Las encuestas pagadas para ser gobernador@ de Q. Roo, rumbo al 2027
Quintana Roo miércoles 1, Oct 2025DERECHO DE RÉPLICA José Luis Montañez
- Se promueven en redes sociales, mediante spots, como si fueran papas fritas

Se ha hecho costumbre en estos tiempos que los aspirantes a un cargo de elección popular se promuevan en las redes sociales mediante encuestas o spots, como si se tratara de papas fritas.
Confundir a los posibles electores fijando a rajatabla la imagen y el nombre de una aspirante mujer u hombre parece ser el camino a seguir sugerido dizque por los expertos en imagen y promoción.
Poco serio resulta saber que en las encuestas que se manejan, Gino Segura va a la cabeza de los aspirantes, seguido por la alcaldesa de Cancún, Ana Paty Peralta, mientras que en tercer lugar aparece Rafael Marín Mollinedo, cercanísimo al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y actual director de Aduanas, a nivel nacional.
Todos estos nombres son los que se manejan dentro de Morena, el partido de “El Peje”.
Creo que la opinión pública y el ciudadano común y corriente de Quintana Roo tienen derecho a saber qué han hecho por su estado estos tres personajes y los demás que aspiran al cargo de gobernador y cuándo fue el último informe sobre su manifestación de bienes que hicieron, para saber cómo entran y cómo salen en propiedades y bienes, en caso de ser electos, o electa, gobernador de Quintana Roo.
Porque luego resulta que son ricos de abolengo, con propiedades en Puerto Cancún y la Huayacán, cuando es sabido de sobra que cuando entraron a la “polaka” iban con una mano atrás y otra adelante.
O qué?
A poco deveras piensan que el pueblo sabio es tonto.
Gobierno de México analiza compra de terreno y puerto de Calica
En un giro decisivo para la política ambiental y turística del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que su administración contempla la compra del terreno y la concesión portuaria de la empresa Vulcan Materials Company -operadora de la mina Calica (ahora Sactun)- ubicada al sur de Playa del Carmen, en el municipio continental de Cozumel.
Durante su conferencia “La Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum declaró que “esa mina ya no se puede explotar” y que se estudia su reconversión hacia un proyecto turístico de bajo impacto ambiental. “Estamos analizando cuánto costaría comprar el terreno y la concesión del puerto. Se están evaluando todas las viabilidades para llegar a un acuerdo antes del arbitraje internacional”, afirmó la mandataria.
La mina de Calica fue clausurada en 2022 por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), tras denuncias de que la explotación había excedido los límites autorizados, afectando cenotes y acuíferos. En septiembre de 2024, el área fue declarada oficialmente como Área Natural Protegida.
Vulcan Materials respondió con una demanda internacional, alegando que las acciones del gobierno mexicano constituían una “expropiación”. Inicialmente solicitó una compensación de 1,500 millones de dólares, cifra que ha aumentado a 1,900 millones (unos 37 mil millones de pesos), bajo el amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Sheinbaum Pardo subrayó que el gobierno no otorgará nuevas concesiones mineras y que su enfoque está en resolver conflictos socioambientales heredados. En el caso de Calica, se busca evitar una prolongada disputa legal y transformar el sitio en un espacio turístico sustentable, preservando el ecosistema de la región.
“Las tierras son de ellos, pero el problema fue que se salieron del área autorizada. Nunca hubo expropiación”, aclaró la presidenta, quien también destacó que el diálogo con la empresa continúa, con miras a evitar un fallo arbitral desfavorable.
La posible compra del terreno y puerto de Calica marcaría un precedente en la defensa del patrimonio natural frente a intereses extractivos, y podría abrir la puerta a un nuevo modelo de desarrollo turístico en la Riviera Maya, más respetuoso con el medio ambiente y las comunidades locales.
Cronología del conflicto ambiental
El conflicto entre la empresa estadounidense Vulcan Materials Company -operadora de la mina Calica (ahora Sactun)- y el gobierno mexicano se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de la tensión entre desarrollo económico, protección ambiental y soberanía territorial. A continuación, se presenta una cronología detallada del pleito, desde sus orígenes hasta las negociaciones actuales.
1986: Vulcan Materials obtiene concesiones para explotar piedra caliza en terrenos al sur de Playa del Carmen, en el municipio continental de Cozumel. La empresa construye un puerto privado (Punta Venado) para exportar materiales a Estados Unidos.
2000–2010: La mina Calica opera con permisos federales, pero organizaciones ambientalistas y comunidades locales denuncian afectaciones a cenotes, selvas y acuíferos.
Mayo de 2022: La Profepa clausura parcialmente las operaciones de Calica por exceder los límites autorizados de extracción. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa a la empresa de “ecocidio” y propone convertir el terreno en un parque natural.
2023: Vulcan Materials presenta una demanda internacional contra México bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), alegando expropiación indirecta. Solicita inicialmente una compensación de 1,500 millones de dólares.
Septiembre de 2024: El gobierno federal declara el área como Área Natural Protegida, lo que impide cualquier reactivación minera. La empresa eleva su demanda a 1,900 millones de dólares, argumentando pérdidas por la clausura y la cancelación de permisos.
Octubre de 2024: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publica estudios que confirman daños a ecosistemas subterráneos y propone un plan de restauración ecológica en la zona.
Septiembre de 2025: La presidenta Claudia Sheinbaum declara que “esa mina ya no se puede explotar” y revela que su gobierno analiza comprar el terreno y la concesión portuaria para evitar un fallo arbitral desfavorable.
Octubre de 2025: Sheinbaum Pardo confirma que se busca reconvertir el sitio en un proyecto turístico sustentable. “Estamos evaluando cuánto costaría comprar el terreno y el puerto. No se trata de expropiar, sino de resolver el conflicto con responsabilidad”, afirmó en conferencia.











