Usuarios temen perder patrimonio ante procesos de embargo de CAPA
Quintana Roo martes 18, Nov 2025DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez
- Inconformidad en colonias y comunidades rurales de la zona sur
Más de 150 usuarios de agua potable en la zona sur de Quintana Roo enfrentan procesos de embargo por parte de la Dirección de Recuperación de Adeudos Fiscales (DRAEF) de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). Los afectados aseguran que no ven reflejado el cambio prometido por las autoridades y que la medida amenaza directamente su patrimonio.
Aunque la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha reiterado que el acceso al agua es un derecho humano y una obligación del Estado, en la práctica, los usuarios de CAPA denuncian que son objeto de multas, clausuras y procedimientos de embargo. En comunidades como Luis Echeverría, habitantes se organizaron para impedir que notificadores de la DRAEF colocaran sellos de clausura en tomas de agua y comenzaran los procesos legales.
El activista Jorge Luis Heredia Romero señaló que estas acciones contradicen los principios de justicia social. “Morena se comprometió a trabajar por los pobres, pero no ha cumplido y además incumple con sus principios de no traicionar la confianza de la gente que ve afectado su patrimonio con estas decisiones.”
Los usuarios afectados sostienen que los adeudos acumulados se deben en muchos casos a deficiencias en el servicio y a cobros excesivos, lo que ha generado inconformidad en diversas colonias y comunidades rurales. En Othón P. Blanco, vecinos denunciaron intentos de embargo en domicilios, lo que ha encendido focos rojos sobre la manera en que CAPA busca recuperar los pagos pendientes.
La situación ha provocado un ambiente de tensión social, pues los afectados consideran que el gobierno estatal y la CAPA no han ofrecido alternativas de regularización accesibles ni programas de apoyo para familias de bajos ingresos. En contraste, se percibe que la prioridad ha sido la recuperación fiscal, incluso a costa de la seguridad patrimonial de los usuarios.
Organizaciones ciudadanas han comenzado a articularse para exigir que se detengan los embargos y se abra un diálogo con las autoridades. Argumentan que el agua, al ser un derecho humano, no puede convertirse en un mecanismo de presión económica que derive en la pérdida de bienes de las familias.
Conanp descarta que incendio en Holbox haya sido intencional
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que el incendio forestal registrado el pasado 22 de agosto en Holbox, que consumió más de 600 hectáreas de vegetación en la zona de Punta Mosquito y La Ensenada, no fue premeditado.
Juan Carlos Romero Gil, director de la Conanp en la Península de Yucatán y Mar Caribe, explicó que el siniestro se considera un hecho fortuito, aunque aún no se ha determinado con precisión su origen.
El funcionario agregó que los recursos del seguro se destinarán a labores de mitigación y remediación ambiental, con el objetivo de restaurar las áreas afectadas. Asimismo, adelantó que corresponderá a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) continuar con las indagaciones para esclarecer las causas y deslindar responsabilidades.
El incendio, que se propagó rápidamente debido a los vientos dominantes, afectó ecosistemas clave de la isla, incluyendo manglares y áreas de anidación de especies protegidas. Aunque en un inicio se especuló sobre un posible origen intencional vinculado a intereses inmobiliarios, análisis satelitales confirmaron que el fuego no se originó en predios privados, como los de Peninsula Maya Developments (PMD), sino en la zona oriental del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam.
La Conanp subrayó que aún se deben realizar más estudios para determinar el grado de daño ambiental y establecer el monto que deberá cubrir el seguro contra este tipo de eventualidades. Mientras tanto, organizaciones ambientales han pedido que se refuercen las medidas de prevención y vigilancia en Holbox, dado que la isla enfrenta una creciente presión turística y urbanística.
La FGE busca imputar a 34 invasores en Playa del Carmen
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo anunció que procederá legalmente contra 34 personas detenidas tras el violento bloqueo carretero registrado en la entrada sur de Playa del Carmen, sobre la carretera federal hacia Tulum. Los implicados, provenientes del asentamiento irregular San Judas Tadeo, serán imputados por el delito de ataques a las vías de comunicación, luego de que paralizaran el tránsito durante horas y se enfrentaran con elementos policiacos.
El operativo se realizó la noche del jueves y se prolongó hasta la madrugada del viernes. De acuerdo con reportes oficiales, entre los detenidos se encuentran 18 hombres y 16 mujeres, quienes bloquearon la vía a la altura de la plaza Centro Maya para exigir la liberación de su presunto líder, identificado como Romero “N”, detenido días antes por la Fiscalía.
El bloqueo generó un caos vehicular en plena hora pico y derivó en un enfrentamiento con la policía. Testigos relataron que los manifestantes lanzaron piedras contra los agentes, mientras que los uniformados respondieron con golpes y empujones para dispersar a la multitud. Finalmente, los 34 participantes fueron retirados uno por uno y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía.
La autoridad ministerial informó que este viernes se buscará la vinculación a proceso de los detenidos, lo que podría derivar en sanciones penales. El caso ha reavivado el debate sobre la proliferación de asentamientos irregulares en la Riviera Maya y la falta de mecanismos preventivos para evitar que las protestas escalen en violencia.
El incidente también puso en evidencia la tensión social en Playa del Carmen, donde los problemas de vivienda y la presión inmobiliaria han generado múltiples invasiones en terrenos federales y privados.
