincapié en que la nueva ley afectará la transparencia fiscal al permitir que los recursos de la GN sean ocultados bajo el pretexto de seguridad nacional. Esto significa que tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría de la Función Pública se verán limitadas en su capacidad de supervisar el uso de estos fondos.
