Sheinbaum admite que no ha disminuido la extorsión, mientras la CDMX reporta avances
Miguel Ángel Rivera, Opinión martes 8, Jul 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Es de esperar que el gobierno de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo no confíe sólo en el poder taumatúrgico de las leyes.
Es decir que no confíe en que sólo con promulgar una ley, se va a acabar por arte de magia con actividades ilegales, por lo cual, además de modificar las leyes tenga un plan efectivo, práctico, para reducir la incidencia de crímenes.
En este caso, se habla de la extorsión, una práctica ilegal que se oculta en el anonimato, pero que afecta a prácticamente toda nuestra República. Es un crimen del que sólo se habla dentro de los círculos familiares y sociales más restringidos, pues uno de los mayores riesgos consiste en hacerlo público.
Si las víctimas se atreven a denunciar la extorsión, se exponen a que sus personas, sus allegados y/o sus negocios sean atacados con violencia, incendiados y, en el caso de las personas, mutiladas o asesinadas.
La denuncia lleva riesgos muy graves porque no se sabe si las supuestas autoridades encargadas de combatir el crimen están libres de actuar o también están sometidas por las organizaciones criminales y están comprometidas a denunciar a quienes se atreven a revelar que son víctimas de la extorsión.
Por eso resulta muy importante el anuncio de la jefa del Ejecutivo federal en el sentido de que va a enviar una iniciativa para combatir la extorsión sin que sea necesario que las víctimas queden obligadas a señalar a los presuntos delincuentes, pues ya se sabe que el riesgo es la venganza criminal en contra de ellas o de sus allegados.
El anuncio lo hizo la Presidenta (con A), en su mañanera de ayer, en la cual con mucho optimismo presentó resultados positivos de su administración para reducir la actividad criminal, reporte general dentro del cual reconoció que uno de los aspectos en donde no han podido obtener avances significativos en ese delito apenas encubierto que es la extorsión, precisamente por el riesgo que implica delatar a los malhechores.
La jefa del Ejecutivo federal ofreció que su gobierno hará todo lo necesario para erradicar el delito de extorsión.
“Lo que estamos haciendo ahora es, primero, poner a disposición de la ciudadanía un equipo de trabajo, bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad”, detalló. “Lo importante es que una persona que sufre o es víctima de extorsión sepa que estamos ahí para apoyar”.
Como aspecto central, propondrá al Congreso que la extorsión se persiga de oficio, es decir, que las víctimas no deberán correr el riesgo exhibirse para acusar a los delincuentes. “Hoy, quien denuncia la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Entonces le estamos quitando a la víctima ese peso. Quien lo asume es el Estado mexicano. Se persigue de oficio. La víctima es el Estado. ¿Por qué se tiene que modificar la Constitución? Porque tiene que haber la misma Ley para todo el país”, explicó la mandataria federal.
“Para que la extorsión se persiga de oficio, no debe descansar en la víctima la denuncia”, dijo este martes la mandataria al presentar la estrategia contra este delito, luego de reconocer que es el único sector en el cual las autoridades no han podido reducir la incidencia.
Por eso aseguró que enviaría al Congreso la iniciativa respectiva ayer mismo, la cual prevé homologar el delito de extorsión en todo el país y permita que éste sea perseguido de oficio, es decir, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP).
Sheinbaum admitió que, a diferencia de otros delitos en los que se ha logrado una baja, la extorsión no ha disminuido. Por ello, recordó que ya antes de que entre en vigor la nueva ley, se habilitó el número 089 para recibir denuncias anónimas. Ese canal de comunicación está listo desde el domingo anterior.
Además, se activarán programas de investigación a partir de estas denuncias, de modo que las unidades de investigación estatales y federales que actualmente investigan secuestros también atenderán casos de extorsión.
A partir de la denuncia se inicia un proceso de investigación por parte de autoridades estatales y federales.
