Caro Quintero y “El Mayo” libran la pena de muerte, pero parecen condenar a políticos mexicanos

CLASE POLITICA  Miguel Ángel Rivera

Lo dicho, “la espada de Damocles” pende sobre el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y, por extensión, sobre todo el país.

Esta situación deriva del anuncio de Departamento de Justicia de Estados Unidos en el sentido de que no solicitará la pena de muerte para los presuntos capos del narco mexicanos Rafael Caro Quintero e Ismael Zambada.

El punto de partida está en que la Fiscalía de Estados Unidos informó al juez Brian Cogan que no pedirá la pena de muerte contra Ismael “El Mayo”Zambada. El anuncio se produjo poco después de un año de que el capo del Cártel de Sinaloa fue extraído de México en circunstancias que todavía desconoce el gobierno mexicano, que ha pedido detalles a su contraparte de los Estados Unidos, sin que hasta ahora reciba una respuesta.

Lo mismo sucede con otro supuesto jefe de alto rango en las organizaciones criminales radicadas en México, Rafael Caro Quintero, quien luego de ser personaje de una “romática” historia -secuestró o huyó acompañado por una joven ligada a una familia de alto nivel en la política nacional- estuvo recluido en cárceles mexicanas, pero el pasado febrero fue extraditado a Estados Unidos como parte de un movimiento que significó la mayor entrega de sospechosos de narcotráfico realizada por el actual gobierno de México.

El “romeo” ahora integrante del sector de la tercera edad (rebasa los 70 años) ha sido perseguido con intensidad por las autoridades de los Estados Unidos porque se le acusa de participar o planear el asesinato del agente encubierto de la DEA  (Drug Enforcement Administration, en español Administración para el Control de Drogas) Enrique “Kiki” Camarena Salazar, que supuestamente denunció la existencia de un enorme plantío de mariguana conocido como El Búfalo, cuya propiedad se atribuye precisamente de Caro Quintero.

Zambada, conocido como El Mayo, está acusado de ser cofundador del cártel de Sinaloa junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora también preso en los Estados Unidos, extraditado por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Tanto Caro Quintero como Zambada, de conformidad con las leyes de los Estados Unidos, arriesgaban el ser condenados a la pena de muerte, particularmente el segundo, que nunca había sido perseguido por autoridades mexicanas. Caro Quintero tenía la protección de haber sido extraditado por el gobierno mexicano, pues según el acuerdo binacional en la materia no se le puede aplicar una sentencia que no es admitida por las leyes de nuestro país, pero también pesa en su contra el haber atentado contra un agente de la justicia de los Estados Unidos. En cambio, Zambada, “capturado” en territorio de los Estados Unidos, afrontaba mayor riesgo de pagar sus delitos con la pena capital.

El hecho es que los abogados de los dos supuestos jefes del narcotráfico les han aconsejado ofrecer información que lleve a condenar a otros beneficiarios del narcotráfico que hasta ahora se han mantenido en el anonimato, los cuales se presume que ocupan cargos en alguno de los tres niveles del gobierno mexicano: municipios, estado y federación.

Desde el inicio, al caer los dos jefes del narcotráfico junto con otros capos como el mencionado Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y sus hijos, Joaquín -quien supuestamente entregó a “El Mayo”- y Ovidio, quien protagonizó otro episodio relevante, cuando fue detenido en Culiacán en medio de un intenso operativo de las fuerzas arnadas, pero fue liberado por órdenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador, supuestamente para evitar una matanza.

De hecho su posterior captura, en enero de 2023, implicó un gran despliegue policial y del ejército, operación en la que murieron 10 soldados y 19 presuntos delincuentes.

Con todos esos presuntos delincuentes en poder de la justicia de los Estados Unidos, además de sus negociaciones para obtener reducción de sus condenas, tomaron fuerza las versiones en el sentido de que sus revelaciones llevarían a la consignación y posible condena de políticos mexicanos que les proporcionaban protección o que les ayudaban a “lavar” el dinero producto de sus ilegales actividades.

