El ex secretario de Seguridad de Tabasco es perseguido, pero su ex jefe no será investigado

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

¿Cuál es la razón de la que la presidenta (con A), Claudia Sheinbaum Pardo, tenga que salir a defender al ex gobernador de Tabasco y ahora presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López Hernández, de las sospechas de vínculos con la delincuencia organizada?

La posible explicación es el hecho de que, durante su mandato en Tabasco, el ahora senador nombró secretario de Seguridad de su estado al ahora prófugo Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser, al mismo tiempo, cabeza del principal grupo delincuencial que opera en ese estado del Golfo de México, denominado “La Barredora”.

Otro aspecto del mismo asunto consiste en que, a partir de que el ahora perseguido de la justicia, entró en funciones, también aumentaron los índices de delitos en esa entidad federativa que alguna vez fue llamada “paraíso”.

Al respecto, es de recordar lo señalado por la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el sentido de que el prófugo Bermúdez Requena fue nombrado en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández y denunció que existen “algunos informes se mencionan conversaciones entre delincuentes que se refieren directamente al ‘gobernador’ como aliado del líder delictivo, sin dar la identidad de la persona a la que se refieren.

Los primeros indicios acerca de los supuestos vínculos del funcionario con la delincuencia aparecieron durante el escándalo mediático generado por las revelaciones del “hackeo” de unas cuentas de las fuerzas armadas mexicanas conocidas como “WikiLeaks”. Los reportes señalan que el titular de la SSPC y dos directores de la Policía Estatal nombrados por Adán Augusto mientras era gobernador de Tabasco pertenecen a una organización criminal llamada “La Barredora”, dedicado al narcotráfico y al huachicol, y que según la Sedena es una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por si no fuera suficiente, el entonces diputado José de Jesús Hernández Díaz, del partido Morena, censuró al funcionario por considerar que no tiene la calidad moral para ser el titular de la Secretaría de Seguridad tabasqueña.

En respuesta, el acusado aseguró que las denuncias en su contra no tienen “ningún tipo de sustento, es algo que circuló en redes sociales”.

“Formamos parte de una mesa de seguridad para la paz y ante estas noticias se preguntó al interior si alguien tenía conocimiento de cárteles en la entidad y todos coincidimos en que no los hay”, se atrevió a asegurar Hernández Requena en una comparecencia ante la Cámara de Diputados del estado.

A pesar de las denuncias, Hernández Requena mantuvo su cargo durante todo el mandato de López Hernández hasta que éste renunció para asumir la Secretaría de Gobernación al lado de su paisano y “hermano”, Andrés Manuel López Obrador. No sólo eso, fue ratificado por el gobernador suplente, Carlos Manuel Merino Campos, con el que llegó hasta el término del sexenio.

La situación cambió radicalmente al tomar posesión del nuevo gobernador, Javier May Rodríguez, también integrante del círculo cercano del caudillo de Morena, López Obrador, pero distanciado dentro de su estado del equipo del ahora senador López Hernández.

En noviembre del año anterior, el nuevo mandatario de Tabasco, Javier May, acusó que el ex secretario de Seguridad Pública, Bermúdez Requena, de tener nexos con un grupo criminal llamado “La Barredora”.

En conferencia de prensa, May señaló que hay una campaña mediática de lonas y mantas donde grupos delincuenciales piden que los dejen trabajar.

“Lo dije desde el inicio, nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada, va haber cero impunidad y vamos atender las causas. Entonces, yo creo que, quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto y quienes informaban también tendrán que explicar ¿no? Si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada”, manifestó May, quien recordó que “era un secreto a voces que en ciertas partes del estado había cobro de piso, secuestros y extorsiones.

“Se les cobraba a las fondas, a los comerciantes, eso era vox pópuli. Yo caminé todo el territorio casa por casa, caminamos las fondas, nos decían que les cobraba semanalmente, tenían que pagar. Entonces no había detención, pero tampoco había denuncia, no es que hubiese fallecidos, homicidios, es que se ocultaron las cifras”, agregó el nuevo mandatario.

