Adán Augusto señala el camino: acabar con el Senado para ahorrar
Miguel Ángel Rivera, Opinión domingo 7, Dic 2025
CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
La llamada Cuarta Transformación ha logrado importantes cambios constitucionales, como la creación (y sometimiento) de un nuevo Poder Judicial y limitar los alcances del juicio de amparo que era uno de los orgullos de la judicatura mexicana, pero todavía tiene pendiente la reforma electoral, que básicamente se presenta como una forma de cumplir con la pregonada austeridad republicana.
Aunque los recién aprobados cambios –a toda carrera y con dispensa de trámites– a la Ley Nacional de Aguas y otras relacionadas no forman parte de la propuesta original para modificar el sistema electoral del país, sirven para justificar los recortes a los organismos electorales y a las dos cámaras del Congreso de la Unión.
Entre los cambios no planeados, pero que podrían justificar la aspiración de la 4T de recortar gastos, sería la desaparición del Senado.
Para que el efecto resulte más impactante, la posibilidad de quedar con una sola Cámara legislativa, la justificó el líder de la mayoría oficialista, el impresentable coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la llamada pomposamente Cámara alta, el ex gobernador de Tabasco y ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien extrañamente ha sido mantenido al margen de las averiguaciones de la vinculación de la policía tabasqueña con el crimen organizado, representado por la organización delincuencial denominada “La Barredora”, cuyo jefe principal es el ex secretario de Seguridad del gobierno estatal, Hernán Bermúdez Requena, nombrado inicialmente por el mencionado López Hernández, y sostenido por su sucesor Carlos Manuel Merino Campos hasta el 5 de enero de 2024, cuando se le aprobó su renuncia, ¡con un reconocimiento a su labor!
Después, el actual mandatario, Javier May Rodríguez, lo denunció y allí empezó su persecución, por lo que fue capturado en Paraguay, donde se había refugiado y en la actualidad está preso en una cárcel de alta seguridad, rodeado de un extraño silencio acerca de sus actividades y de sus vínculos con personajes oficiales (pero esa es otra historia).
Lo importante de este caso, es la justificación de parte de López Hernández de la posibilidad de que, como parte de la anunciada reforma electoral se clausure el Senado y el Poder Legislativo mexicano quede con una sola Cámara, la de Diputados y hasta eso, reducida en su número, que actualmente suma 500, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional, popularmente conocidos como “de partido”.
La declaración comprometedora del coordinador de los senadores oficialistas se produjo cuando su Cámara recibió la minuta de la reforma en materia de aguas, la cual provocó serias protestas de campesinos de todo el país, pero finalmente fue aprobada en principio por la Cámara de Diputados –¿será necesario precisar que sólo con los votos de Morena y sus satélites?– luego de una de las sesiones más prolongadas de que se tenga memoria, proceso durante el cual fue objeto de más de medio centenar de modificaciones sobre la iniciativa original.
Conforme a las instrucciones recibidas desde Palacio Nacional o sólo para demostrar a la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo que sus iniciativas son aprobadas con toda celeridad y, sin cambiar ni una coma, el presidente de la Jucopo movilizó a su equipo para que la minuta llegara al pleno con dispensa de trámites y, claro, con la seguridad de que sería sancionada por la artificial mayoría oficialista.
Estos procedimientos se han vuelto costumbre, pero lo novedoso del caso fueron los argumentos de López Hernández para justificar la celeridad del proceso para darle oportunidad a la presidenta de publicar a la brevedad las reformas para que entrara en vigor.
El coordinador de los senadores de Morena aseguró que las demandas y dudas sobre la iniciativa de la Ley General de Aguas “ya fueron atendidas” (por los diputados, por lo que no había necesidad de mayores cambios o de una revisión exhaustiva en comisiones.
López Hernández aseguró que, debido al trabajo previo realizado (incluyendo foros y consultas), no habría necesidad de una revisión exhaustiva adicional en comisiones, facilitando su rápida aprobación en el pleno del Senado.
