Hay motivos para anular las elecciones del Poder Judicial, pero ¿qué sucederá después?
Miguel Ángel Rivera, Opinión miércoles 13, Ago 2025
CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Elogiado y mimado por todos los personajes relevantes de la llamada Cuarta Transformación, el elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, podría quedar en sólo una anécdota.
Esta posibilidad surge de la decisión de la vigente Suprema Corte de realizar una sesión extraordinaria, programada para realizarse hoy, con la finalidad de revisar, entre otros temas, numerosas demandas en contra del irregular proceso para elegir nuevos integrantes del Poder Judicial.
Producto de una venganza personal, la reforma al mencionado Poder Judicial tuvo como punto culminante las votaciones realizadas el pasado 1 de junio, las cuales contra los propósitos y deseos del actual régimen, resultaron un fracaso por la reducida participación de votantes y, sobre todo, por las irregularidades cometidas durante todo el proceso, entre las cuales destaca el descarado “acarreo” (y probablemente compra) de votantes, además de la impresión y reparto de listados que los candidatos previamente “bendecidos” por el gobierno nacional para sustituir a los jueces, magistrados y ministros defenestrados en una acción conjunta que se pretendió presentar como una medida para acabar con su supuesta corrupción. (Cabe recordar que, hasta ahora, ningún juzgador ha sido consignado).
Ahora bien, las irregularidades llevan a concluir que existen las condiciones para que se declare la nulidad de las votaciones y, por consiguiente, quedará sin efecto la elección de los supuestos reemplazos de los actuales funcionarios del Poder Judicial y el abogado que se presume representante de los pueblos autóctonos se quedará lejos de desempeñar el alto cargo que ocupó un auténtico indígena, como lo fue Benito Juárez.
Solo por mencionar otro tema de farándula, que no tiene nada que ver con la trascendencia de la renovación del Poder Judicial, quedará como broma la tan publicitada por el oficialismo propuesta del abogado “indígena” de abandonar el uso de la toga, para sustituirla por algún tipo de vestimenta presuntamente surgido de ese pasado del que la llamada Cuarta Transformación trata de erradicar toda herencia europea.
Puro folklore, por no decir pantomima, cuando lo importante es la capacidad profesional de los nuevos juzgadores, lo cual también está en entredicho, pues los mismos consejeros electorales incondicionales del régimen, han descubierto que decenas de los bendecidos por el oficialismo no cumplen ni siquiera con el promedio mínimo de calificaciones durante sus estudios profesionales. Por cierto, esas faltas han sido dispensadas por los también incondicionales magistrados del Tribunal Electoral que teóricamente forma parte del perseguido Poder Judicial, pero que en vez de contribuir a su defensa ha facilitado su extinción al aprobar una sobrerrepresentación de Morena y aliados en el Poder Legislativo, lo cual a su vez se tradujo en reformas constitucionales para concentrar todo el poder en una sola persona.
Por todo lo anterior, es de suponer que los ministros salientes, que han dejado constancia de su autonomía y de sus profundos conocimientos jurídicos lo confirmarán en la sesión extraordinaria a la que han sido convocados por su legítima presidenta para dictaminar acerca de la invalidez de las corrompidas elecciones de junio anterior.
De acuerdo con los antecedentes, los ministros que preservan su autonomía suman ocho, la mayoría calificada necesaria para anular las votaciones, pues, de entrada, solo se opondrían las tres vinculadas con la llamada Cuarta Transformación, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Lo único que hace dudar –es probable que los ministros vacilen igualmente– son las posibles implicaciones de la decisión de invalidar esos impugnados comicios, pues se daría un inusitado enfrentamiento entre dos poderes de la República, algo que no ha ocurrido desde hace más de un siglo en nuestro país.
Es de tomar en cuenta que el Ejecutivo, encabezado oficialmente por la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, no aceptará una sentencia en ese sentido, pues ayer mismo dio testimonio de que ya da por “muerta” a la Suprema Corte, así como a todo el Poder Judicial defenestrado con el respaldo de un totalmente sometido Congreso de la Unión.
