Reforma política 2026: romper el cerco de las cúpulas
Hans Salazar, Opinión domingo 18, Ene 2026
HANS SALAZAR
– Los diputados plurinominales deben desaparecer o, en su defecto, modificarse de fondo su proceso de selección; las cúpulas partidistas están obligadas a abrir ese mecanismo
– Es necesario reducir los costos de las elecciones federales, hoy excesivos frente a un contexto de austeridad
– Resulta indispensable que la ciudadanía tenga una mayor incidencia real en la toma de decisiones públicas
El debate actual sobre la reforma política gira en torno a tres ejes fundamentales. En primer lugar, el alto costo de los procesos electorales; en segundo, la sobre-representación de los partidos políticos mediante la figura de los diputados plurinominales o de representación proporcional; y en tercer lugar —no por ello menos importante—, la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en la vida política del país.
Para aproximarnos al análisis de la reforma política en 2026, es indispensable entenderla como parte de un proceso continuo de actualización institucional, impulsado por el crecimiento poblacional, la irrupción de nuevos actores sociales y organizaciones civiles, así como por las demandas de grupos históricamente excluidos. Entre ellas destacan las políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva de las mujeres y las nuevas exigencias de una población joven cada vez más activa, crítica y participativa.
Entendida así, la reforma política no puede analizarse de manera aislada. México transitó más de 70 años bajo la hegemonía de un partido único, y fue a partir de las reformas electorales iniciadas en 1976 cuando comenzó un proceso gradual de apertura democrática. La reforma, entonces, debe comprenderse como un hilo de continuidad histórica orientado a mejorar la representación social y ampliar los derechos ciudadanos.
No podría concebirse una reforma electoral que cancele derechos o revierta avances sociales. Particularmente, no puede desconocerse la lucha histórica de la izquierda social, que desde la década de los sesenta enfrentó sin tregua al poder político y militar de un Estado autoritario, centralista y vertical. Un Estado que persiguió ideas, encarceló conciencias, reprimió libertades y sumió al país —especialmente en los años setenta— en uno de los periodos más oscuros de su historia, marcado por la represión y la desaparición de líderes sociales.
Por ello, la reforma que hoy se discute es vital para el desarrollo democrático de las instituciones y para el fortalecimiento del voto secreto y directo. No es menor recordar que estos avances permitieron que, por primera vez, la izquierda mexicana gobierne el país por más de siete años de manera consecutiva.
Un poco de historia
Durante la década de 1950, bajo el gobierno de Adolfo López Mateos se creó la figura de los llamados “diputados de partido” con el propósito de abrir espacios de participación a las minorías políticas. Estos escaños se asignaban conforme al porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza, aunque el mecanismo resultaba limitado y no garantizaba una representación plena ni equitativa.
En los años sesenta, la sociedad mexicana experimentó transformaciones profundas tanto en su composición social como en sus demandas políticas. La exigencia de mayor participación, apertura e inclusión chocó de manera frontal con un régimen autoritario prácticamente impenetrable. En ese contexto, el movimiento estudiantil de 1968 se convirtió en un parteaguas en la vida política nacional, seguido por episodios de represión como el halconazo de 1971 y, de forma más amplia, por la llamada Guerra Sucia.
La “guerra sucia” representó uno de los capítulos más oscuros de la historia contemporánea de México. Fue una estrategia sistemática del Estado para contener y eliminar la disidencia política en un escenario marcado por el autoritarismo y la conflictividad social.
Entre las décadas de 1960 y 1980, estudiantes, campesinos, obreros, activistas y militantes de izquierda fueron víctimas de detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Estas acciones se llevaron a cabo de manera clandestina, con la participación de cuerpos policiales y militares que operaron al margen de la ley, con el objetivo central de preservar al régimen y sofocar cualquier forma de organización que cuestionara el orden establecido.
Bajo el argumento de la “seguridad nacional”, el gobierno respondió a las demandas sociales con represión, persecución y violencia institucional, en lugar de abrir espacios de diálogo y emprender reformas de fondo, lo que evidenció la necesidad impostergable de una reforma electoral.
Con el paso del tiempo, el propio régimen reconoció que el país debía reflejar su pluralidad política. Fue hasta 1977, durante el gobierno de José López Portillo, cuando el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, impulsó una reforma clave que modificó el artículo 52 de la Constitución, incrementando a 100 el número de diputados de representación proporcional.
Este cambio permitió el ingreso al sistema institucional de fuerzas políticas antes excluidas, como el Partido Comunista, así como de otros grupos democráticos y de centro, ampliando la representación política en el Congreso. Posteriormente, la reforma de 1986 elevó a 150 el número de diputados plurinominales y, en 1989, se alcanzó la cifra de 200. Finalmente, la reforma de 1996 estableció en 2 % de la votación mínima por partido la barrera legal para acceder a la representación proporcional, consolidando un sistema más plural, aunque no exento de distorsiones.
