Desmantelan más de 130 cámaras de videovigilancia ilegales en el estado
Quintana Roo miércoles 15, Oct 2025DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez
- Operativos coordinados con la Marina y Secretaría de Seguridad Ciudadana
Screenshot
En una acción conjunta entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo y la Secretaría de Marina (Semar), se desmantelaron 134 cámaras de videovigilancia no autorizadas instaladas en infraestructura pública de diversos municipios del estado. El operativo, realizado durante el presente año, responde a preocupaciones sobre la privacidad ciudadana y el uso indebido de tecnología de monitoreo en espacios públicos.
Las cámaras fueron localizadas en postes, avenidas y estructuras municipales sin contar con registro oficial ni autorización por parte de las autoridades estatales. Los dispositivos fueron asegurados y puestos a disposición del área jurídica de la SSC para su análisis y posible vinculación con actividades ilícitas.
Según el comunicado oficial de la SSC, la instalación de equipos de videovigilancia sin control institucional representa un riesgo potencial para la privacidad de la ciudadanía. Las imágenes captadas por estos dispositivos podrían ser utilizadas con fines no autorizados, interfiriendo incluso en investigaciones oficiales o vulnerando derechos fundamentales.
La dependencia subrayó que todo dispositivo colocado en espacios públicos debe contar con registro y autorización, conforme al marco legal vigente. La operación de cámaras sin estos requisitos puede constituir una amenaza directa a la seguridad pública y al orden institucional.
El retiro de las cámaras se realizó en el marco de operativos urbanos que involucraron recorridos de inspección en zonas estratégicas. La participación de la Semar refuerza el carácter interinstitucional de la medida, que busca garantizar que los sistemas de vigilancia en el estado operen bajo supervisión legal y técnica adecuada.
Hasta el momento, no se ha revelado públicamente quiénes instalaron los dispositivos ni con qué propósito. Sin embargo, la SSC indicó que se dará seguimiento jurídico a cada caso, y que se reforzarán los protocolos de inspección para evitar futuras instalaciones irregulares.
La ciudadanía ha sido exhortada a reportar cualquier cámara sospechosa o instalación no identificada en espacios públicos, como parte de una estrategia de vigilancia colaborativa.
Van 1,500 procesos contra negocios que usan plásticos de un solo uso
En un esfuerzo por reforzar la legislación ambiental vigente, la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) de Quintana Roo ha iniciado más de 1,500 procesos administrativos contra establecimientos que continúan utilizando plásticos de un solo uso, a pesar de la prohibición establecida en la llamada “Ley de plásticos”. Esta medida busca consolidar prácticas más sostenibles en el estado y proteger los ecosistemas locales.
La normativa en cuestión forma parte de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos, aprobada en 2022, que prohíbe el uso de productos como bolsas, popotes, vasos, platos y cubiertos de plástico desechable en comercios, restaurantes y otros giros comerciales. La ley contempla sanciones económicas para quienes incumplan, que podrían superar el medio millón de pesos.
El titular de la PPA, Alonso Fernández Lemmen, informó que los negocios tienen hasta diciembre de 2025 para eliminar por completo estos insumos. Las inspecciones se han intensificado en municipios como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal, donde se han detectado reincidencias en el uso de materiales prohibidos.
Fernández Lemmen señaló que el objetivo no es únicamente sancionar, sino fomentar una transición hacia modelos de consumo más responsables, promoviendo alternativas biodegradables y reutilizables.
Quintana Roo, con su alta afluencia turística y riqueza natural, enfrenta retos significativos en la gestión de residuos. El uso indiscriminado de plásticos de un solo uso ha contribuido a la contaminación de playas, cenotes y áreas protegidas. Esta campaña busca reducir la huella ambiental del sector comercial y fortalecer la cultura ecológica entre consumidores y empresarios.
Mayas denuncian apropiación de su patrimonio biocultural
Integrantes de comunidades mayas en José María Morelos, Quintana Roo, han interpuesto denuncias formales ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) por el uso indebido de su patrimonio biocultural en el desarrollo del proyecto turístico “Maya Ka’an”, impulsado sin consulta ni consentimiento previo.
El proyecto turístico “Maya Ka’an” abarca más de 900 mil hectáreas entre los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Tulum. Desde 2010, ha sido promovido como un modelo de turismo vivencial, enfocado en la cultura maya, sus tradiciones, gastronomía y entorno natural. Sin embargo, las comunidades afectadas denuncian que esta iniciativa mercantiliza su identidad y saberes ancestrales sin respetar sus derechos colectivos.
Acompañadas por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), las comunidades presentaron una queja ante Indautor por presuntas infracciones a la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. También se cuestiona el registro de la marca “Maya Ka’an” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), gestionado por el grupo Amigos de Sian Ka’an, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y el empresario Bernardo Beguerisse.
Las comunidades señalan que el proyecto se ha desarrollado sin mecanismos de consulta previa, libre e informada, lo que vulnera tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el marco constitucional mexicano. Solicitan que se detenga la promoción comercial del destino hasta que se garantice su participación activa y se reconozca su derecho a decidir sobre el uso de su patrimonio.
El patrimonio biocultural maya incluye conocimientos sobre medicina tradicional, agricultura, rituales, lengua, arquitectura y cosmovisión. Su apropiación sin consentimiento representa una forma de extractivismo cultural, que puede despojar a las comunidades de sus derechos sobre prácticas que han preservado por generaciones.
ProDESC y las comunidades demandan que Indautor investigue las irregularidades y emita medidas cautelares para proteger el patrimonio indígena. También exhortan al gobierno estatal a revisar el modelo de turismo que promueve y a establecer canales de diálogo con las comunidades originarias.
