Delincuencia incontrolable
Augusto Corro lunes 26, Sep 2011Punto por punto
Augusto Corro
En Veracruz no cesa la violencia. El viernes pasado fue descubierto el cadáver de Gabriela Arlene Benítez Ibarra, de 16 años, en una reserva ecológica en Jalapa.
La menor desapareció la mañana del 16 de agosto. Su madre, médico veterinaria, Bárbara Ibarra, realizó una intensa búsqueda de Gabriela apoyada por los veracruzanos, durante más de tres meses.
Gabriela estudiaba en el Colegio Preparatorio de Jalapa. Se informó extraoficialmente que la joven fue atacada sexualmente y después asfixiada. En el lugar donde aparecieron los restos mortales de la estudiante, en otras ocasiones también sirvió como escenario para otros homicidios de mujeres, dos de ellos esclarecidos.
La sociedad veracruzana se encuentra conmocionada por la ola sangrienta desatada en esa entidad. Hace varios días 35 cadáveres fueron arrojados en una de las principales avenidas de Boca del Río, en el puerto jarocho.
Ante el elevado número de asesinatos, las autoridades estatales cayeron en declaraciones y actitudes que manifiestan su ineptitud. Para empezar, el gobernador Javier Duarte menospreció la condición de las víctimas.
Dejó entrever que no habría por qué preocuparse de esos crímenes porque se trataba de delincuentes.
En franco enfrentamiento con los medios de comunicación, el mandatario estatal y sus empleados no supieron informar de más cadáveres encontrados en la vía pública, después de la masacre de Boca del Río.
Inclusive, tres periodistas, quienes desempeñaban su trabajo frente al Servicio Médico Forense en Veracruz, fueron privados de la libertad por policías agresivos que los golpearon y les arrebataron sus cámaras fotográficas y sus grabadoras.
Los comunicadores son Arturo Moreno, de Notimex; Juan Carlos Alarcón, de MVS; y Jorge Flores, de W Radio. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) abrió una queja por la agresión mencionada.
Desesperado e impotente, ante el sinnúmero de hechos delincuenciales, Javier Duarte sólo ha podido desquitar su ira en los tuiteros Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo, así como en los representantes de los medios de comunicación.
A dichos tuiteros se les acusó de terroristas por difundir información falsa, cuando en el puerto todo era caos, debido al rumor de que en varias escuelas sujetos desconocidos se daban a la tarea de secuestrar a niños.
Gilberto y María de Jesús superaron el problema y fueron puestos en libertad. Sin embargo, el gobernador Javier Duarte aprovechó la ocasión para agregar un nuevo delito a las leyes penales en esa entidad.
La adición al Código Penal consiste en lo siguiente:
“…a quien por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos y otros; de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario mínimo, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.
Así las cosas, el mandatario veracruzano intentó, en vano, tapar el sol con un dedo. A los pocos días ocurrió matanza de Los Zetas, que de acuerdo con el mensaje en una manta, los presuntos victimarios son los miembros de un cártel denominado Gente Nueva.
Y en medio de ese baño de sangre se encuentra el caso de la estudiante Gabriela Arlene, como señalamos al principio. A raíz de la desaparición de la menor, la señora Bárbara Ibarra solicitó la intervención de las autoridades, quienes no le dieron importancia al asunto.
El propio procurador, Reynaldo Escobar Pérez, minimizó los hechos denunciados por la veterinaria Ibarra, e incluso llegó a señalar ante los periodistas que la menor había huido de su casa por “violencia intrafamiliar”. El mencionado funcionario se convirtió en una carga inútil que estorba al aparato judicial veracruzano.
Conforme pasen los días, la muerte de la joven estudiante será olvidada, como ha ocurrido con los miles de expedientes sin resolver. ¿Alguien supone que el procurador, inepto, va a mover un dedo para perseguir a los asesinos?
El secuestro y asesinato de la joven Gabriela Arlene fue impactante para la sociedad veracruzana, pues manifestó, desde el primer día del plagio, su apoyo moral a la madre de la joven. Todo mundo siguió de cerca esa tragedia que terminó con la muerte de la menor.
OTRO PERIODISTA
DESAPARECIDO
Por otra parte, Veracruz se convirtió en un estado inseguro para ejercer el periodismo.
El joven comunicador, Manuel Gabriel Fonseca Hernández, se encuentra desaparecido desde el día 17 de septiembre.
Fonseca Hernández se desempeñaba como reportero del diario El Mañanero de Acayucan, al sur de la entidad.
Juan Fonseca Aguirre, padre del joven periodista, presentó la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público de Acayucan, “en virtud de que desconoce el paradero de su hijo y “tenemos temor de que algo malo le haya sucedido”.
Entre los periodistas secuestrados y asesinados en Veracruz, durante el presente año, están los siguientes:
Noel López Olguín, del diario “La Verdad del Sureste”, quien fue plagiado, asesinado e inhumado clandestinamente. Después, Miguel Angel López Velasco, columnista del diario “Notiver”, y su familia fueron masacrados en su domicilio. Su hijo Misael, otro de los ultimados, era reportero gráfico de dicho periódico. Finalmente, la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz, también de “Notiver”, fue secuestrada y decapitada.
DE ÚLTIMA HORA
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el gobierno estatal confirmó ayer que María Elizabeth Macías Castro, de 39 años, fue secuestrada y decapitada. Ella se desempeñaba como jefa de Redacción del periódico Primera Hora.
Según un mensaje de los asesinos, María Elizabeth fue ejecutada porque informaba de hechos relacionados con la delincuencia.
¿Hay un lugar seguro en México para ejercer el periodismo?