FGE: vinculación a proceso para 6 narcomenudistas en Playa
Quintana Roo lunes 8, Sep 2025DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez
- Aportó datos de prueba para que fueran imputados José Leónides “N”, Marysol “N”, César Augusto “N”, Yaser Eduardo “N”, Natanael “N” y Lizet “N”
La Fiscalía General de Quintana Roo informó que los imputados por narcomenudeo son identificados como José Leónides “N”, Marysol “N”, César Augusto “N”, Yaser Eduardo “N”, Natanael “N” y Lizet “N”.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, en acciones por separado, aportó datos de prueba y obtuvo de jueces de control, la vinculación a proceso para seis personas por hechos posiblemente constitutivos de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en Playa del Carmen.
Derivado de la detención en flagrancia de José Leónides “N” y Marysol “N” en la avenida Halcones de la colonia Villas del Sol; el primero fue vinculado a proceso por delitos contra la salud en la variante por posesión con fines de suministro de metanfetamina y cocaína, la femenina fue imputada por posesión simple de los mismos estupefacientes.
Por otro lado, César Augusto “N” fue detenido en avenida Laak entre avenidas Cigüeña y CTM del fraccionamiento Villas del Sol; recibió el auto de vinculación a proceso por posesión con fines de suministro de los estupefacientes denominados marihuana, metanfetamina y cocaína; del mismo modo, Natanael “N” fue vinculado a proceso por posesión simple.
Finalmente, Yaser Eduardo “N” y Lizet “N” fueron imputados por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple de la droga conocida como marihuana.
Cabe destacar, que los imputados José Leónides “N” y Lizet “N” quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por el tiempo que dure el proceso judicial.
Ex militar vinculado por abuso sexual contra menor
En otro caso, la FGE confirmó la vinculación a proceso de Jairo “N”, ex elemento del Ejército mexicano, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso sexual, privación ilegal de la libertad y lesiones en agravio de una niña de 9 años. El caso, ocurrido dentro de la Guarnición Militar de Cozumel, generó una ola de indignación social y reacciones institucionales que colocan bajo escrutinio los protocolos de seguridad en instalaciones castrenses.
Según la investigación ministerial, los hechos ocurrieron la noche del 30 de agosto en la colonia Centro de Cozumel. El imputado presuntamente trasladó a la menor en motocicleta hasta un domicilio dentro de la Guarnición Militar.
Posteriormente, la condujo a una zona de áreas verdes donde cometió los actos de abuso sexual, amenazándola con hacer daño a su madre si revelaba lo sucedido.
La niña fue abandonada en una rampa de desembarque de lanchas sobre la avenida Rafael E. Melgar, donde fue localizada horas después.
Su testimonio permitió identificar al presunto agresor y activar el protocolo de atención a víctimas, así como la apertura de la carpeta de investigación.
Tras el desahogo de pruebas iniciales, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Jairo “N” e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
El juez consideró que los delitos imputados son graves y representan un riesgo para la víctima y la comunidad, por lo que el acusado permanecerá en prisión mientras se desarrolla el proceso judicial.
La Fiscalía reiteró su compromiso de actuar con apego a los principios de protección a la niñez y garantía de los derechos humanos, y aseguró que continuará con las diligencias necesarias para evitar la impunidad en delitos de violencia sexual contra menores.
La comunidad de Cozumel reaccionó con profunda indignación. Cerca de 100 personas se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), exigiendo justicia y transparencia. Algunos manifestantes incendiaron parte del recinto militar, en señal de repudio ante lo que consideran una falla institucional grave.
Colectivos feministas y organizaciones civiles también se pronunciaron, condenando el hecho y solicitando que se refuercen los protocolos de supervisión dentro de instalaciones militares, así como el acompañamiento psicológico y legal para la víctima y su familia.
La gobernadora Mara Lezama expresó públicamente que su administración da seguimiento puntual al caso y que no se tolerará ningún acto de violencia contra niñas, niños y adolescentes
Delito de trata empaña a Q. Roo
Quintana Roo y el Estado de México se han convertido en los principales focos rojos del país en materia de trata de personas, concentrando el 45% de las víctimas registradas entre enero y julio de 2025.
Así lo revelan datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que documentan un total de 447 víctimas en todo el país, de las cuales 132 corresponden a Quintana Roo y 73 al Estado de México.
La trata de personas en México abarca diversas formas de explotación, incluyendo explotación sexual, trabajo forzado, pornografía infantil y reclutamiento con fines delictivos.
En el caso de Quintana Roo, el turismo masivo y la movilidad internacional han sido aprovechados por redes criminales para operar con discreción. En el Estado de México, el fenómeno se dispersa en zonas urbanas y suburbanas, con municipios como Atizapán de Zaragoza (8 casos), Naucalpan (7), Ecatepec (6) y Nezahualcóyotl (6) encabezando la lista.
Uno de los hallazgos más alarmantes es que 192 de las 447 víctimas eran niñas, niños y adolescentes. Quintana Roo reportó 49 menores afectados, mientras que el Estado de México documentó 35 casos, lo que evidencia una vulnerabilidad crítica en estas entidades.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha señalado que los menores son reclutados mediante engaños, regalos o promesas de empleo, y en algunos casos, incluso a través de videojuegos o redes sociales.
Aunque se han iniciado 362 carpetas de investigación a nivel nacional, especialistas advierten que la cifra real podría ser mucho mayor debido al subregistro y al temor de las víctimas a denunciar. Las fiscalías estatales han reforzado operativos, pero enfrentan limitaciones estructurales y falta de personal especializado.
La concentración de casos en Edomex y Quintana Roo exige una respuesta coordinada entre autoridades federales, estatales y sociedad civil. La trata de personas no solo vulnera derechos fundamentales, sino que perpetúa ciclos de violencia y exclusión. La protección de la infancia, la vigilancia en entornos turísticos y escolares, y la capacitación de cuerpos policiales son pilares urgentes para contener este delito.
