La CNDH reprobada por legisladores: en vez de tutelar a las víctimas, protege al poder

CLASE POLITICA  Miguel Ángel Rivera

Ausente en los más notables conflictos nacionales, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, reapareció ayer para cumplir con su obligación constitucional de rendir cuentas ante el Congreso y se presentó en la sesión última de la Comisión Permanente en tono beligerante, pero todas sus protestas dirigidas contra el pasado, antes de diciembre de 2018.

De atender a la exposición de la hija de la luchadora social que sin respaldo de ninguna institución oficial incomodó con sus protestas a seis presidentes de la República –Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox– en protesta por la desaparición de su hijo Jesús y por otros afectados en sus derechos fundamentales, en el actual régimen encargado de construir la segunda etapa de la llamada Cuarta Transformación no ha ocurrido nada digno de generar protestas intensas.

En esto último, tampoco hace honor a la memoria de su madre, pues ella mantuvo su espíritu combativo inclusive contra el caudillo y dirigente de la 4T, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador al exigir la presentación de desaparecidos, inclusive después de que su hija ya estaba al frente de la CNDH.

En su informe de ayer, Piedra Ibarra dejó constancia de su filiación con la llamada Cuarta Transformación desde el arranque:

“Rindo cuentas del primer año de mi segundo periodo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiempo en el cual profundizamos el proceso de transformación que iniciamos en 2019, un proceso que está cambiando radicalmente el limitado modelo que heredamos, rompiendo con décadas de simulación, opacidad y subordinación al poder político para ahora colocar en el centro el interés de las víctimas y el bienestar del pueblo.

“Porque no podemos olvidar que la CNDH se creó para simular que en México se defendían los derechos humanos, porque, aunque se atendieran quejas y se emitieran recomendaciones la condición era que estas últimas no fueran vinculantes.

“Durante años la CNDH fue utilizada como una aliada del poder, más preocupada por guardar las formas y recibir el reconocimiento internacional que por reducir y eliminar los abusos de Estado y por responderle a los y las mexicanos.

“Fueron tiempos en los que se archivaban denuncias, se dejaban pasar meses y hasta años para emitir recomendaciones, se encubrían crímenes de Estado y se miraba hacia otro lado frente al dolor de las víctimas, del que fueron parte también los organismos internacionales, los que se supone eran garantes del derecho internacional y que tampoco nada hacían.

“Un modelo absolutamente funcional para gobiernos que violaban derechos humanos y no tenían la menor intención de dejar de hacerlo. Muchas personas, muchas víctimas lo denunciaron, mi madre entre ellas. Eso ya no pasa más”, sostuvo la presidenta de la CNDH en su censura al pasado, para luego presumir:

“En nuestros primeros cinco años de gestión, triplicamos lo que se hizo en las tres décadas anteriores en cuanto a recomendaciones de acciones de inconstitucionalidad, simplemente ejerciendo nuestras funciones y utilizando plenamente las herramientas constitucionales que tenemos para defender y cuestionar leyes y políticas que los vulneran. Esta transformación no habría sido posible sin la confianza de la población”.

Salvo la decisión de pedir la liberación de Mario Aburto, el asesino del malogrado candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta, Piedra Ibarra no mencionó ningún otro caso sobresaliente de defensa a los perseguidos, pues se limitó a sostener “nosotros consideramos que la mejor estrategia es la prevención. Y ese fue nuestro enfoque de trabajo en 2025, que es en síntesis una nueva forma de entender y ejercer la defensa de los derechos humanos”.

Pronto, el idílico panorama dibujado por la reelegida presidenta de la CNDH fue desfigurado por la diputada emecista Laura Hernández García, quien destacó de inicio “la preocupante crisis de derechos humanos por la que atraviesa nuestro país”.

La legisladora señaló que 2025 “fue un año particularmente alarmante para la defensa y respeto de los derechos humanos. La CNDH, el 11 de enero de 2025, se pronunció a favor de la prisión preventiva oficiosa y a la reforma constitucional que hace que esta se extienda a otros delitos, pese a que la ONU y la OEA recomendaron que esta medida se omitiera o se eliminara porque violenta directamente la presunción de inocencia.

“Por otro lado, la crisis (por la) desaparición forzada de personas llegó a tal punto que en abril el Comité de Organizaciones de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzosa, en el marco de su 28 periodo de sesiones, decidió activar para México el procedimiento del artículo 34 de la Convención Rectora porque a su juicio existen indicios fundados de que la desaparición forzada en México es una práctica generalizada y sistemática, situación que puede derivar en que este asunto sea sometido a la atención y deliberación de la Asamblea General de Naciones Unidas por conducto de su secretario general”.

En otra parte de su comentario, la legisladora de MC destacó que la CNDH presidida por Piedra Ibarra, “en sintonía con el Ejecutivo, negó que en el país se atravesara por una crisis de desaparición forzada o (que) éstas fueran consecuencia de una política de Estado.

“Por más que se busque modificar la narrativa, los hechos y los datos no se pueden ocultar. Entre octubre de 2024 a diciembre de 2025 han desaparecido 16 mil personas. A la fecha, existen 132 mil desaparecidas o personas no localizadas, dijo Hernández García, quien sentenció:

“El debilitamiento institucional de la CNDH también se refleja en sus propios resultados, aunque se difunde la narrativa que es la defensora del pueblo y que la gestión actual es la que más recomendaciones ha emitido en 35 años, esto no significa que estas recomendaciones realmente tengan un impacto certero y muchas veces se traducen en una mayor revictimización institucional de las personas, quienes después de una larga encrucijada y desgaste enfrentan la inoperancia de esta administración”.

El siguiente turno fue para el hijo del candidato presidencial asesinado, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien indicó que en el punto central de la sesión era decidir acerca de la utilidad pública de la CNDH, que fue creada para incomodar al poder no para encubrirlo.

Colosio Riojas acusó a la CNDH dirigida por Piedra Ibarra de alejarse de los asuntos de interés nacional.

Como ejemplo, mencionó el rechazo por parte de la CNDH a las recomendaciones internacionales para que México cumpla con la convención en materia de personas desaparecidas, con el pretexto de que se trataba de una intromisión.

“En este tema, soberanía no puede significar mirar hacia otro lado, soberanía significa hacerse cargo, significa que el Estado entregue resultados verificables en lo esencial, búsqueda efectiva, identificación, investigación, reparación”, afirmó Colosio, quien luego protestó por la militarización del país.

El senador de MC sostuvo que “en este país las denuncias relacionadas con fuerzas militarizadas, incluida la Guardia Nacional, con frecuencia enfrentan barreras conocidas, información incompleta, negativa de datos, silencio de las víctimas, opacidad en investigaciones internas”, y añadió que la CNDH “existe para atravesar esas barreras, no para ser una más de ellas”.

Más adelante, la diputada Ana Isabel González González, del PRI, denunció que “los datos maquillados que se presentan en esta tribuna son completamente diferentes a la realidad que se vive allá afuera de esta Honorable Cámara de Diputados.

Estamos atravesando por un país que está ensangrentado. Estamos atravesando por un país donde hay desapariciones forzadas. “Y de esos datos no se habla aquí, donde debemos presentarlos, porque lo que no se mide, dicen en mi tierra, no se mejora. Y, si lo evadimos o si no lo escuchamos, cómo vamos a mejorar estas cifras que son lamentables para nuestro país”, manifestó la legisladora del tricolor.

Luego puso en duda la autonomía de la CNDH. Aseguró: “aunque está plasmado en la Constitución, en la realidad vemos que, en lugar de proteger a las víctimas, a las y a los mexicanos, prácticamente protege al poder”.