La Sedetus intensifica vigilancia contra desarrollos ilegales en municipios de QR
Quintana Roo domingo 28, Sep 2025- Coordinación con autoridades ambientales y fiscales
- Aumenta número de inspectores con para ampliar la cobertura de supervisión en zonas críticas

Ante el crecimiento de desarrollos inmobiliarios irregulares, la Sedetus ha reforzado sus acciones de inspección y clausura.
Por redacción DIARIOIMAGEN
Chetumal.- Ante el alarmante crecimiento de desarrollos inmobiliarios irregulares en el estado, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) ha reforzado sus acciones de inspección y clausura, en coordinación con autoridades ambientales y fiscales, para frenar el avance de proyectos que violan la normatividad urbana y ambiental.
José Alonso Ovando, titular de Sedetus, informó que el número de inspectores fue incrementado de 2 a 12, con el objetivo de ampliar la cobertura de supervisión en zonas críticas como Tulum, Holbox, Puerto Morelos y la Zona Continental de Isla Mujeres. Hasta septiembre de 2025, se han boletinado 88 desarrollos irregulares, de los cuales 26 están en proceso de revisión.
Entre junio y agosto de este año, se clausuraron al menos 19 desarrollos por carecer de permisos ambientales o exceder los límites de construcción permitidos:
– Puerto Morelos: 7 proyectos clausurados, 6 por falta de autorización de impacto ambiental y 1 por invadir áreas verdes.
– Holbox: 2 desarrollos detenidos por construir en zonas protegidas sin permisos.
– Tulum: 10 desarrollos clausurados en la ruta de los cenotes por incumplimientos ambientales.
Sedetus ha lanzado campañas de alerta para evitar que ciudadanos sean víctimas de fraude inmobiliario. Muchos de estos desarrollos carecen de servicios básicos como agua potable, electricidad y drenaje, y se ubican en terrenos sin legal tenencia. La dependencia recomienda verificar que los tratos estén asesorados por agentes inmobiliarios certificados.
La estrategia incluye colaboración con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General del Estado. Esta última ha intervenido en casos como el aseguramiento del condominio Adamar en Tulum, por delitos penales relacionados con el uso indebido del suelo.
En paralelo, Profepa ha clausurado más de 2,500 hectáreas en Quintana Roo por desmontes ilegales, especialmente en zonas selváticas utilizadas para monocultivos agroindustriales. La dependencia ha iniciado 13 denuncias penales y convocado una mesa interinstitucional para combatir la deforestación.
“Nuestro compromiso es garantizar que el desarrollo urbano en Quintana Roo se realice con apego a la ley, protegiendo el medio ambiente y los derechos de los ciudadanos”, afirmó Alonso Ovando.
La lucha contra los desarrollos ilegales se ha convertido en una prioridad estatal, no sólo por sus implicaciones urbanas, sino por el impacto ambiental y social que generan en una región marcada por la presión turística y el crecimiento desordenado.
Denuncian venta ilegal de terrenos
La construcción del Tren Maya, uno de los megaproyectos federales más ambiciosos en el sureste mexicano, ha desatado una ola de denuncias por impactos ambientales y sociales. Entre ellas, destaca la acusación del activista José Urbina Bravo, integrante del colectivo “Sélvame del Tren”, quien alerta sobre la proliferación de ventas ilegales de terrenos en la selva maya, especialmente en el Tramo 5 que conecta Cancún con Tulum.
Urbina Bravo denuncia que, tras el avance de las obras, han surgido múltiples anuncios en redes sociales promoviendo terrenos “cerca del Tren Maya”, con frases como “¡Vente a vivir a la selva!” o “¡Terrenos a minutos del tren!”. Sin embargo, detrás de esta publicidad se esconde una dinámica de urbanización descontrolada, sin servicios básicos ni permisos legales, que amenaza el ecosistema kárstico de la región.
“Lo que está haciendo este proyecto inútil es atraer a un montón de parásitos que quieren contaminar la selva con lo que ellos llaman progreso”, declaró Urbina, refiriéndose a desarrolladores que lucran con la devastación ambiental.
El Tramo 5 del Tren Maya, que abarca 121 kilómetros de largo por entre 60 y 90 metros de ancho, ha sido escenario de una tala masiva: se estima la pérdida de más de 8 millones de árboles, además de lianas, hongos y otras especies que conforman la selva baja.
Además, se han perforado al menos 15 mil puntos en el subsuelo para instalar pilotes metálicos que sostienen el tren elevado. Estos pilotes, según Urbina, se están oxidando y liberando metales pesados al acuífero, junto con residuos de cemento y combustibles, contaminando los ríos subterráneos que abastecen de agua a la región.
El activista señala que la venta de terrenos ilegales está siendo impulsada por “mercenarios inmobiliarios” que operan sin consecuencias legales. A través de plataformas como Instagram, se promueven desarrollos en zonas protegidas, sin drenaje ni estudios de impacto ambiental.
“Son personas guapas mostrando el escote, vendiendo la selva en redes sociales. No les importa si los departamentos están encima de la duna o si tienen demanda. Es una locura”, afirmó Urbina.
El colectivo “Sélvame del Tren” exige mayor transparencia en la información oficial, regulación estricta del mercado inmobiliario en zonas selváticas y una revisión profunda del impacto ambiental del Tren Maya. Para Urbina, el daño causado por este proyecto supera incluso al de empresas como Calica, ampliamente criticadas por su devastación territorial.












