Morena cambia las leyes para combatir la extorsión, pero recorta el presupuesto
Miguel Ángel Rivera, Opinión miércoles 10, Sep 2025
CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
La extorsión “es el delito que más ha crecido. Les voy a dar un número. En 2018 había un promedio diario de 19 extorsiones, a enero de 2025 ha aumentado a 29, lo que representa un incremento del 58 % en tan solo 6 años.
“Las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades del delito de extorsión. Del mismo, la extorsión presencial es la del cobro de piso, deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña está siempre presionada por el delito de cobro de piso.
“El telefónico, como sabemos, que es más o menos posible que se pueda contener, es el que se hace, principalmente, desde los centros penitenciarios.
“Enfrentar este flagelo nos condiciona a concebirlo no como una conducta menor, que únicamente afecta la seguridad personal, sino también de manera cada vez más recurrente al patrimonio y a la esfera psicológica y emocional, entre otros bienes jurídicos.
“Actualmente, en muchas partes del país también se está dando a nivel de cargos en los ayuntamientos de los estados. ¿Cuáles? Fundamentalmente aquellos municipios de los más pequeños, de los que tienen menos capacidad de resistir las presiones del crimen organizado”.
El anterior negativo panorama fue expuesto ayer en la Cámara de Diputados, pero contra lo que se pudiera suponer, los datos no provienen de la oposición, sino de una fuente, muy confiable, de la llamada Cuarta Transformación, el abogado Leonel Godoy Rangel, originalmente priista, pero se sumó junto con su paisano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a la, primero, corriente democrática y luego frente al que sumaron partidos de izquierda, que lo llevaron a gobernador de su natal Michoacán. Además, su ficha biográfica lo presenta como profesor y criminólogo.
Por si no fueran suficientes tales referencias, Godoy Rangel se ha convertido en uno de los guardianes del “orden” en su Cámara, sobre todo cuando se trata de acallar a la oposición, eso sí, siempre con aparente respeto a las normas que rigen al Congreso y cada una de sus cámaras.
Esta vez, Rangel Godoy fue a la tribuna en su calidad de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales para presentar y justificar una iniciativa de la presidenta (con A) para reformar el artículo 73 constitucional en materia de extorsión.
“El proyecto de decreto que se presenta este día busca hacer frente a uno de los delitos que más lastima a la sociedad mexicana. Esta figura del delito de extorsión tiene graves repercusiones en la seguridad pública, en la economía y en la vida personal de muchas personas”, dijo en principio el legislador “moreno”, quien advirtió:
“Enfrentar este flagelo nos condiciona a concebirlo no como una conducta menor, que únicamente afecta la seguridad personal, sino también de manera cada vez más recurrente al patrimonio y a la esfera psicológica y emocional, entre otros bienes jurídicos”.
Por lo expresado por el ex gobernador michoacano, en Morena se mantiene la creencia en que las leyes son mágicas, pues con solo promulgarlas bastará para erradicar los delitos, como es el caso presente de la extorsión.
Esto porque, al mismo tiempo, en el Congreso se inició el trámite del presupuesto federal para el año venidero, en el cual el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha decidido recortar el presupuesto destinado a seguridad, en vez de aumentarlo.
El proyecto de presupuesto presentado por el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prevé un recorte drástico en los recursos destinados a la Secretaría de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch, quien ha tenido éxitos reales en el combate a la delincuencia, pero en vez de compensarlo con mayors recursos, se le regatean.
En el proyecto de presupuesto para el año venidero, esa dependencia enfrentaría un recorte presupuestal de 10 mil millones de pesos en 2026.
De acuerdo con la propuesta del gobierno federal, la SSPC recibiría 60 mil 110.8 millones de pesos, lo que representa una reducción de 17.5% en términos reales respecto a los 70 mil 422.1 millones ejercidos en 2025.
