Las autoridades mexicanas actúan a ciegas, en espera de informes de EU
Miguel Ángel Rivera, Opinión martes 12, Ago 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
¡Qué pena con los vecinos!
Ya son, por lo menos dos las ocasiones, en asuntos de alta trascendencia, que el gobierno de México se mantiene a oscuras y tiene que “molestar” a los vecinos para tener una idea aproximada de lo que ocurre.
Uno de esos casos fue el secuestro o captura del antes intocable capo del narcotráfico Ismael “El Mayo” Zambada. La versión más difundida asegura que fue “traicionado” por su ahijado Joaquín Guzmán López –hijo del otro jefe del poderoso Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, también preso en una cárcel de alta seguridad en la Unión Americana–y llevado contra su voluntad a territorio de los Estados Unidos, en donde fue aprehendido por las autoridades de ese país y ahora está en proceso de ser “testigo protegido” a cambio de delatar a funcionarios públicos mexicanos encubridores de las actividades delictivas de esa y otras organizaciones que operan en México.
El tema más actual es el de las sanciones a dos empresarios mexicanos, residentes en los Estados Unidos, que fueron sancionados por las autoridades fiscales de esa nación por haber sobornado a funcionarios de “nuestra” (de todos los mexicanos) empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) para conseguir contratos.
Este tipo de sanciones financieras no constituye ninguna novedad, pues hace sólo unos días, el reciente 25 de junio, se hizo público que el Departamento del Tesoro del vecino país, sancionó a dos bancos. CIBanco e Intercam, así como a la casa de bolsa Vector por supuesto “lavado” de dinero de organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico, en especial el Fentanilo, para lo cual encubrieron operaciones financieras con empresas de China, país que de suyo ha sido condenado por los Estados Unidos por proveer los precursores para elaborar esa droga que, según cálculos oficiales, causa la muerte de casi cien mil personas en la Unión Americana.
A pesar de que los delitos se cometieron en México, las autoridades nacionales ni por enteradas, por lo cual en los tres casos han solicitado información adicional a las autoridades de la vecina potencia.
En lo referente al “secuestro” del “El Mayo” Zambada, oficialmente, las autoridades mexicanas están en espera –seguramente sentadas– de un informe de las agencias de seguridad de los Estados Unidos.
En cambio, parece ser que, además de lo hecho público, las autoridades mexicanas encontraron irregularidades en las tres entidades financieras sancionadas por el Departamento del Tesoro, pues actualmente están intervenidas. Oficialmente, esa acción fue para proteger a los ahorradores que han confiado su capital a dichas instituciones.
Pero al mismo tiempo que actuaban las autoridades mexicanas, la presidenta (con A), Claudia Sheinbaum Pardo, intentó una especie de defensa de los bancos y la casa de Bolsa o, por lo menos, reclamó no haber sido informada con oportunidad.
Así, en su conferencia mañanera del 26 de junio, Sheinbaum
reveló que algunas semanas antes su gobierno recibió un «informe confidencial» de autoridades de EE.UU. en relación con sospechas contra los bancos CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector, pero aclaró que nunca recibió las evidencias.
Por ello, se inconformó con el anuncio del Departamento del Tesoro que sancionó parcialmente a esas tres instituciones financieras mexicanas por supuestamente facilitar la compra de precursores de fentanilo en China y lavar dinero del narcotráfico.
«Nosotros no vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes», al repetir su máxima en relación con denuncias acerca de actos de corrupción por parte de personas o instituciones cercanas a la llamada Cuarta Transformación.
«Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con los Estados Unidos es de iguales, no de subordinación. No somos piñata de nadie, a México se le respeta», agregó la mandataria.
“Pruebas, pruebas, pruebas”, repite Sheinbaum como condición para ordenar acciones en contra de los acusados.
Por desgracia, los fiscales mexicanos no responden con eficacia a esa exigencia. Por lo general, la Fiscalía General de la República tarda mucho o de plano no actúa contra los señalados como presuntos delincuentes. Como muestra, bastan dos botones:
Uno, en el caso del supuesto secuestro de “El Mayo” –de larga trayectoria en la delincuencia, pero nunca tocado en nuestro país– descubrió que hubo un montaje por parte de la fiscalía de Sinaloa para hacer aparecer el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y, en ese momento, diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén como producto de un fallido asalto cuando estaba dentro de su vehículo en una gasolinería. El primer indicio lo dio el capo del cártel de Sinaloa, en una carta en la que denunció su ilegal captura, al asegurar que Cuén fue asesinado en el mismo sitio en que el narcotraficante fue secuestrado, pues también había sido citado para una supuesta reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que tampoco ha sido molestado por los fiscales, a pesar de las múltiples denuncias en su contra.
“No hay ninguna prueba en contra del gobernador Rocha Moya ”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaumen octubre de 2024 pacerca de los presuntos nexos del gobernador sinaloense con la fracción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Esta declaración fue en respuesta a lo publicado por la revista Proceso en su edición de ese mes, con base en documentos “atribuidos al Centro Nacional de Inteligencia y a servicios de vigilancia militar, que dan cuenta de una investigación puntual contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”.
Unos días antes, la agencia noticiosa de Proceso, APRO, difundió una nota acerca de una atropellada visita del gobernador sinaloense a la Cámara de Diputados, donde recibió el respaldo de la mayoritaria fracción de Morena y sus rémoras.
“Sentado en la Mesa Directiva de San Lázaro junto a Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna, los integrantes del grupo parlamentario de Morena gritaron “No estás solo” a Rubén Rocha Moya”, dice la nota firmada por Aarón Ibarra.
En este ambiente en que “nadie sabe nada”, el reverso lo ofrece el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, quien con el respaldo de las secretarías de la Defensa y Marina, así como de la Guardia Nacional ha logrado buenos resultados, al descabezar organizaciones criminales –cuyos jefes han sido extraditados o están en prisiones nacionales– y al lograr cuantiosos decomisos de combustibles manejados ilegalmente, lo que se conoce como “huachicol”, una actividad delincuencial que supuestamente erradicó el expresidente López.
Aunque se trata de importantes avances, la tarea del secretario de Seguridad aparece incompleta, pues a pesar de los cuantiosos decomisos de combustibles y las instalaciones en donde se manejan, no han aparecido los nombres de los jefes de esas ilícitas acciones.
Claro, en este aspecto, se debe precisar que las tareas de investigación que conduzcan a los culpables corresponden a la “autónoma” Fiscalía General de la República, conducida por el abogado Alejandro Gertz Manero, quien sólo ha demostrado constancia y energía para perseguir a parientas políticas.
Por cierto, ayer mismo se dio a conocer que el gobierno de México había extraditado a 26 reos relacionados con delitos de tráfico de drogas y la delincuencia organizada.
Estas personas estaban recluidas en diversas prisiones nacionales debido a sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos.
“Todos tienen orden de extradición”, dice un comunicado oficial en el que, ahora sí, aparece la Fiscalía General de la República (FGR), además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),
El comunicado oficial destaca que la custodia, el traslado y la entrega formal se realizó bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales y del debido proceso en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. La acción se llevó a cabo a solicitud del Departamento de Justicia de los EU, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país.
Todo, en un marco de respeto a la soberanía de ambas naciones.
