En defensa del presidencialismo, nombran a un enemigo de la concentración del poder

CLASE POLITICA  Miguel Ángel Rivera

Es difícil entrever cuál será el final de la anunciada reforma electoral prometida y promovida por la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo porque, en principio, aparecen señales contradictorias,

En efecto, desde que arribó al poder, en 2018, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación se esforzó por fortalecer al Poder Ejecutivo y eliminar todos los contrapesos, proceso que alcanzó uno de sus momentos culminantes, por no decir que definitivo, fue el sometimiento del Poder Judicial, lo cual culminó con las todavía descalificadas “elecciones” del pasado 1 de junio, en la cuales participó apenas un poco más de diez por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal de electores.

El punto central de todos los cambios emprendidos durante las dos primeras fases de esa denominada Cuarta Transformación es el fortalecimiento del poder presidencial, de tal manera que no exista fuerza capaz de contravenirlo o, al menos, limitarlo.

Por eso sorprende que la jefa del Ejecutivo haya decidido poner al frente de los trabajos para renovar nuestro sistema electoral a un experimentado político que prácticamente toda su vida ha estado comprometido con el ideal de reducir el poder del Presidente de la República.

Este personaje es Pablo Gómez Álvarez, luchador de izquierda que desde su juventud resintió los efectos de la concentración del poder en una sola persona, sin posibilidad de encontrar la forma o de recurrir a alguna instancia capaz de defender a los individuos que no se sometían. Gómez Álvarez, a unos días de cumplir 79 años, se inició en la lucha social durante el movimiento estudiantil y popular de 1968 y lo pagó con años de prisión, de la cual se libró debido a una amnistía decretada por el Poder Judicial, claro, con el visto bueno del Ejecutivo.

Después, al avanzar la democratización del país, avanzó junto con el ya legalizado Partido Comunista Mexicano (PCM) y sus sucesores tras varias alianzas los partidos Mexicano Socialista (PMS) y Socialista Unificado de México (PSUM), antecedentes indirectos del actual partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que se surtió, además, con una corriente del antes todopoderoso PRI y de otras organizaciones que dieron origen al ahora prácticamente desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD). Pablo llegó a ser presidente del PSUM.

Como parte de ese proceso de democratización, que arrancó con otra reforma electoral, la de 1977, que, además de legalizar a los partidos de oposición creó los llamados “diputados de partido” (luego también senadores), figura a la que se acogió el todavía joven Gómez Álvarez, pues fue diputado por el oficialmente denominado sistema de representación proporcional. Desde entonces hasta la fecha, este personaje saltó casi sin interrupciones de la Cámara de Diputados a la Asamblea Legislativa del DF (ahora Congreso de la Ciudad de México) y hasta el Senado. Su trayectoria legislativa se interrumpió durante el anterior sexenio, pues el 8 de noviembre de 2021 fue designado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que en la Cámara de Diputados presidió la Sección Instructora, el organismo que se encarga de proponer o rechazar el desafuero de algún político.

Uno de los casos conflictivos que le correspondió atender como titular de esa sección Instructora fue la demanda de desafuero contra el ex gobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, caso por el que tuvo una diferencia con el ex presidente López Obrador, que pidió que se diera a conocer el expediente del político de oposición, pero Gómez Álvarez se negó porque lo impedían las leyes.

“No se puede abrir al público el expediente. Está prohibido por la Ley y es un delito. Ahora, si el Fiscal General de la República quiere dar a conocer elementos que están en su petición, su solicitud, es cosa de él. En eso nosotros no nos metemos ni es nuestra responsabilidad”, alegó el legislador que era también subcoordinador de la bancada del partido oficial, Morena.

Al arranque del “segundo piso” de la llamada Cuarta Transformación, la presidenta Sheinbaum ratificó a Gómez Álvarez al frente de la UIF, en donde no se supo que sancionara a algún delincuente de alto nivel.

Eso duró hasta el reciente sábado 2, cuando la jefa del Ejecutivo anunció que había decidido nombrar al experimentado luchador de izquierda encargado de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, lo que parecía un reconocimiento a su larga trayectoria política y legislativa.

Sin embargo, los muchos críticos que ha acumulado Pablo denunciaron que su nombramiento era una forma honrosa de separarlo de la UIF por no haber tenido éxito en el combate al “lavado” de dinero ilegal y por supuestas presiones del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, que exige más energía para combatir a las pandillas dedicadas al narcotráfico.

Las críticas orillaron a la presidenta Sheinbaum a justificar su decisión.

En su mañanera de ayer, lunes, la mandataria defendió su nombramiento, al recordar la dilatada trayectoria legislativa de Gómez Álvarez, además de haber participado en las negociaciones para anteriores reformas.

“Él conoce mucho del tema y sí, que se abran foros de discusión con el Congreso”, dijo Sheinbaum, quien destacó que Gómez Álvarez no será el único participante en la Comisión, además de que se realizarán foros abiertos en el Congreso.

La tarea encargada al experimentado luchador de izquierda forma parte de la lista de compromisos ofrecidos por Sheinbaum desde el arranque de su mandato.

El tema de la reforma electoral resurgió a partir de las fallidas elecciones del Poder Judicial del pasado 2 de junio, a raíz de las cuales la presidenta Sheinbaum censuró la actitud de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que denunciaron irregularidades, a los cuales acusó de mantener “una actitud de golpeteo”.

Sheinbaum consideró que el INE “se extralimitó” al comunicar que hubo votos que no se debieron incorporar al conteo final, tema que correspondía al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Como se aprecia, una actitud semejante a la de su antecesor y caudillo, López Obrador, al descalificar a las instituciones que están en  contra de acciones emprendidas o promovidas por el Ejecutivo

Como apunté al inicio de esta columna, uno de los aspectos sorprendentes del nombramiento de Gómez Álvarez, pues ha dejado constancia de que está en contra de la concentración del poder en una sola persona, el presidente de la República.

Como ejemplo cabe mencionar un artículo firmado por el mencionado político de izquierda que se publicó en varios medios, entre ellos Proceso y el portal de Carmen Aristegui el 1 de septiembre de 2016:

“Algunos lamentan que el informe presidencial se haya eliminado como acto ceremonial y que ahora sea un trámite burocrático. Pero el problema nunca ha sido la forma de presentar las cuentas, sino el carácter del Poder Ejecutivo. Sea cual fuere el método de informar, bajo el sistema presidencialista la función de gobierno está conferida a una sola persona, mientras que la representación popular vive en permanente minusvalía, e incluso requiere una mayoría de dos tercios de sus integrantes para hacer valer sus propios proyectos de ley.

“El informe del Ejecutivo viene de las monarquías constitucionales y fue asumido por las repúblicas junto con otras fórmulas tendientes a reducir las funciones de los parlamentarios…

“Por el contrario, el Ejecutivo tiene una enorme capacidad para brincarse el presupuesto e incluso para reducirlo en los hechos…

“En realidad, lo que está en crisis en México es el sistema político que opera bajo la simulación y la falta de discusiones verdaderas entre los partidos políticos…

“Mejor sería terminar con el presidencialismo, modificar el sistema político del país para que el parlamento, conformado mediante la representación proporcional, formara gobierno”.

Esto último es otra contradicción. La propuesta de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum incluye eliminar esa representación proporcional.