La extorsión y el comercio ilegal asfixian al pequeño comercio
Seguridad lunes 20, Oct 2025- Tiendas operan bajo la sombra del miedo
- Alista el Ejecutivo federal iniciativa para que este delito se persiga de oficio y se castigue con penas de hasta 15 años

Pequeños comercios en varios estados operan bajo la sombra del miedo por la presión del crimen organizado, que les cobra derecho de piso y los obliga a vender productos ilegales.
Ante la el aumento de la extorsión en el país con cifras récord de casos, donde los pequeños comercios operan bajo la sombra del miedo por la presión del crimen organizado, el Ejecutivo federal alista una iniciativa de ley general, que busca que este delito se persiga de oficio en el país y se establezcan penas de hasta 15 años de prisión.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, recordó que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al artículo 73 de la Constitución para dotar de facultades al Congreso de la Unión y emitir una Ley General contra la Extorsión, con el objetivo de que todas las entidades federativas persigan este delito de oficio y su investigación no dependa de la presentación de una denuncia.
Explicó que la iniciativa fue construida en una mesa técnica conformada por varias dependencias del Gobierno de México y comprende sustantivamente: la coordinación entre las autoridades de los distintos órganos de gobierno, un tipo penal básico, todos los elementos y previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal, las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales, así como las reglas especiales para el combate de la extorsión en centros penitenciarios.
Detalló que se plantean penas de seis a 15 años de prisión y se determina a partir de una serie de agravantes como: el cobro de piso, cuando las víctimas son migrantes, menores de edad o en caso de que sea ejecutado por una persona servidora pública. Además, se eleva a categoría de Ley la Estrategia para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión que cuenta con el número 089 para su denuncia.
También se armonizan distintos ordenamientos legales: el Código Penal Federal, la Ley de la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio para prever que el delito de extorsión sea susceptible de la extinción de dominio.
Pequeñas tiendas sometidas
La extorsión y el comercio ilegal han convertido al pequeño comercio en México en un campo de batalla silenciosa, donde tiendas de abarrotes y misceláneas se someten a grupos delictivos, que, además de cobrar cuotas, los obliga a vender mercancía ilegal.
El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) ha documentado que la extorsión se persigue de manera desigual en los estados. Mientras en algunos es un delito grave, en otros apenas se castiga con sanciones menores.
Por ello, está a favor una Ley General contra la Extorsión que homologue el tipo penal en todo el país, reconozca las distintas modalidades del delito (digitales, empresariales, telefónicas, presenciales) y eleve las penas para desalentar la reincidencia.
Armando Vargas, de México Evalúa, coincide en que la falta de uniformidad legal es un obstáculo: “La extorsión afecta la competitividad y encarece productos, pero las autoridades no cuentan con herramientas homogéneas para enfrentarla”.
Obligados al comercio ilegal
Más allá de leyes, Cuauhtémoc Rivera, director de la ANPEC, advierte que los tenderos están desprotegidos: “Los comerciantes no quieren pleito, solo buscan trabajar. Pero cuando los amenazan, no queda otra opción que pagar, aceptar las reglas del comercio ilegal o cerrar”.
La ANPEC propone mecanismos de protección al denunciante, programas de seguridad comunitaria y acceso a créditos blandos que permitan resistir la presión del mercado ilegal. Sin apoyo estatal, muchos comerciantes cierran y dejan el espacio libre al mercado informal.
El Observatorio Nacional Ciudadano lo resume así: sin controles internos y sin vigilancia efectiva, las instituciones mexicanas son parte del problema. Y mientras la corrupción siga permeando, el mercado ilegal seguirá encontrando puertas abiertas.
El riesgo de la normalización
“Si normalizamos la extorsión, México pierde sus posibilidades”. Lo que hoy ocurre en Culiacán o Guerrero, donde el crimen impone marcas y precios, puede replicarse en más estados si no hay intervención oportuna, señala el líder de los pequeños comerciantes.
El estudio sobre cigarros ilícitos del Colmex advierte que el crecimiento del mercado ilícito de cigarros no solo es un problema de salud pública o fiscal, sino también de gobernanza: cuando el crimen dicta reglas en la economía cotidiana, el Estado pierde autoridad frente a la población.
Por ello, frenar la extorsión y el comercio ilegal que afectan al pequeño comercio en México no será tarea sencilla. Requiere un marco legal uniforme y robusto, un control real de las aduanas, la erradicación de la corrupción, la cooperación internacional y un apoyo directo a los comerciantes.
Mientras tanto, las tienditas seguirán siendo víctimas de un fenómeno que combina violencia, economía ilegal y ausencia estatal. La batalla por rescatar al pequeño comercio es, en realidad, una batalla por el futuro de la economía popular y por la vigencia del Estado de derecho en México.
La extorsión alcanza cifras récord, con 5 mil 887 víctimas registradas en el primer semestre de 2025. Esta cifra representa un incremento de 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior, convirtiendo a 2025 en el año con el nivel más alto desde que hay registro. En paralelo, se confirma que Sinaloa fue la entidad con más víctimas de asesinato en el mes de junio, con un aumento del 360%, respecto a 2024.











