Ceremonias ocultan que la SCJN perdió la capacidad de decidir su presupuesto
Miguel Ángel Rivera, Opinión jueves 11, Sep 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Los muertos conservan una importante característica: saben guardar silencio.
Por eso es fácil acusarlos de todo lo malo. No tienen forma de defenderse.
Estas disquisiciones vienen al caso por la declaración de la presidenta (con A), Claudia Sheinbaum Pardo, acerca del aumento previsto en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), actualmente a revisión en el Senado de la República.
El mencionado proyecto propone, para que lo aprueben los legisladores federales, primero los senadores y luego los diputados federales, un aumento de casi 15 mil millones de pesos para el renovado Poder Judicial Federal que, a su vez, se presenta como un dechado de austeridad republicana.
De aprobarse, el presupuesto para el referido Poder Judicial pasaría de 70,983.6 millones de pesos que ejerce este año a 85,960.2 millones de pesos.
Para su órgano de Administración Judicial proyectan 12 mil millones más: actualmente tiene una bolsa de 62,025.5, la cual se prevé aumentar a 74,224.4 millones de pesos. Al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial lo equipan con mil 856.6 millones de pesos.
En particular para la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) el incremento recomendado pasaría de cinco mil 208 millones de pesos a cinco mil 869 millones para 2026. Una “modesta” diferencia de apenas poco más de 600 millones de pesos, cantidad más que justificada, a pesar de que el nuevo máximo tribunal está integrado por ministros (nueve en lugar de once) y pregona un plan de austeridad.
Tal vez la diferencia estriba en pagar los “folklóricos” (por usar un término no muy despectivo) rituales que supuestamente acercan a los ministros a los dioses de nuestros ancestros originarios, aunque los aleje de la Constitución General de la República, que juraron respetar y proteger, documento fundamental donde se estipula que el estado mexicano es laico y eso elimina a toda clase de advocaciones religiosas, sean o no autóctonas.
Pero, sobre todo, la diferencia radica en que los anteriores ministros –salvo las tres incondicionales de la llamada Cuarta Transformación, Lenia Batres, Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz– no aceptaron someterse a los designios del caudillo y fundador del actual régimen y se les castigó, primero, con recortes al dinero a su alcance, como fue el caso de la desaparición de fideicomisos en donde los ministros guardaban y administraban los recursos para los trabajadores de ese poder, incluidas sus pensiones.
Además, los indomables jueces, magistrados y ministros resintieron un considerable recorte a su presupuesto para el presente año, aprobado por los incondicionales legisladores de la llamada Cuarta Transformación que habían entrado en funciones en septiembre de 2024 apenas unos dos meses antes de que se aprobara el PEF y un mes antes de que terminara el mandato del caudillo que promovió el cese de cientos de juzgadores que habían preservado su autonomía.
En efecto, el presupuesto para el Poder Judicial para el presente año, en vez de aumentar como sería lógico para compensar la inflación, registró una disminución real del 13 por ciento en comparación con el presupuesto de 2024. Este recorte, aprobado por la Cámara de Diputados, es el más grande de los últimos 15 años y obligó a la Corte a ajustar gastos en actividades programadas y proyectos institucionales.
Los ministros, en particular su presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, expresaron su preocupación debido a que recorte podría afectar el cumplimiento con los derechos laborales de sus trabajadores hasta la puesta en práctica de reformas impuestas por el Ejecutivo Federal, como la penal y la civil. Por supuesto nadie atendió sus advertencias.
Después, como ya lo sabemos, se puso en marcha una asonada presentada como reforma constitucional, que se aprobó gracias a artificiales mayorías calificadas de Morena y sus satélites del PT y PVEM, las cuales, por cierto, fueron posibles por la defección de la mayoría de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal (TEPJF) que renegaron de su origen, pues forman parte del sancionada Poder Judicial. Su recompensa fue mantenerse unos años en el cargo, pero como las leyes no pueden ser de aplicación particular, tuvieron que soportar que permanezcan a su lado dos magistrados que mantuvieron su independencia de criterio.
Todo eso quedó en el pasado, pues ahora tenemos una nueva Suprema Corte de Justicia (salvo los tres casos mencionados) que, además, está en proceso de convertirse en un nuevo atractivo turístico al representar supuestas ceremonias adoptadas de los pueblos originarios, las cuales pretenden llevar a diferentes rumbos de la República, pues han prometido impartir justicia en forma itinerante.
Como apunté, además de pagar los honorarios de los chamanes, brujos y hechiceros, en caso de cumplir con la promesa de llevar la Corte a todos los rumbos del país, habrá un costo adicional, para traslados y viáticos para los ministros y para sus secretarios y asesores, que llevarán lo más pesado de la carga de preparar las sentencias.
Pero también podría darse el caso de que el aumento de presupuesto resulte una quimera, pues en el nivel más alto del régimen no parece haber total acuerdo con esa decisión de dar más dinero a los ministros.
En su mañanera de ayer, jueves, la presidenta Sheinbaum expresó su desacuerdo con ese proyecto, por considerar que es producto del anterior Poder Judicial al que tantas críticas ha destinado, sobre todo por supuestos excesos en el manejo del dinero que se les asignaba.
La mandataria anunció que solicitará al Legislativo un recorte de 15 mil millones de pesos sobre los casi 86 mil millones solicitados, con lo que dejaría sin efecto, prácticamente, el aumento solicitado por la Suprema Corte, que aparentemente fue incluido sin cambios en el proyecto de PEF sometido a la consideración de los diputados.
Es de recordar que, conforme a la ley, por tratarse de uno de los tres poderes, igualitarios, sobre los que se fundamenta la República, el máximo tribunal del país era el encargado de elaborar la propuesta sobre su presupuesto, en ejercicio de su autonomía, y ésta debe ser incorporada por la Secretaría de Hacienda al presupuesto de gasto de la federación que después senvía al Legislativo.
Esto aparecía en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 100, último párrafo, el cual establecía:
“La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación. Con ambos se integrará el presupuesto del Poder Judicial de la Federación que será remitido por el Presidente”.
Pero a partir de la reforma aprobada el año anterior por la mencionada mayoría oficialista en el Congreso, la parte final de ese mandato constitucional quedó como sigue:
“El órgano de administración judicial elaborará el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Los presupuestos serán remitidos por dicho órgano para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
“En el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley”.
Esto quiere decir que, efectivamente, la presidenta Sheinbaum tiene la facultad de pedir a los diputados que no otorguen a la Suprema Corte lo que pidieron esos “perversos” ministros que fueron arrojados del máximo tribunal del país, claro con las tres repetidas excepciones.
Claro, también los diputados podrán aplicar el recorte, tal como ya lo hicieron el año pasado.
Como complemento vale recordar otro notable recorte, éste en Seguridad.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo titular es el exitoso Omar García Harfuch, resentirá una disminución en sus recursos de 10,300 millones de pesos, pues pasan de 70,422 a sólo 60,110 millones de pesos, lo cual representaría una disminución de 18.6 por ciento en términos reales.
Esta baja en un renglón tan importante no se compensa con el aumento a la Fiscalía General de la República, cuyo presupuesto sube casi mil millones, al incrementarse de 20,126 a 21,059.4 millones de pesos. En cambio, para la Secretaría de la Defensa Nacional está proyectado un posible aumento en su presupuesto de 2.9 por ciento en términos reales.
