La FGE obtiene vinculación a proceso para 2 extorsionadores en Benito Juárez
Quintana Roo lunes 6, Oct 2025DERECHO DE REPLICA José Luis Montaéz
- Exigían 40 mil pesos de “piso” a vendedor en El Crucero”
En el corazón de nuestras ciudades, donde la vida cotidiana se entreteje entre puestos ambulantes, parques y avenidas, persiste una amenaza silenciosa que vulnera no solo la economía de los trabajadores informales, sino también su derecho a vivir sin miedo. El llamado “derecho de piso” -una extorsión disfrazada de cuota- se ha convertido en una práctica criminal que somete a comerciantes, artesanos y emprendedores a una lógica de terror. Lo que debería ser un espacio público para el trabajo digno, se convierte en terreno fértil para el abuso.
La reciente vinculación a proceso de dos sujetos por extorsión en Benito Juárez, Quintana Roo, no es solo una nota judicial: es un recordatorio de que la impunidad no puede ser la norma. Que la justicia, aunque lenta, debe ser firme. Y que cada caso judicializado representa una oportunidad para recuperar la confianza en las instituciones.
Tras presentar los datos de prueba correspondientes, la Fiscalía General del Estado obtuvo de un Juez de Control el auto de vinculación a proceso para Juan Manuel “N” y Luis Enrique “N”, por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos del delito de extorsión, en agravio de una víctima de identidad reservada.
Los ahora imputados son señalados por hechos ocurridos el 12 de septiembre del presente año, cuando la víctima se encontraba trabajando en su puesto de zapatos ubicado en el parque de El Crucero, en la Supermanzana 63. Según la denuncia, un adolescente se le aproximó y le informó que cuatro hombres habían preguntado por él, identificándolo como el responsable de pagar los “permisos” para trabajar en el parque.
El menor le comunicó que los sujetos exigían el pago de 40 mil pesos por el llamado “derecho de piso”. Además, relató que le colocaron un arma de fuego en la cintura y le despojaron de su dinero y teléfono celular. Posteriormente, el adolescente le señaló a dos hombres a bordo de una motocicleta y a otros dos cruzando la avenida José López Portillo, quienes lo habían amenazado.
Minutos después, los cuatro sujetos —entre ellos los ahora imputados— se aproximaron directamente a la víctima y lo rodearon. Luis Enrique “N” le reiteró la exigencia del pago, advirtiendo que, de no cumplir, lo privarían de la vida. Mientras tanto, otro individuo le apuntaba con un arma de fuego al abdomen y le sustraía nuevamente dinero y su teléfono celular.
Juan Manuel “N” le indicó que tenían “ubicado” tanto a él como a su familia, y posteriormente se retiraron del lugar.
La Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Secuestro y Extorsión integró y judicializó la carpeta de investigación correspondiente. En audiencia, el órgano jurisdiccional dictó la vinculación a proceso para ambos imputados, quienes permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva por dos años o el tiempo que dure el proceso judicial.
Este caso representa un avance en la lucha contra la extorsión en espacios públicos, una práctica que ha cobrado fuerza en diversas regiones del país. La vinculación a proceso de Juan Manuel “N” y Luis Enrique “N” no solo responde a una denuncia puntual, sino que envía un mensaje claro: la intimidación y el abuso no pueden seguir siendo parte del paisaje urbano.
La Fiscalía ha dado un paso importante, pero el reto es estructural. Se requiere una política pública que proteja a los trabajadores informales, que fortalezca la presencia institucional en zonas vulnerables y que garantice que cada denuncia tenga seguimiento. Porque detrás de cada puesto de zapatos, cada carrito de comida, cada vendedor ambulante, hay una historia de esfuerzo que merece respeto, no amenazas.
A consulta, aumento en transporte
Quintana Roo vivió un ejercicio democrático inédito en materia de movilidad: una consulta ciudadana estatal que podría abrir la puerta a un ajuste en las tarifas del transporte público. Organizada por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), la jornada busca recabar la opinión de los usuarios sobre la calidad del servicio, sus necesidades y su disposición a pagar más por un transporte más moderno, seguro y eficiente.
La consulta se llevó a cabo en 48 puntos distribuidos en todos los municipios del estado, incluyendo 16 módulos en Cancún, ubicados en domos deportivos, palacios municipales y espacios públicos de alta afluencia.
Rafael Hernández Kotasek, titular de Imoveqroo, explicó que los resultados serán públicos el miércoles 8 de octubre y servirán como base para la Estrategia Estatal de Transporte Público, que se presentará en las semanas siguientes.
Actualmente, las tarifas están reguladas por los ayuntamientos, pero se analiza una reforma a la Ley de Movilidad Estatal que permitiría una coordinación más estrecha entre niveles de gobierno.
Exceso de trámites entorpece entrega de insumos: CCE
Quintana Roo enfrenta una paradoja que amenaza la eficiencia de su industria: el exceso de trámites administrativos para el transporte de insumos. Lo que debería ser un flujo ágil de mercancías entre municipios se ha convertido en un laberinto burocrático que encarece operaciones, retrasa entregas y pone en riesgo la competitividad del sector hotelero y restaurantero.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, encabezado por Javier Olvera Silveira, ha levantado la voz ante esta problemática que afecta a cientos de empresas proveedoras en el estado.
Según Olvera Silveira, el servicio de proveeduría transita diariamente entre municipios, pero en cada jurisdicción se requieren permisos distintos para circular. Esto implica revisiones por parte de diferentes autoridades sobre un mismo cargamento, lo que genera altos costos operativos y demoras en la entrega de insumos.
“Se requieren múltiples permisos para trasladar productos de un municipio a otro dentro del estado. Estas revisiones pasan de una dependencia a otra, aun cuando sea un mismo cargamento, lo que implica altos costos operativos”, señaló el líder empresarial.
Además, explicó que muchas empresas reciben pedidos con tiempos de entrega muy cortos, y el exceso de trámites complica el cumplimiento de estos plazos. “En ocasiones, si una unidad es detenida por falta de algún permiso, se retrasa todo el movimiento de traslado”, agregó.
El CCE advierte que esta situación afecta principalmente a los sectores hotelero y restaurantero, que dependen de una cadena de suministros eficiente para operar. La falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno -municipal, estatal y federal- ha generado un sistema fragmentado que obstaculiza el tránsito de mercancías.
