Dos formas de aplicar la justicia, una para “morenos”, otra para el resto
Miguel Ángel Rivera, Opinión jueves 14, Ago 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
En los últimos días, de la misma fuente, autoridades de los Estados Unidos, han surgido denuncias contra ex funcionarios de la empresa “propiedad de todos los mexicanos”, Pemex, los cuales han puesto en evidencia al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, primero, por su incapacidad para detectar la corrupción (que su caudillo, el expresidente López, dio por erradicada) y, segundo, por el trato tan diferente que se concede a los presuntos culpables, según sea su militancia política.
Veamos:
Primero, trascendió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, ambos con residencia en Texas, de sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2019 y 2021 para manipular licitaciones y obtener contratos por millones de dólares.
De acuerdo con las autoridades del vecino país, mediante sobornos consistentes en artículos de lujo cuyo valor ascendería a alrededor de 150 mil dólares, los empresarios habrían obtenido contratos por al menos 2 millones 500 mil dólares.
Tras su arresto, Rovirosa fue presenta ante un juez y Ávila se encuentra prófugo. Las denuncias respectivas se presentaron ante un tribunal en el distrito sur de Texas, por participar en un presunto esquema de sobornos para retener y obtener negocios relacionados con Pemex.
El caso se Rovirosa, presidente de la empresa Roma Energy Holdings, se agrava porque las autoridades estadunidenses la presumen vinculado con cárteles mexicanos dedicados al narcotráfico. Extraoficialmente, a partir de documentos filtrados en Guacamaya Leaks, ese el empresario mexicano estaría ligado a la organización criminal de Los Zetas.
La denuncia del Departamento de Justicia no revela los nombres de los funcionarios de la “empresa de todos los mexicanos” que recibieron los sobornos y, por consiguiente, se ignora su paradero o si tienen todavía algún cargo en la misma paraestatal o en algunas otra institución oficial.
Como ocurre cada vez que autoridades de la vecina potencia se involucran en asuntos vinculados con la delincuencia mexicana, la primera reacción del gobierno que construye el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación fue de ignorancia.
En su conferencia mañanera, también “del pueblo”, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum, primero se manifestó escéptica, por lo que anunció que pedirá informes a PEMEX.
“Nosotros vamos a pedirle información a PEMEX porque presuntamente dicen que hubo algo en el periodo 2021. Entonces, evidentemente, tenemos que buscar la información para ver si es que hubo algún contrato relacionado con estas personas”, dijo la mandataria.
También manifestó que pedirá informes a las autoridades de los Estados Unidos, pero por los antecedentes – como el caso del “secuestro” de Ismael “El Mayo” Zambada – poco se puede esperar de esas fuentes, salvo lo que surja de los juicios contra los empresarios acusados.
«Primero hay que averiguar los contratos, si hubo contratos con estas personas y cuál es supuestamente la acusación que tuviera que ver con algún acto de corrupción, primero, antes que nada, porque hay que revisar si realmente hubo estos contratos», reiteró la mandataria mexicana su conferencia matutina.
El punto clave de este caso son las fechas en las que ocurrieron los sobornos, entre 2019 y 2021, según los investigadores estadunidenses. Es decir, en pleno mandato del expresidente López, el caudillo de la llamada Cuarta Transformación, quien como mencioné dio por erradicada la corrupción en el gobierno federal, para lo cual, decía, hubo que barrer de arriba hacia abajo. En esas fechas el titular de PEMEX era Octavio Romero Oropeza, el agrónomo actual director general del Infonavit, en donde ha intentado dar validez al despojo de viviendas financiadas por ese Instituto.
El juicio a los empresarios y su eventual condena demostrará que no fue así. Esto, además de que falta que las autoridades mexicanas, la “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR) deberá determinar quiénes fueron los que recibieron los sobornos, o ¿se borrarán y perdonarán sus malos antecedentes por haber ingresado a Morena?