Como si no conociera los puntos a tratar en la sesión extraordinaria convocada el martes por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, la jefa del Ejecutivo federal se preguntó en su conferencia mañanera con que finalidad se reunirán los ministros, cuando “lo cierto es que ya se van”.
En lo que intentó ser un comentario sarcástico, la presidenta Sheinbaum manifestó: “A lo mejor van a resolver el tema de los impuestos de una persona que debe mucho”.
Enseguida expresó lo que es el verdadero temor en la llamada Cuarta Transformación: “a poco hasta el último momento van a querer echar para atrás la reforma al Poder Judicial”.
Cuando se le indicó a Sheinabum que existen numerosas demandas por las irregularidades en esa votación de nuevos funcionarios del Poder Judicial, la encargada de la construcción del segundo piso de la 4T indicó que un asunto así debe ser revisado por su incondicional Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad en la materia.
“De acuerdo con la Constitución hay una sola forma en que la Corte puede intervenir que es para los que participaron en la sala superior del Tribunal Electoral que no podría decidir sobre sí misma”, apuntó Sheinbaum, quien insistió en destacar que los actuales ministros “ya se van y pues vamos a ver qué sentido tiene la última sesión extraordinaria”.
De paso, además de darlos por anulados, la titular aprovechó para reproducir las críticas que dirigía su caudillo, Andrés Manuel López Obrador, a los ministros por sus supuestos excesos en salarios y prestaciones.
“No, pues no, ya viene la nueva Corte, no pueden ganar tanto. Aprobaron un presupuesto altísimo, pero bueno, ya viene la nueva Corte, llega aire fresco a la Corte. Lo pueden revisar de nuevo, no tienen por qué no revisarlo”, sentenció la jefa del Ejecutivo.
En efecto, de acuerdo con el artículo 105 constitucional, la Suprema Corte no puede intervenir en asuntos estrictamente electorales, pero conserva la facultad de revisar las resoluciones del TEPJF en casos de contradicción de tesis o cuando se impugnen por ser inconstitucionales.
Por otra parte, al recordarse en la Comisión Permanente del Congreso el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, luego de que los legisladores del oficialismo pretendieron exhibirse como defensores y protectores de los pueblos originarios, la senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano les reprochó:
“El mayor rezago (para los pueblos originarios) que han tenido y que siguen teniendo es que sus hijos no pueden acceder a la educación.
“Y quiero señalar uno más, que es muy doloroso, el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.
“El acceso a la justicia sigue siendo para ellos más difícil que para nadie, sigue siendo por su lengua, por la distancia que hay entre ellos y un Ministerio Público, un juzgado.
“Y hoy, con esta reforma que hemos tenido, tampoco tendrán acceso, porque ellos no estuvieron presentes en la reforma para mejorar su acceso.
“Cuando tuve el privilegio de ser presidenta del Tribunal de Justicia de Hidalgo, instalamos tres centros de justicia alternativa indígena, porque eso sí es una manera de acercarlo, quitarles la burocracia que hoy tienen los sistemas formales de justicia y sentarlos a una mesa con su propia lengua.
“Y lo mismo llevar a esa mesa su único patrimonio, que puede ser una vaca o cinco o diez metros de terreno con un vecino, cosas que pueden ser pequeñas, por las cuales no pueden contratar a un abogado.
“Es importante que hagamos conciencia de qué vamos a hacer por los indígenas”, señaló la legisladora hidalguense, quien continuó con el repaso acerca de las fallas en atenderlas.
“También hay que señalar que se ha abusado” con los recursos de los indígenas. “Solo hay que ver qué pasó en la zona maya con millones de árboles que se derribaron.
“Sólo hay que ver cómo se afectaron sus ecosistemas y cómo se siguen afectando, lo mismo en Veracruz que en cualquier lugar del sureste de manera especial”, destacó Viggiano quien pidió un mayor presupuesto para esas comunidades











