Dos desafortunadas muestras de lo que será la justicia con el nuevo Poder Judicial

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

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En horas recientes, Morena dio dos muestras –las dos negativas- de lo que será la justicia con el nuevo Poder Judicial producto de una venganza personal y surgido de un proceso de “elección” viciado de principio a fin.

Un caso está relacionado con el también deformado sistema electoral y el otro directamente con el régimen penal que nunca ha podido ser depurado, ya sea por incapacidad o simplemente por complicidad.

El primer asunto es el leve “castigo” impuesto por los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a los futuros integrantes del “nuevo” Poder Judicial por haberse beneficiado por el ilegal recurso de inducir el voto mediante el empleo de “acordeones” repartidos entre los incondicionales y “acarreados” para abultar los resultados de unos desairados comicios, en los cuales el abstencionismo llegó casi al 90 por ciento. Es decir, a los de por sí reducidos en número centros de votación acudió apenas, en promedio, un poco más de uno de cada diez ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Pero, además, la votación fue inducida para beneficiar a los candidatos previamente favorecidos por la llamada Cuarta Transformación, entre los cuales están las ministras incondicionales del régimen Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, las únicas que estaban en funciones y que lograron mantenerse en el cargo, pues formalmente no se puede hablar de reelección, ya que antes no había esa clase de votación.

La decisión de los consejeros del INE resulta por lo menos sorprendente, pues con anterioridad, al revisar otros asuntos, habían procurado evitar cualquier decisión que pudiera resultar negativa para el Ejecutivo y al imponer sanciones por el empleo de los “acordeones” reconocen que se cometió un delito, aunque la sanción sea mínima en términos económicos.

En votación dividida, el Consejo General del INE aprobó castigar con multas individualizadas de menos de 200 mil pesos a las candidatas y candidatos beneficiados por la operación acordeón en la pasada elección judicial.

Se informó que, como parte del proceso de fiscalización de los ingresos y gastos de campaña de la elección judicial, el INE determinó que 121 ganadores de un cargo judicial se hicieron acreedores a multas, y siete más a amonestación pública.

Entre los sancionados aparecen los nueve (es decir, todos) futuros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: desde el próximo ministro presidente, Hugo Aguilar, que deberá pagar 39 mil 712 pesos, y las tres ministras repetidoras, Loretta Ortiz (127 mil pesos), Yasmín Esquivel (95 mil pesos) y Lenia Batres (44 mil pesos).

En un gesto melodramático, se hizo la aclaración de que la multa a la autodenominada “ministra del pueblo”, Lenia Batres, se le hizo un descuento en atención a su (in)capacidad económica. Al respecto, es de recordar que desde antes de su toma de posesión, protestó por los “privilegios” que se les concedía a los ministros de la Suprema Corte, por lo que exigió que se les impusiera el tope salarial de que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República y, al asumir su cargo, ella misma renunció a los excedentes, pero de cualquier forma percibe mucho más de 100,000 pesos mensuales, lo cual la ubica muy lejos de los sectores depauperados de nuestra sociedad.

Además, se informó que también se sanciona a los próximos magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Claudia Valle (69 mil pesos) y Gilberto de Guzmán Bátiz (37 mil pesos), y a diez de los 15 futuros magistrados de las cinco Salas Regionales del mismo Tribunal.

Asimismo, los castigos incluyen a las tres magistradas y dos magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que sustituirá al Consejo de la Judicatura.

Las multas incluyen a 25 magistradas y magistrados de Tribunal de Circuito electos luego de haber sido señalados en la eufemísticamente denominada guía de votación (“acordeón”) 26 jueces de Distrito. Además de 41 magistradas y jueces electos en la Ciudad de México.

Como Batres, ninguno de ellos padecerá para sufragar las multas o, tal vez, reciban el respaldo de los “desinteresados” donantes que costearon la propaganda ilegal que ellos seguramente no solicitaron ni aprobaron. ¿O sí?)

Cabe precisar que las sanciones no son definitivas, pues ha habido manifestaciones de inconformidad. Por ello es previsible que la determinación del Consejo General del INE sea revisada por la máxima autoridad en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde una mayoría oficialista de magistrados se ha encargado de cuidar que haya sentencias contrarias a los intereses de la llamada Cuarta Transformación,

Destaca que entre los inconformes aparezca en primer término la consejera presidenta del propio INE, Guadalupe Taddei, quien estuvo en desacuerdo con la decisión de imponer sanciones. No es que la magistrada sonorense de repente haya cambiado de actitud, pues se ha presentado como defensora de los intereses del oficialismo. En este tema, lo que llama la atención es que no coincidiera con los otros integrantes del Consejo General.

“No comparto la propuesta de sancionar, porque los propios proyectos reconocen entonces que de las constancias y de las pruebas existentes en los expedientes no fue posible cuantificar la totalidad de acordeones elaborados y distribuidos, tampoco se pudo constatar que la mensajería instantánea y digital contara con elementos que permitiesen corroborar la existencia de esa misma propaganda”, explicó Taddei, quien así daba a entender que no hubo un proceso planificado para distribuir los “acordeones”, sino que éstos llegaron a las manos de los electores por puro milagro.

Es de esperar que la mayoría oficialista del TEPJF no comparta esa suposición y que valide las sanciones, así sean de poca monta comparadas con las faltas cometidas, pues según observadores imparciales las irregularidades durante todo el proceso para elegir a nuevos integrantes del Poder Judicial son de tal monta que, de aplicarse con rigor las leyes relativas, debería anularse todo el proceso.

En el plano puramente penal, la que dio una muestra de la clase de justicia que trata de imponer la llamada Cuarta Transformación fue la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle García, pues en vez de condenar a los delincuentes que secuestraron a la profesora y taxista Irma Hernández, culpó a los medios de comunicación de utilizar este suceso para provocar escándalo y los calificó de “generadores de odio y miserables».

Esta agresiva declaración vino al aumentar de tono el debate en torno al caso del secuestro de la maestra Irma Hernández Cruz, de 62 años, jubilada que buscó ingresos adicionales al operar un taxi en el poblado de Álamo Temapache, en donde fue secuestrada por un grupo de delincuentes dedicado a la extorsión. Como se resistió a pagar fue secuestrada y torturada por los extorsionadores que, además, grabaron un video en donde aparece rodeada de hombres armados, para mandar un mensaje a sus compañeros taxistas, sugiriéndoles cumplir con los pagos. Su cuerpo fue hallado después de seis días en un rancho ubicado a más de 40 kilómetros del lugar donde fue privada de su libertad.

Tal vez con la intención de evitar mayor inquietud en la sociedad veracruzana, la gobernadora Nahle – nacida en Zacatecas pero que llegó a gobernar Veracruz gracias a una modificación constitucional conocida popularmente como “Ley Nahle” – en vez de condenar los delitos, le dio más importancia al hecho de que la autopsia al cuerpo de la desafortunada maestra mostró que había muerto de un infarto.

Este giro fue el que provocó la indignación general, de la cual hicieron eco muchos medios informativos locales y nacionales, a lo que la mandataria respondió con un despectivo: “les guste o no… la maestra Irma murió de un infarto”.

A esa declaración le vino una nueva andanada de críticas a la gobernadora ingeniera de profesión que parece ignorar los graves delitos cometidos por los secuestradores:  secuestro, tortura, extorsión y otros más incluido el homicidio, pues no se puede separar el malrato de las causas de la muerte.

Es de destacar que la gobernadora no es investigadora ni tiene facultades de miniesterio público, ni mucho menos de juez. Tampoco es censora.