La burocracia deberá dejar la pereza si de verdad se desea nueva credencial única

CLASE POLITICA   Miguel Ángel Rivera.

Otra de las iniciativas significativas de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo es la que crea la Cédula Única de Identidad Digital, lo cual llena un vacío histórico, pues los mexicanos carecemos de un documento que nos identifique desde el inicio hasta el fin de nuestra existencia.

Lo que más se asemeja a ese documento es la credencial de elector, pero es necesario esperar hasta cumplir 18 años y el otro es el pasaporte, pero en la práctica está reservado para un sector muy reducido de nuestra sociedad, el que tiene la capacidad y los recursos (o la necesidad) para viajar al extranjero.

Para llenar ese hueco, el pasado 24 de marzo, la primera mandataria mexicana anunció la creación de la Plataforma Única de Indentidad, que incluye la referida credencial única, con la ventaja adicional de que se considera un instrumento para mejorar la capacidad de las autoridades para combatir el delito de desaparición, el cual, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación, desde 2018 afecta a más de 125,000 personas. De ellas, más de 60,000 desaparecieron a partir de 2019. Las cifras varían según diferentes fuentes, pero todas coinciden en que el problema de las desapariciones en México es grave y ha ido en aumento.

La pagina oficial del gobierno mexicano que da cuenta de la iniciativa presidencial sostieme que la propuesta de la jefa del Ejecutivo incluye “acciones para la alerta, búsqueda y localización de personas, así como la creación de una Plataforma Única de Identidad, con el objetivo de facilitar y ampliar las investigaciones para combatir este delito.

“Son las reformas a dos leyes para facilitar y ampliar las investigaciones relacionadas con casos de desaparición forzada por particulares, tanto de las Fiscalías, las Comisiones de Búsqueda, como la necesidad de fortalecer la identidad para poder avanzar en las investigaciones”, agrega el documento que también recuerda:

“El Gobierno de México tiene la responsabilidad de atender el problema de la desaparición. Por ello informará el número de personas desaparecidas que hay de acuerdo a los datos  que se tienen. Mientras que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) atenderán a los familiares y a colectivos.

También señala que los cambios legales propiciarán “acciones para prevenir y atender el delito de la desaparición, por ello, la importancia de la creación de la Plataforma Única de Identidad, que pueda ser consultada por las instituciones de seguridad para la búsqueda y la localización de personas y el fortalecimiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP); la emisión de alerta inmediata en caso de que un reporte de desaparición”.

Estos son algunos de los beneficios que se atribuyen a la iniciativa presidencial, pero, para contrariedad de la llamada Cuarta Transformación, entre las organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos humanos, así como en la oposición, han surgido versiones en el sentido de que las reformas propuestas por Sheinbaum encierran una trampa: dar a la actual administración pública mayores facultades para introducirse en la vida privada de los ciudadanos, lo cual se considera un plan complementario para consolidar un régimen autoritario, por no decir que dictatorial, tanto que la multireferida iniciativa ha sido rebautizada por “ley espía”.

A través de una carta conjunta,  las organizaciones Access Now, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Privacy International y  otras 20 más suscribieron una declaración dirigida al gobierno nacional en el que solicitan detemer el proyecto de Cédula Única de Identidad Digital (CUID), que sería obligatoria y que acumularía los datos biométricos de todas las personas que residen en México en una base de datos centralizada.

“Durante años, las autoridades de México han estado sentando las bases para controlar a la población”, señaló Gaspar Pisanu, líder de Políticas para América Latina en Access Now. “Es increíble que las noticias internacionales estén transmitiendo la incautación de datos biométricos por parte de los talibanes en Afganistán, al mismo tiempo que las noticias locales informan sobre la presión del gobierno para una CUID biométrica”.

El defensor de los derechos humanos explicó que los datos biométricos no son la única ni la más eficaz forma de identificar legalmente a una persona. Al incluir la CUID como parte del Registro Nacional de Población de México, se abre espacio para el abuso, el mal uso y el error. Ejemplo de esto son las inexactitudes intrínsecas en el reconocimiento, engaños tecnológicos, filtraciones de información y exclusión social. Estas amenazas sólo se ven agravadas por la adopción continua de México del autoritarismo digital, que incluye aumentar el despliegue de tecnología de vigilancia, crear una base de datos biométrica masiva para teléfonos móviles y proponer leyes de “noticias falsas” para permitir la censura.

“El gobierno mexicano está tratando de transmitir la idea de que la implementación de tecnología biométrica es imperativa para la seguridad. Esta es una premisa falsa”, dijo, por otra parte, Grecia Macías, abogada de R3D. “Sin embargo, este discurso es similar al de los regímenes autoritarios cuando se trata de justificar la vigilancia masiva. Los datos biométricos son información confidencial y la recopilación de dichos datos para una base de datos centralizada es una receta para un desastre orwelliano”.

Para eliminar los riesgos de que la base de datos para la nueva identificación se utilicen con fines de espionaje, Access Now y la coalición de la sociedad civil recomendaron:

“No incluir datos biométricos como parte del Registro Nacional de Población.

“Determinar que la CUID deba descansar sobre sistemas descentralizados

“Establecer que la obtención de la CUID sea opcional.

“Impedir el condicionamiento del acceso a servicios públicos o privados a la obtención de la CUID.

“Impedir la recolección, almacenamiento o transferencia de datos que registren el uso de la CUID.

A pesar de esas y otrs muchas advertencias, las disciplinadas mayorías absolutas oficialistas de las dos cámaras del Congreso de la Unión, de Diputados y de Senadores, aprobaron los cambios, por lo cual el pasado miércoles 16, la presidenta Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que oficializa esas reformas a la Ley General de Población, estableciendo la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos.

En consecuencia, la CURP se convierte en el documento nacional de identificación obligatorio para todas las personas en territorio nacional. Al entrar en vigor la ley, los mexicanos no tenemos más remedio que inscribirse en esa nueva base de datos para poder realizar trámites oficiales.

Hasta allí los aspectos formales, pero, para consuelo de muchos mexicanos, se tiene que destacar que la construcción de ese archivo no es tarea fácil, sobre todo porque, conforme a las leyes todavía vigentes, no es posible utilizar otros padrones, como el del Registro Nacional de Electores, dependiente del Instituto Nacional Electoral, cuya creación no fue nada fácil. De hecho, la siempre incondicional de la llamada Cuarta Transformación presidenta del INE, Guadalupe Taddei, exhibió algo de autonomía en este caso, al asegurar que no entregará el padrón electoral al gobierno federal.

Esta posición fue reforzada por la presidenta Sheinbaum, quien aseguró que el padrón electoral o la lista nominal del INE no será utilizado para generar la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica.

Es de recordar que tres gobiernos, el del panista Felipe Calderón Hinojosa; el del priista Enrique Peña Nieto y del caudillo de Morena, Andrés Manuel López Obrador, intentaron crear expedientes similares, pero no pudieron concretarlo.

De hecho, muchos de los funcionarios y legisladores que ahora respaldaron la nueva identificación, se opusieron a las iniciativas de Calderón y de Peña, con el mismo argumento de que permitía a las autoridades entrometerse en la vida privada de los ciudadanos.

El hecho es que la burocracia se mueve lentamente y a veces ni siquiera arranca, como lo demuestra el hecho mencionado de que no se pudo construir en 18 años.