Camina como militar y le paga el Ejército, pero dice la 4T que la Guardia Nacional es civil

CLASE POLITICA  Miguel Ángel Rivera

Un viejo dicho afirma que, si un animal parece pato, camina como pato y grazna como pato, seguramente es un pato.

Esta tautología viene al caso porque ayer el Senado aprobó una serie de reformas relacionadas con la integración, organización y funcionamiento de la Guardia Nacional, entre las cuales destaca la confirmación de esa institución depende totalmente de la Secretaría de la Defensa (Ejército Nacional) pero el oficialismo, incluida la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, se empeña en asegurar que se trata de un organismo civil.

Para no entrar en mayores detalles, mediante un rápido resumen se puede concluir que las reformas aprobadas ayer por la pomposamente llamada Cámara alta, autorizan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sea dependencia responsable de organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a la Guardia Nacional como lo prevé la Constitución.

Establece que el objetivo de esta fuerza de seguridad es el de realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.

El dictamen aprobado ayer por el Senado establece que los elementos de la Guardia Nacional podrán asumir tareas de seguridad pública y defensa exterior, además de permitirles solicitar licencias para integrarse a puestos en la administración pública o postularse a cargos de elección popular. La licencia será otorgada por el titular del Ejecutivo federal y el secretario de la Defensa Nacional, sin goce de sueldo, y se limitará al tiempo y funciones específicas solicitadas.

Conforme a esta reformas, también se habilita a los elementos de la Guardia a ocupar empleos civiles en dependencias del Ejecutivo federal, estatal o municipal, no obstante que la legislación ratifica el carácter permanente y profesional de la Guardia Nacional, integrada principalmente por personal militar con formación policial, quienes, además, quedarán sujetos a la jurisdicción penal militar.

Además, la comandancia de la Guardia Nacional será designada por el presidente o presidenta de la República, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia que también asumirá las funciones de organización, capacitación, administración y desarrollo de la corporación.

Otro de los aspectos relevantes, también duramente censurado por la oposición consiste en otorgar facultades de investigación y vigilancia encubierta a los integrantes de la Guardia Nacional. Esto incluye la capacidad de rastrear en tiempo real la ubicación de usuarios de telefonía móvil, así como vigilar contenidos en la red pública de internet.

En resumen, como señalé al principio, el animal analizado tiene plumas como pato, camina como tal y grazna a semejanza de esas aves, no se puede concluir otra cosa que estar frente a un pato.

En otras palabras, si los elementos de la Guardia Nacional son seleccionados, capacitados, dirigidos y, sobre todo pagados -el presupuesto para la Guardia Nacional lo administra la Sedena-  por militares, no se puede llegar a otra conclusión que no sea considerarlos elementos del Ejército, pues aún en caso de cometer algún delito, serán juzgados conforme al fuero militar.

Por eso sorprende que en las filas de la llamada Cuarta Transformación se quiera hacer comulgar con la rueda de molino que asegura que esa institución de seguridad pertenece a las filas civiles.

Por ejemplo, al presentar el dictamen respectivo, la senadora “morena” Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Guardia Nacional, destacó que la reforma propone que la estrategia, la inteligencia, la coordinación, la legalidad, sumados a la disciplina y el prestigio formativo de las Fuerzas Armadas son las más poderosas herramientas para un combate eficaz a la delincuencia, en sus múltiples escalas la obtención de la justicia y la paz para nuestro México.

“Este dictamen que hoy se presenta, además de reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, Ley de Educación Militar del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército la Fuerza Aérea Mexicanos, Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, Código de Justicia Militar, Código Militar de Procedimientos Penales, también presenta la materialización de una nueva y moderna visión de la seguridad pública a través del rediseño de la Guardia Nacional, alineada en el cumplimiento de la reforma constitucional en materia de la misma.

“Es la forma más clara en la que el Estado mexicano responde con toda su fuerza y legitimidad del claro objetivo de justicia y paz para las y los mexicanos”, remató la legisladora oaxaqueña, quien se cuidó de destacar el carácter civil de la Guardia, porque podrá contratar personal civil “para fortalecer labores técnicas y establece que realizará labores de investigación de inteligencia en la coordinación con las fiscalías y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Podremos, desde la ley, adoptar un mejor, de dos mundos, una fuerza de seguridad con solidez que ofrece disciplina militar y con un perfil de formación policial”, aseguró Guerra Mena.

En respaldo de la iniciativa, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, primera, Sandra Olvera Bautista, también intentó evitar definir a la Guardia Nacional como lo que es, una institución militar.

En vez de ello, la definió como “una fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial que depende de la Secretaría Nacional de Defensa”.

Olvera Bautista destacó que precisamente ayer, 30 de junio, se cumplían seis años de la creación de la Guardia Nacional.

Por otra parte, al presidir una ceremonia de celebración por ese aniversario, la presidenta (con A) Sheinbaum también recordó el aniversario, pero en vez de admitir el proceso de militarización de la Guardia Nacional, insistió en presentarla como una institución civil. Como en otras ocasiones que se ha referido al tema, renovó su afirmación de que es civil porque la comandanta de las fuerzas armadas nacionales es una civil, ella misma.

En esa oportunidad, la jefa del Ejecutivo reiteró que, no obstante que forma parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional no es parte del Ejército mexicano.

“Es diferente, tiene su propia comandancia, sus propios oficiales, su propia formación, su sentido propio separado del Ejército”, remarcó la mandataria, al tiempo que recordó que el objetivo de ese cuerpo de seguridad consiste en proteger a las y los mexicanos y salvaguardar la seguridad pública.

Informó que, a la fecha, la GN tiene 130 mil elementos distribuidos en ocho coordinaciones territoriales y 32 estatales; asimismo, recordó que en 2024  pasó a formar parte de la Defensa, en un cambio constitucional sustantivo.

Acompañada por miembros del gabinete federal, la jefa del Ejecutivo reiteró que la nueva etapa de la Guardia Nacional tiene como premisa la protección del pueblo de México, ya que es una institución que cada día se consolida.

“En seis años, es una de las instituciones mejor reconocidas por el pueblo de México. Desde que llegamos al gobierno hemos logrando en nueve meses el fortalecimiento de esta noble institución y su vinculación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército y la Marina”, apuntó.

Tampoco perdió la oportunidad de exhibir supuestos avances en materia de seguridad, aseguró que en estos meses el gobierno federal logró una disminución de 25 por ciento del homicidio doloso, que no hubiera sido posible sin la Guardia Nacional.

A pesar de todo, el “pato”, la Guardia Nacional, es un cuerpo militar y, como advirtieron los legisladores de oposición, es una violación a los derechos fundamentales el autorizar el espionaje telefónico e inclusive intervenir redes sociales sin necesidad de la autorización de un juez. Tampoco rendirán cuentas de su presupuesto.