Heberto Castillo luchó por quitar al gobierno las elecciones; su hija está por devolvérselas

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

El más reciente gran conflicto postelectoral en México ocurrió en 1988, que se conoció como la “caída del sistema”, la cual, para muchos políticos y ciudadanos comunes, significó un enorme fraude que benefició al candidato del entonces partido hegemónico, el PRI, Carlos Salinas de Gortari y afectó al abanderado del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

En ese trascendente episodio, un personaje central fue el luchador de izquierda, preso político a raíz del Movimiento del 68 y fundador de partidos de izquierda como el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y del Mexicano Socialista (PMS) -del cual sería candidato presidencial- Heberto Castillo Martínez, quien durante muchos años luchó por la democratización del país y acabar con el presidencialismo que concentraba todos los poderes en una sola organización y más concretamente en una sola persona, el presidente de la República en turno.

Ante la posibilidad de la antes impensable derrota del partido tricolor, como resultado de una revuelta de varios de sus militantes, que se agruparon en lo que se conoció como Corriente Democrática (o Democratizadora), Heberto Castillo declinó su candidatura y pidió a sus seguidores votar por el abanderado del Frente Democrático Nacional, integrado inicialmente por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Partido Social Demócrata. Con la suma de las organizaciones de izquierda agrupadas en el PMS, la candidatura de Cárdenas se potenció, al grado que los primeros reportes de las elecciones del 6 de julio de 1988 daban ventaja al hijo del expropiador del petróleo.

Esa tendencia terminó pronto, pues la Comisión Federal Electoral (CFE), entonces presidida por el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, reportó una “caída del sistema”, es decir, fallas en el sistema computarizado que recogía los resultados en las casillas electorales de todo el país y por eso se dejó de dar informes durante varias horas, hasta que se acumularon suficientes sufragios para presentar al candidato priista con ventaja sobre sus opositores, que además de Cárdenas Solórzano eran el empresario Manuel Clouthier, por el PAN, y Rosario Ibarra de Piedra, del PRT, quienes respaldaron la versión de que se cometió un fraude.

Después de esa difícil experiencia, el gobierno priista cedió y continuó con la reforma electoral iniciada en 1977 por el presidente José López Portillo y su secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles.

En este esfuerzo por fortalecer o establecer la democracia en México, como mencioné, Heberto Castillo Martínez fue personaje central y como prueba está el documento con el que justificó declinar en favor de Cárdenas.

“La Corriente Democrática y el Partido Mexicano Socialista son organizaciones que sostienen programas diferenciados y estructuras distintas, por eso existe la necesidad de acuerdos y metas precisas, de corto y largo plazo, con igualdad y respeto recíproco. Conformemos juntos una nueva fuerza nacional y asumamos juntos las decisiones fundamentales de la política que demanda el momento.

“He propuesto al Comité Ejecutivo del Partido Mexicano Socialista -y éste la aceptó por unanimidad- una alianza con la Corriente Democrática que contenga los siguientes Acuerdos de programa:

“1.- Ambas organizaciones se comprometen a eliminar el sistema presidencialista y el corporativismo, sustentos principales de la antidemocracia en el país, mediante un periodo de transición a la democracia que deberá culminar en el establecimiento de un régimen de partidos, en el que el gobierno surja de la Asamblea de Representantes del pueblo, elegida democráticamente y se someta a su autoridad.

“En el régimen de partidos se garantizará la representación proporcional para la integración de todos los órganos representativos del Estado. La existencia de un sistema político democrático con real competencia y condiciones de igualdad entre las distintas fuerzas nacionales, órganos electorales autónomos del gobierno. Independencia de los jueces, magistrados y ministros de justicia.

“Las libertades democráticas serán inviolables. En el nuevo régimen no habrá partido oficial; las organizaciones sociales no podrán ser incorporadas a ningún partido ni el Estado podrá entrometerse en su vida interna; se garantizará la plena libertad religiosa; no podrá coartarse la libertad de tránsito ni de profesión y oficio.

“La República será una federación, con entidades respetadas en sus derechos. Los municipios serán democráticos y libres. Los recursos de la nación serán distribuidos en forma racional y terminará el centralismo predominante. El Distrito Federal se convertirá en un Estado de la federación”.

Heberto Castillo murió en 1997, año en que por primera vez el hegemónico PRI perdió por primera ocasión la mayoría en la Cámara de Diputados, otro momento fundamental en el proceso de avance de la democracia.

Por desgracia, a casi tres décadas de su desaparición, el proceso de democratización va en retroceso y ese cambio negativo está a punto de consolidarse con una nueva reforma electoral que tiene como aspecto fundamental devolver al gobierno el control absoluto sobre las elecciones, precisamente lo que permitió múltiples fraudes, entre ellos la referida “caída del sistema”.

Para que el referido retroceso resulte paradójico, el encargado de encabezar el proceso de cambio es otro político que se presume como defensor de la izquierda, el ex dirigente del PSUM y múltiples ocasiones senador, diputado y asambleísta, gracias precisamente a la reforma democrática que está a punto de ser revertida.

Gómez Álvarez preside la comisión presidencial creada para concretar la reforma que fue diseñada en Palacio Nacional y que lleva la firma de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo. Como parte de ese proceso, se ha realizado una supuesta consulta nacional para recoger opiniones de los especialistas y de todos los ciudadanos interesados en el tema, pero los enterados han llegado a la conclusión de que se trata sólo de una pantalla y que, como otras reformas realizadas por la llamada Cuarta Transformación, el proyecto presidencial será aprobado “sin cambiarle ni una coma”.

Esto se evidenció en una reunión efectuada el reciente lunes, en donde quedó en evidencia que ni siquiera serán tomadas en cuenta las opiniones de quienes se presume forman parte del grupo selecto de especialistas en comicios, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a pesar de que la mayoría de sus integrantes han dejado constancia de acatar las indicaciones de la llamada Cuarta Transformación.

Para consolidar la paradoja, resulta que el proceso para consolidar la reforma se realizará en el Senado, la llamada Cámara alta, actualmente presidida por Laura Itzel Castillo Juárez, la hija del multimencionado Heberto Castillo Martínez, a quien se le atribuye continuar la trayectoria de su progenitor.

En declaraciones, también el pasado lunes, Castillo Juárez elogió el trabajo de la comisión presidida por Pablo Gómez y negó que los cambios impulsados por el Ejecutivo pretenda eliminar la representatividad, pues “considero que esto no va a ser así, sino que tiene que haber normas importantes para lo que sería esta representación de las diferentes fuerzas políticas en nuestro país”.

Además, al presidenta del Senado mencionó que en el Poder Legislativo continuarán con las acciones para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y defender su postura de oponerse a la intervención internacional en cualquier país.

En ese punto, destacó que la Presidenta de la República condenó desde el primer momento la intervención de Estados Unidos en Venezuela y, además, reivindicó los principios de la política exterior plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención internacional por la vía de la fuerza, temas en los que también se distinguió su padre.

Además, la senadora recordó que el rechazo a la intervención extranjera y la defensa de la autodeterminación ha sido una tradición de la diplomacia mexicana con fundamento en la Doctrina Estrada.