En el mismo evento, la titular de la Procuraduría /ahora Fiscalía) de Justicia de la Ciudad de México y ahora consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, detalló que la iniciativa considera modificar el Artículo 73, fracción XXI, inciso A, de la Constitución, para otorgar al Congreso de la Unión las facultades necesarias para legislar en materia de extorsión, a través de una Ley General con un tipo penal único, sus agravantes, delitos vinculados y sanciones.
La funcionaria precisó que la iniciativa se enviará en primer término a la Cámara de Diputados. Explicó que esta reforma permitirá al Estado asumir de manera directa la responsabilidad de investigar y perseguir la extorsión como un delito que afecta no sólo a la víctima individual, sino a toda la sociedad.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que la estrategia incluye, además del número 089, la creación de una carpeta de investigación cada vez que se reporte el delito, confirmó.
Estos anuncios, ligados a otras acciones del gobierno federal como la captura y deportación de figuras sobresalientes de la delincuencia organizada, así como las acciones para desmantelar laboratorios y otras instalaciones de las organizaciones criminales, resulta un indicador que se cambió, sin anuncios espectaculares la errónea política de “abrazos y no balazos” aplicada por el caudillo de la llamada Cuarta Transformación.
Por cierto, el anuncio de acciones en contra del delito de extorsión expuso, por otra parte, la necesidad de una mayor coordinación entre el gobierno federal y las entidades federativas, en particular con el de la capital del país.
En general, ayer se dio una muestra de coordinación, pues los dos gobiernos, el federal y el capitalino presentaron al mismo tiempo sus informes acerca de seguridad. Los dos resultaron optimistas respecto al descenso en la incidencia de los llamados delitos de alto impacto, pero al entrar al detalle se encuentran diferencias.
Uno de los puntos donde no hay coincidencia es precisamente en el delito de extorsión, pues mientras la presidenta Sheinbaum admitió que no se ha logrado reducir, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, exhibió con orgullo un descenso en la materia.
La mandataria capitalina detalló que, como parte de la Estrategia Integral contra la Extorsión, fueron detenidos 496 presuntos responsables: 387 por extorsión y 109 por tentativa de este delito.
Asimismo, se atendieron mil 541 reportes de extorsión telefónica, se brindaron 812 orientaciones a través de la línea especializada, se realizaron 293 sesiones de atención psicológica y se llevó prevención a más de 3 mil 600 personas en 208 eventos o pláticas informativas. En esta materia, las aprehensiones y consignaciones de presuntos delincuentes aumentaron 9 por ciento respecto a 2019, y hasta 300 por ciento en lo que va de 2025.
En este sentido, es de reconocer que el gobierno capitalino se adelantó al federal a reformar las leyes para dar más facultades a las autoridades policiacas para combatir ese delito.
Uno de los ejes de esta iniciativa es la implementación de talleres y pláticas dirigidos a redes vecinales, sectores empresariales, comerciantes, entre otros, así como el inicio de la campaña “Juntas y juntos contra la extorsión”, que será difundida a través de medios de comunicación para acercar a la ciudadanía la información relacionada a este delito y los canales de apoyo en caso de necesitarlos.
Otro punto fundamental pretende castigar de igual manera la extorsión y la tentativa de extorsión, ya que anteriormente se necesitaba detener en el momento del delito al extorsionador para que fuera juzgado, y ahora, con la tentativa, ya es un delito grave y se podrá perseguir de oficio.
Al respecto, la consejera jurídica de la Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas, anticipó que, en caso de aprobarse la reforma, se castigará de manera ejemplar este delito que aqueja diariamente a la sociedad.
La iniciativa de la jefa de Gobierno fue aprobada un mes después, en diciembre de 2024, por el Congreso de la Ciudad de México.
Las reformas prevén condenas de entre diez y 15 años para quien cometa el delito de extorsión.
Al parecer, los cambios funcionaron.
