Los “acordeones” generaron delitos, pero sus creadores continúan impunes
Miguel Ángel Rivera, Opinión domingo 10, Ago 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Mal empieza el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia, el “nuevo Juárez” de la llamada Cuarta Transformación, Hugo Aguilar Ortiz, al validar una práctica ilegal al ejercer el voto.
Sí claro, me refiero a la votación del pasado 1 de junio para “renovar” el Poder Judicial -proceso en el cual resultaron electos los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia entre ellos, claro, el que será su presidente- en donde se utilizaron listas previamente preparadas, popularmente se conocen como “acordeones”.
La mayor parte de estos listados fueron impresos, a distintos colores, para distinguir los nombres de los candidatos previamente elegidos. ¿Por quiénes? No se sabe, pero es evidente que todo eso fue preparado por alguna organización con capacidad de movilización y, sobre todo, con amplios recursos económicos.
Aquí es donde se encuentra lo ilegal del procedimiento, pues las leyes electorales -en particular la tan presumida reforma ideada originalmente por el caudillo de la llamada Cuarta Transformación y consumada por la encargada de la construcción del “segundo piso”, la actual presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo- prohibían expresamente la participación de partidos políticos y del gobierno en la elección de los nuevos jueces, magistrados y ministros.
La “eficiente” y “autónoma” Fiscalía General de la República, de la cual depende la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) no ha podido, o no ha querido, encontrar a quienes organizaron ese fraudulento procedimiento. Por el contrario, la opinión pública, incapacitada para presentar las pruebas, lleva a una sola salida: los únicos que tienen la posibilidad de organizar una maniobra de tal envergadura son un partido político o, de plano, el gobierno. La prueba está en la única denuncia conocida -no sancionada- la que está dirigida contra el gobernador de Nuevo León, el apenas encubierto aliado de la 4T Samuel García Sepúlveda, por patrocinar los “acordeones” distribuidos y utilizados en su estado, Pero, obvio, no salieron de esa entidad todos los listados que se emplearon en el resto de la República.
Todo esto lo sabe claramente el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia, pues los más de seis millones de votos que lo llevaron a esa situación de privilegio fueron inducidos por los listados repartidos profusamente por todo el territorio nacional, como también a las ministras ubicadas en los siguientes sitios de la votación, todas ellas incondicionales del régimen: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
Los expertos en estadística advierten que es imposible que se produzca esa unanimidad de criterio en una elección en donde nos hayan inducido o comprado el voto de los ciudadanos.
Aguilar Ortiz alcanzó una inusitada votación superior al 65 por ciento del total, a pesar de ser desconocido para las mayorías, pero que estaba vinculado al gobierno de la llamada Cuarta Transformación desde que fue nombrado coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el anterior sexenio participó en las consultas a comunidades originarias respecto a obras emblemáticas como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Antecedentes aparte, el sábado anterior, el futuro presidente del máximo tribunal del país no sólo justificó el empleo de acordeones en las elecciones en que se renovó a la mitad del Poder Judicial, sino que afirmó que eran necesarios.
“Ha habido críticas por el acordeón, yo le digo a todo México y a quienes critican; para los pueblos indígenas era un proceso difícil y era necesaria una guía”, manifestó Aguilar Ortiz.
En comentarios alrededor del la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígena, el futuro ministro calificó el proceso como “un hecho histórico que todos debemos valorar” y aseguró que su campaña electoral nacional tuvo un costo económico mínimo, claro porque no pagó la impresión de los acordeones.
Esta declaración se suma a otra formulada la semana anterior, cuando anunció que impugnará la sanción determinada por el Tribunal Electoral, a los candidatos ganadores que aparecían en los acordeones electorales.
En efecto, el pasado último día de mayo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad, el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de sancionar a 176 juzgadores electos que aparecían en los acordeones por el equivalente del diez por ciento del tope de gastos de campaña.
A pesar de las protestas generadas por ese castigo, en realidad se trató de una simulación, pues las penas resultaron mínimas, además que se aceptaron descuentos. Así, en el caso de los ministros, no pagarían el referido 10 por ciento (equivale a 146 mil pesos), sino cantidades menores, según la capacidad de pago de cada uno.
A pesar de lo leve del castigo, las sanciones provocaron divisiones o desacuerdos entre los funcionarios electorales que, en otras circunstancias habían actuado unidos,
Por ejemplo, la incondicional consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, se manifestó en desacuerdo por considerar que no hay un fundamento jurídico que permita establecer una sanción a partir de los topes de gastos de campaña.
“Lo ilegal es que alguien se pare en la puerta de una casilla a repartirlos o que los use para coaccionar o inducir el voto. Eso sí se sanciona”, dijo la presidenta del INE, Guadalupe Taddei en rueda de prensa.
Agregó que por tratarse de una sanción “ilegal”, existía el peligro de que la multa fuese desechada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Pero no ocurrió así. El Tribunal validó lo decidido por el INE.
A partir de una ponencia del magistrado Felipe Fuentes Barrera, consideró que los consejeros no contravinieron las leyes al no restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues no se sancionó la posibilidad de que los votantes pudieran votar con ayuda de anotaciones, guías, impresiones, fotografías o cualquier otra forma de reproducción física o digital en donde aparecieran los números o nombres de por quienes sufragaran.
La distribución masiva de acordeones es ilegal, no así su uso personal y privado para votar «con el menor margen de error» de esta compleja elección judicial, determinó la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En consecuencia, determinaron los magistrados, los integrantes del Consejo General del INE no se extralimitaron ni afectaron el derecho a votar con libertad de la ciudadanía, sin embargo, eso no implica no implica autorizar que los listados se porten de manera visible o que la exhiban en el periodo de veda o durante la jornada electoral.
“Ha habido críticas por el acordeón, yo le digo a todo México y a quienes critican; para los pueblos indígenas era un proceso difícil y era necesaria una guía», destacó Aguilar Ortiz, quien no se percató que su expresión significa validar las opiniones de quienes persisten en dar trato de menores de edad a los pueblos originarios.
Sus declaraciones surgen luego de que el pasado viernes, dio a conocer que impugnará la sanción determinada por el Tribunal Electoral, a los candidatos ganadores que aparecían en los acordeones electorales. Así mismo, calificó el proceso como «un hecho histórico que todos debemos valorar» y aseguró que su campaña electoral nacional tuvo un costo económico mínimo. Hicimos actos debajo de enramados, en la orilla de las carreteras y no se gastó un solo peso porque los pueblos cooperaron para lograr este triunfo», señaló el presidente electo de la corte.
Para finalizar su discurso, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Hugo Aguilar anunció que propondrá un modelo de cercanía con los mexicanos, dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a proponer que se mantenga esa relación que surgió después del proceso electoral, seremos jueces, magistrados y ministros de territorio», concluyó.
Un asunto que quedó pendiente es el recurso distractor del presidente electo de la Suprema Corte de determinar si usará o no toga.