La situación cambió todavía más a raíz de que el jefe de la 30 Zona Militar, con sede en Tabasco, el general Miguel Ángel López Martínez, informó, el pasado día 13, que desde febrero anterior existe una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena.

En entrevista radiofónica, el jefe militar explicó que las autoridades poseen un registro de que, por esas fechas, Bermúdez huyó de Mérida, Yucatán, a Panamá. Después voló a España, y la última información de su paradero con que cuentan las autoridades es que está en Brasil, por lo que el gobierno mexicano está en contacto con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) para detenerlo, detalló.

No es de soreprender la lentitud con la que reacciona la policía en nuestro país y ello explica el por qué el acusado logró moverse con toda facilidad y ocultarse ahora -si los informes son ciertos- en el enorme país sudamericano.

Es de suponer que, de estar en Brasil, Bermúndez Requena será pronto deportado a México, pues existe tratado de extradición entre las dos naciones.

Por los antecedentes mencionados, las acusaciones de protección a la delincuencia organizada se centran en el ex secretario de Seguridad tabasqueño, pero no mencionan a quien lo encumbró, el ex gobernador y ahora senador Adán Augusto López Hernández, cuya única responsabilidad consiste, hasta el momento, en haberlo nombrado y, posiblemente, no estar atento a su actuar.

Por ello no se explica por qué la presidenta Sheinbaum se apresuró a aclarar que no hay ninguna investigación en torno al ahora presidente de la Jucopo del Senado.

No es posible definir si se trata de una pregunta espontánea o si se trata de un tema inducido, el hecho es que en la mañanera de ayer se le preguntó a la mandataria si existe alguna averiguación,

Primero, la Presidenta señaló que la decisión de iniciar una indagatoria le corresponde a las fiscalías.

En seguida, añadió: “Y nosotros no protegemos a nadie, no… De parte nuestra no hay ninguna acusación; si la Fiscalía tuviera algo, pues que investigue. Pero es muy importante que se conozca cómo fue este proceso, hasta acusar a esta persona.

“Y ya lo puede informar, el próximo martes viene el Gabinete de Seguridad, lo pueden informar, se les puede preguntar con todo detalle”, dijo también la jefa del Ejecutivo.

En esa mañanera aprovechó otra pregunta para tundir a la oposición, al acusarla de “antipatriota” por supuestamente ponerse al lado de los abogados de los narcotraficantes juzgados actualmente en los Estados Unidos.

“Lo primero es que se requiere autoridad moral y política para gobernar México, y estar a la altura de nuestro pueblo. Entonces, la certeza de esa autoridad; por mí, habla mi historia.

“Eso es lo primero”, respondió la presidenta, quien continuó:

“Lo segundo es la… Por cierto, que ya se puso la demanda, eh, la Consejería Jurídica… Lo segundo es la oposición en México, que casi, casi lleva un adjetivo, se llama “antipatriota”. Ellos desean que nos pongan el 30 por ciento de arancel; en vez de apoyar a México, en vez de decir: “es injusto”, “no tiene lógica”, “le va a hacer daño, no sólo a México, sino a Estados Unidos; se ha demostrado durante tantos años que la integración comercial ha sido benéfica para ambos países, no solamente va a implicar un efecto para el pueblo de México.

“Pero no defienden a México. Ellos lo que quieren es que le vaya mal al gobierno, no importa si le va mal al pueblo, no importa si les va mal a los empresarios; que, en todo caso, deberían ellos, como en otras ocasiones, apoyar”, añadió la mandataria en su diatriba contra la oposición.

De inmediato, la dirigencia del PRI, encabezada por Alejandro Moreno, respondió que “lo verdaderamente antipatriota es haber pactado con el narco.

“Esa complicidad con la que llegaron al poder ya se les salió de las manos, y el mundo entero lo está viendo”, replicó el dirigente nacional del tricolor.