Para reforzar esos temores, surgieron los casos del ex secretario de Seguridad en el gobierno del panista Felipe Calderón, Genaro García Luna, en donde su condena fue posible por los testimonios de otros capos, como el hermano de “El Mayo”, Jesús «El Rey» Zambada. Otro Zambada, Jesús, hermano de “El Mayo” fue testigo destacado en el juicio contra “El Chapo”, así como la examante del capo, Lucero Sánchez, y Dámaso López, operador financiero del cartel de Sinaloa.

Todos los temores acerca de la posibilidad de que los juicios a los capos mexicanos en los Estados Unidos lleven a  políticos de alto nivel de nuestro país se fortalecieron a raíz de que ayer se conoció que las autoridades de los Estados Unidos accedieron a cancelar la petición de que los jefes del narcotráfico Rafael Caro Quintero e Ismael “El Mayo” Zambada sean condenados a muerte.

Mediante un documento entregado al juez Brian Cogan, de la corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, el fiscal Joseph Nocella Jr., que lleva el caso de “El Mayo” Zambada, subrayó que “la fiscalía general aprobó que no se demandará la pena de muerte contra el cofundador del Cártel de Sinaloa.

Medios estadounidenses refieren que el documento entregado al juez Cogan fue publicado en redes sociales por el periodista Keegan Hamilton, lo que deja entrever que el capo mexicano al recibir la noticia de que no pedirán contra él la pena de muerte, ya habría alcanzado algún posible acuerdo con la justicia de EU.

Desde abril pasado, la prensa estadounidense comunicó que la Fiscalía de Estados Unidos había tenido negociaciones con “El Mayo” Zambada respecto a su sentencia, donde figuraba retirar la solicitud de opena de muerte.

Casi al mismo tiempo, el gobierno estadunidense anunció que también retiró la solicitud de pena de muerte en contra de Rafael Caro Quintero, fundador y líder del Cártel de Guadalajara.

Como sucedió con Ismael Zambada García, El Mayo, y Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy – quien se quedó al frente del Cártel va de Juárez tras la muerte de su hermano, Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”- el fiscal encargado del caso, Joseph Nocella, informó al juez Frederick Block que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, determinó no iniciar el protocolo de pena capital contra el mexicano.

El Gobierno respetuosamente presenta esta carta para informar a la Corte y a la defensa que el Procurador General de la República ha autorizado y ordenado a esta Oficina no buscar la pena de muerte contra el acusado Rafael Caro Quintero”, se lee en el documento.

Este es, probablemente, el peor de los escenarios para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que se ha empeñado en negar que políticos de alto nivel encubran o estén asociados con jefes del narcotráfico. Esto en respuesta a las acusaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus principales colaboradores en el sentido de que el gobierno mexicano está infiltrado por la delincuencia.

Por ejemplo, el reciente 16 de julio, al firmar una ley para combatir el tráfico del fentanilo, el magnate Trump denunció que los cárteles mexicanos mantienen un “tremendo control” sobre México.

El mandatario de la vecina potencia señaló que las autoridades mexicanas se encuentran aterrorizadas de ir a trabajar porque las organizaciones criminales “tienen control sobre México”.

Además, Trump denunció que los cárteles tienen poder sobre políticos y personas electas en el país.

Esto no es nuevo, desde que Trump anunció su decisión de imponer aranceles a las importaciones procedentes de México advirtió que los factores tomados en cuenta eran, entre otros, la falta de control sobre la migración y el tráfico de enervantes, en particular el fentanilo que, según estudios de los especialistas estadunidenses, ocasiona la muerte de alrededor de cien mil personas anualmente.

En este esfuerzo del gobierno de la llamada Cuarta Transformación por negar la penetración de la delincuencia dentro de sus filas poco benefician caso como el del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, de quien se sospecha que era, al mismo tiempo, de la principal organización criminal en Tabasco, conocida como “La Barredora”.