Por el momento en medios oficiales se ha procurado destacar que uno de los acusados, Mario Alberto Ávila Lizárraga, se inició en la política al lado del infortunado Juan Camilo Mouriño y llegó a ser candidato a gobernador de Campeche.
En cuanto a Rovirosa Martínez, tabasqueño de origen, ha trascendido que estuvo ligado con su paisano el también empresario Omar Vargas, investigado por un antiguo fraude a Pemex mediante empresas fantasma.
El otro caso derivado de acciones de la justicia de los Estados Unidos alcanza a un funcionario de mayor nivel en la petrolera mexicana, con trayectoria también en cargos importantes en la administración pública.
Se trata de Carlos Alberto Treviño Medina, quien dirigió PEMEX entre 2017 y 2018, en la parte final del sexenio del presidente priista Enrique Peña Nieto.
Este personaje no tiene la bendición de Morena. De hecho fue detenido en los Estados Unidos por una solicitud de extradición interpuesta por el gobierno mexicano desde hace cuatro años, acusado de los delitos de «lavado» de dinero y asociación delictuosa en el caso de la planta Etileno XXI, en el cual está involucrada la empresa brasileña Odebrecht, también conocida como Novonor, que ha sido acusada de acciones de corrupción en varios países latinoamericanos, con el caso extremo del suicidio del expresidente de Perú Alan García.
Treviño Medina también fue subsecretario de Egresos de Hacienda en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y ocupó cargos en Energía y Economía, y como director corporativo de Finanzas y de Administración de Pemex.
El egresado del Teconológico de Monterrey, en donde obtuvo maestrías en Administración de Empresas e Ingeniería en Alimentos, es acusado de recibir supuestamente un soborno de cuatro millones.
La denuncia proviene de otro exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien también fue detenido por hechos de corrupción en el caso Odebrecht, como también se denomina el asunto de Etileno XXI.
En su denuncia, Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y a los integrantes de su círculo de poder – incluyendo a Luis Videgaray Caso y el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú – de haber instalado una vasta red de corrupción.
La coalición Por México al Frente, que llegó al poder con Andrés Manuel López Obrador como candidato, tomó ese asunto como una de sus banderas principales para combatir a los anteriores regímenes “conservadores” y “neoliberales”.
El testigo principal ha sido el mencionado Lozoya Austin, que se había refugiado en España, pero se logró su extradición por ser considerado un delincuente de alto nivel, pero al llegar a México pasó a ser un testigo protegido, con un trato privilegiado, como permitirle reclusión domiciliaria, la cual le fue revocada después de ser descubierto en un restaurante de lujo. Sin embargo, en febrero del año pasado volvió a recibir ese privilegio.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Lozoya habría recibido sobornos de 9. 1 millones de dólares a cambio de favorecer a Odebrecht con contratos. Asimismo, se le señaló de corrupción en la compra de dos empresas en pésimas condiciones: Agronitrogenados y Fertinal. La decisión se convirtió en un hoyo negro para Pemex, que tuvo pérdidas por mil 400 millones de dólares.
La Fiscalía General de la República ha alertado sobre un riesgo de fuga y se ha pronunciado en contra de los privilegios procesales otorgados a Lozoya.
Esas concesiones al ex director de Pemex esultaron injustificadas a la vista de los resultados, pues sus denuncias apenas llevaron a prisión a un exlegislador, claro del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, quien por cierto ya consiguió el perdón de sus pecados, pues la gobernadora “morena” de Campeche, la perseguidora de periodistas Layda Sansores San Román, lo incorporó a su gabinete. Su decisión la anunció en redes sociales el 3 de diciembre de 2024: “Hoy nombré a Jorge Luis Lavalle Maury como nuevo secretario de Desarrollo Económico, con quien trabajaremos en equipo por el bien de Campeche”.
Ahora el acusado de mayor nivel es Treviño Medina, casi declarado culpable.