En cambio, la Secretaría de Marina, actualmente inmersa en un escándalo por las denuncias de que altos mandos están involucrados en el también grave delito del hauchicoll -supuestamente erradicado en el anterior sexenio encabezado por el caudillo de la llamada Cuarta Transformación, el político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador- se mantiene prácticamente sin cambios nominales, aunque con una caída de 3.3% en términos reales, al pasar de 65 mil 888.7 millones en 2025 a 65 mil 926.8 millones en 2026, lo cual no compensa el efecto de la inflación.
En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dispondrá de 170 mil 753.1 millones de pesos, un incremento de 12 mil 465.3 mil.
Además, es de tomarse en cuenta que ese ajuste al presupuesto
se presenta en medio de la presión del gobierno de Estados Unidos para que México muestre resultados concretos en el combate a los cárteles del narcotráfico y en el control de la producción de fentanilo, droga sintética que ha generado una crisis de salud pública en territorio estadounidense.
Por eso, ayer en el Senado el “defensor” de Morena pronto escuchó rectificaciones y aclaraciones de parte de la oposición, que no acepta soluciones “milagrosas” ni la militarización de la vida nacional.
Para empezar, a nombre de la fracción parlamentaria de MC, Laura Hernández García, que dijo estar de acuerdo con la iniciativa de reforma, pero advirtió que el delito de extorsión ha sido utilizado por los grupos de delincuencia organizada para obtener recursos económicos, lo que ha tenido graves consecuencias para las personas, para las comunidades y para todo el tejido social en México. Dio cifras más alarmantes que las reveladas por Godoy.
“Es cierto que hay un grado enorme de denuncias, aproximadamente 11 mil al año, pero sabemos perfectamente que esta cifra no es real, porque hay un gran número de personas que han sido extorsionadas y que no presentan denuncia, ¿por qué? Por la alta impunidad que prevalece en este sistema de justicia”, indicó la diputada de MC, quien precisó que los índices de ese delito han “rebasado los tres órdenes de gobierno, debido a los rasgos de complejidad y a las herramientas que utilizan para llevar a cabo este delito. Su crecimiento no obedece solamente al crecimiento de poder de los grupos criminales organizados, sino también al debilitamiento de las autoridades”.
Mencionó también que “la extorsión es ejecutada por múltiples actores, no solamente los grandes cárteles o las bandas, sino delincuentes comunes, que cobijados bajo el paraguas del crimen organizado se hacen pasar como parte de este y lo que hacen es que la víctima obviamente esté amenazada, coaccionada y pierda, incluso, su tranquilidad emocional.
La diputada sostuvo que “ante este panorama, la bancada naranja estamos de acuerdo en la necesidad de esta reforma y votaremos a favor, pero tenemos un gran compromiso todos los diputados que hoy están aquí presentes, y ya lo dijo el diputado Godoy, tenemos un reto, hacer la legislación secundaria y esta legislación secundaria tiene que homologar las penas, generar una política contra la criminalidad de manera unificada”.
Mencionó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el Envipe del Inegi, según la cual durante 2023 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de 5 mil 213 extorsiones por cada 100 mil habitantes. “Esto es escandaloso”.
En 85.6 % de estos casos la extorsión fue telefónica y en el 12.9 de las ocasiones la extorsión fue pagada por la víctima. Los datos de incidencia de este delito dejan en claro que se ha convertido en un grave problema que sí afecta a la economía, pero a la vida de las personas, ya que le afecta emocionalmente y también el grado de estar viviendo bajo esa amenaza hay un gran daño a la salud mental de nuestros habitantes.
El diputado del PRI, César Alejandro Domínguez Domínguez, expresó asimismo que su fracción parlamentaria está de acuerdo con los cambios planteados, pero advirtió que el proyecto no debe quedar solamente como una reforma simbólica, sino que aterrice en cambios reales.
Es decir, para combatir el delito se necesitan acciones y, claro, más recursos.