Precisó que los senadores están conformes con el contenido de la minuta, indicando que su aprobación sería ágil, como finalmente ocurrió en sesión del 4 de diciembre de 2025.
La postura generó polémica debido a que algunos sectores y otros senadores consideraron que la ley requería un análisis técnico y profundo, y no un proceso acelerado («fast track»), pero, como señalamos, se impuso la mayoría.
Asegura que los ajustes necesarios ya se realizaron después de su aprobación en la Cámara de Diputados y que el proceso legislativo debe continuar sin más dilaciones.
López Hernández señaló, como todo el oficialismo, que detrás de las protestas e inconformidades de algunos sectores, especialmente productores agrícolas, existen “intereses políticos de acaparadores” que buscan mantener privilegios en el uso del agua.
“Yo creo que se ha trabajado muy bien en Cámara de Diputados, se abrió un proceso que contempló foros, consultas, entonces nosotros, con lo que se ha aprobado hasta este momento, estamos conformes”, afirmó.
En consecuencia, planteó que la iniciativa pase directamente al Pleno del Senado para su votación, sin el proceso habitual de revisión en comisiones, buscando una aprobación rápida.
En este caso lo que importa es que, con las declaraciones del senador tabasqueño, y con las acciones de sus colegas del oficialismo, se niegan los principios por los cuales nació el Senado mexicano.
El Senado de la República no estaba considerado por la Constitución de 1857, la que los miembros de la llamada Cuarta Transformación dicen respetar. Ese cuerpo legislativo fue restaurado en 1874, tras una reforma a la impulsada originalmente por Benito Juárez y promulgada por el entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada.
La restauración formal y la primera sesión del Senado reconstituido ocurrieron el 17 de septiembre de 1875.
La razón principal fue el restablecimiento del sistema bicameral en el Poder Legislativo, con el Senado representando a las entidades federativas y el Distrito Federal, mientras que la Cámara de Diputados representaría al pueblo, siguiendo el modelo federalista, que incluye revisar las leyes aprobadas por la colegisladora o, por el contrario, iniciar otras normas, pero a condición de que las ratifiquen los “representantes populares” que integran la Cámara de Diputados.
Contrario a esos principios, López Hernández sostuvo que no era necesario revisar lo aprobado por los diputados, por lo cual se llega a una conclusión obligada: si el trabajo de los diputados se mantiene en altos niveles y ofrece la seguridad de aprobar leyes justas y apegadas a Derecho, resulta innecesario mantener otro costoso cuerpo cuyo trabajo resulta ocioso.
En el afán de recortar gastos superfluos y utilizar esos recursos en programas de ayuda directa al “pueblo bueno” (que, además, se traduce en más votos) cancelar el Senado representaría un alivio para el agobiado erario nacional.
Para darnos una idea, es necesario recordar que para el año venidero, el presupuesto solicitado para el Senado es de aproximadamente 5,103 millones de pesos, similar al año anterior, con un aumento solicitado del 10% para bienes e inversiones, buscando un total de $5,614 millones.
Si a la desaparición del Senado se sumara la reducción del número de diputados de 500 a sólo 300, el ahorro se potenciaría y habría dinero para las obras insignia de la llamada Cuarta Transformación que todavía no se concluyen y que necesitan la inyección de más recursos, como los ferrocarriles Transístmico y Maya y la refinería de Dos Bocas (Olmeca) que después de varias inauguraciones todavía no alcanza su capacidad de producción.
La reducción del número de legisladores, ningún senador y casi la mitad de diputados, eliminaría también el “chapulineo” de personajes indeseables, como Gerardo Fernández Noroña, que ya no saltarían indefinidamente de una Cámara a otra.
También tendrían que enfrentar menos oposición.
Claro, además, sería conveniente revisar el tema de la reelección. Todo sea por lograr algunos ahorros de dinero y de bilis.