Hacia su concreción
La reforma política será, previsiblemente, un proceso lento, marcado por los tiempos de la burocracia parlamentaria y el debate legislativo. Su eventual aprobación podría darse después del mes de agosto, una vez que se amplíe la discusión pública y la participación social en torno a la propuesta.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara al señalar que la reforma aún no está concluida, pese a que la oposición ya ha comenzado a cuestionarla. Apenas se trabaja —dijo— en el guion técnico que será presentado al Congreso, y aún falta un largo camino por recorrer.
La mandataria ha subrayado que los derechos ciudadanos deberán quedar plenamente reflejados en cualquier modificación al sistema político-electoral. En ese sentido, ha insistido en que, si no desaparece la figura de los diputados plurinominales, al menos debe establecerse un nuevo método de selección que rompa con el control de las cúpulas partidistas.
En segundo término, consideró indispensable revisar los presupuestos destinados a las elecciones, pues resultan excesivos frente a un contexto nacional de austeridad. Es posible —ha dicho— mantener procesos electorales confiables sin incurrir en costos tan elevados.
Finalmente, la Presidenta ha enfatizado que la reforma debe fortalecer la participación ciudadana directa en la toma de decisiones. Sin ese componente, cualquier cambio quedaría incompleto.
La soberanía no se negocia: el mensaje firme de México al gobierno de Estados Unidos
La llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump dejó algo más que un balance diplomático sobre seguridad y cooperación bilateral: dejó una definición política clara y contundente por parte del Estado mexicano. Frente a cualquier intento de presión, México mantiene una postura inamovible: la soberanía nacional no está en negociación.
En un escenario histórico donde la relación con Washington ha estado marcada por asimetrías, condicionamientos y episodios de abierta injerencia, la presidenta Sheinbaum fijó una línea que rompe con viejas inercias. La colaboración existe y continuará, pero siempre bajo el principio de coordinación sin subordinación. No es una consigna ideológica; es una doctrina política que define la forma en que México se posiciona ante la principal potencia mundial.
Durante la conversación, Trump reconoció los avances de México en materia de seguridad, particularmente la reducción del tráfico de fentanilo y la disminución de muertes asociadas a su consumo en Estados Unidos. Sin embargo, el punto de mayor peso político ocurrió cuando el mandatario estadounidense sugirió una posible ampliación de la “ayuda” norteamericana. La respuesta de la presidenta fue inequívoca: México no requiere apoyos que comprometan su soberanía o integridad territorial. Esa negativa, lejos de tensar la relación, fue comprendida y respetada.
Este momento revela un cambio sustantivo en la conducción del poder. En el pasado, propuestas similares derivaron en operativos conjuntos desiguales, presencia extranjera en territorio nacional o esquemas de seguridad dictados desde el exterior. Hoy, el mensaje es otro: el Estado mexicano asume la responsabilidad plena de su estrategia de seguridad y dialoga desde una posición de dignidad, no de dependencia.
La defensa de la soberanía no es retórica. Está respaldada por resultados concretos: reducción sostenida de homicidios, desmantelamiento de laboratorios clandestinos, detenciones de alto impacto y cooperación efectiva en inteligencia, sin ceder control ni mando. En ese sentido, la presidenta no solo defiende un principio constitucional, sino que demuestra que la soberanía es compatible con la eficacia.
La presencia en la llamada del canciller Juan Ramón de la Fuente y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirma que la postura no es personal ni coyuntural, sino institucional. Se trata de una política de Estado sostenida por el gabinete y alineada con una visión de largo plazo.
Además, el mensaje de Sheinbaum trasciende el ámbito bilateral. Al reiterar que México jamás negociará su soberanía, la presidenta envía una señal tanto al exterior como al interior del país: la política exterior mexicana vuelve a anclarse en los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y respeto entre naciones. En un contexto global marcado por guerras, bloqueos y presiones económicas, esta postura adquiere un peso simbólico y político mayor.
La relación con Estados Unidos continuará siendo compleja, inevitable y estratégica. Pero hoy México la enfrenta con una voz propia. La llamada telefónica no resolvió todos los temas pendientes —comercio, migración, inversiones—, pero sí dejó una certeza: la cooperación seguirá, el diálogo se mantendrá, pero la soberanía mexicana tiene un límite claro y no se cruza.
En tiempos donde la fuerza suele imponerse sobre el derecho, la presidenta Claudia Sheinbaum opta por una ruta distinta: firmeza sin estridencia, diálogo sin sumisión y soberanía sin concesiones.
