La nueva justicia encarcela a los pobres, pero deja libres a los poderosos
Miguel Ángel Rivera, Opinión miércoles 28, Ene 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
La llamada Cuarta Transformación cumple con sus postulados. Por ejemplo, uno de esos mandamientos dice “primero los pobres” y esto se verificó cabalmente en dos casos que están en manos de la justicia federal: el descarrilamiento del Tren Interoceánico y la averiguación en torno al denominado “huachicol fiscal”.
Esas averiguaciones corren por cuenta de la Fiscalía General de la República (FGR) que de autónoma sólo tiene el nombre, pero que siempre atiende los asuntos de su competencia de tal manera que no afecte de manera alguna a la 4T o a uno de sus personajes destacados,
En el primer asunto, la tragedia en la que murieron 14 personas y un centenar resultaron heridas al descarrilar el “flamante” Tren Interoceánico, una de las obras insignia del régimen, emprendida en el anterior sexenio, encabezado por el caudillo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.
Con bastante celeridad para sus estándares, la FGR dirigida por la ex consejera jurídica de la Presidencia Ernestina Godoy Ramos encontró pronto a dos de los presuntos responsables del desastre ocurrido en el tramo entre las localidades de Nizanda, municipio de Ciudad Ixtepec y Chivela, municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.
Desde la etapa de reconstrucción –pues en esa obra se aprovecharon instalaciones existentes desde hace muchos años– del mencionado tren surgieron advertencias acerca de graves daños por el empleo de material de mala calidad y por la adquisición de equipos viejos, desechados por empresas extranjeras. Como se acostumbra a decir en nuestro país “les dieron una manita de gato” y se concluyó con el clásico “ahí se va”.
Claro, de ser ciertos tales rumores, algunos sostenidos por grabaciones de diálogos inculpatorios de los enriquecidos proveedores, la Fiscalía se apresuró a exculparlos, como referí ayer en este espacio.
A cambio se anunció oficialmente la captura y consignación de dos presuntos responsables. Aquí es donde se cumple el mandato de “primero los pobres”, pues los dos indiciados se ubican en los niveles inferiores de nuestra sociedad, sin ninguna referencia a los acaudalados empresarios que se beneficiaron por los contratos concedidos en forma directa, sin concurso público.
Como parte de sus acuciosas averiguaciones, los especialistas de la FGR descubrieron que el maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, conducía a exceso de velocidad, unos 15 kilómetros por arriba del límite de 50 por hora (80-90 kilómetros por hora, según otras versiones). Seguramente estos límites se establecieron por la complicada orografía de la región, pero llama la atención que tales restricciones se impongan a una moderna obra.
El hecho es que el maquinista está sujeto a proceso penal por homicidio culposo y en las averiguaciones también fueron mencionados otros miembros de la tripulación, del conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, quien iba a bordo de la segunda locomotora integrada al convoy accidentado. En un documento dado a conocer por el diario El Universal se culpa a Canteros del exceso de velocidad, mientras que sus compañeros Díaz y Mendoza incurrieron en la falta de no accionar la válvula de freno de emergencia para detener el tren. La información oficial no precisa si los dos últimos también serán sometidos a juicio.
Al maquinista Canteros se le descubrió otra falta, no tener licencia federal vigente, que lo faculta para ejercer las funciones “propias de su cargo”. La misma falta se atribuyó al conductor Díaz, pero como mencioné, no se sabe si ha sido aprehendido o consignado.
El que sí fue aprehendido resultó Ricardo “N”, quien se desempeñaba como jefe de despachadores, señalado por presuntas omisiones clave antes y después del accidente, entre ellas, al parecer, estar al tanto de que el maquinista carecía de licencia.
Es de recordar que en octubre de 2023 cuando anunció la inauguración o reestreno de la línea interoceánica, el ex presidente López estuvo acompañado por su secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, cuya dependencia recibió la encomienda de poner en funcionamiento esa línea de ferrocarril.
La referencia surge por el hecho de que esa dependencia, justo en el periodo en que Ojeda Durán era el jefe supremo, quedó involucrada en otro grave delito, conocido como “huachicol fiscal”, consistente en el contrabando de cuantiosas cantidades de gasolina y diésel.
El daño a la economía nacional es muy grave, pues según algunos cálculos extraoficiales, la pérdida para el erario llegó a 600 mil millones de pesos.
Ese grave daño quedó al descubierto con dos decomisos de enormes cantidades de combustible localizados, primero, en Ensenada, Baja California, y el segundo en Altamira, Tamaulipas.
Las respectivas investigaciones recayeron naturalmente sobre la Fiscalía General de la República, entonces a cargo del también ex procurador General de la República, quien no dio resultados, pero aun así fue premiado con la embajada en nuestro país en Gran Bretaña.
Cuando se suscitó el escándalo por el huachicol fiscal, lo primero que hizo Gertz fue exculpar al ex titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, al asegurar que denunció dos años antes “problemas” en varias áreas de la Armada de México y pidió que se investigara a todo su personal sin distinciones. Esa denuncia, según el Fiscal, llevó a descubrir una red de robo de hidrocarburos que derivó en la captura de 14 personas, entre ellos un sobrino político del mismo ex funcionario.
“Él (Rafael Ojeda) nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podrían estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran parientes o no eran parientes, pero no hizo ninguna distinción ni generó ninguna protección en favor de nadie”, afirmó ayer Gertz Manero, en una conferencia de prensa.
En lo que parecía una exitosa averiguación, en los primeros días luego de los cuantiosos decomisos de combustible de contrabando se capturó a 14 individuos, entre ellos cinco integrantes de la Marina Armada de México. El de mayor grado fue el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del ex secretario Ojeda.
También resultó implicado en esas actividades ilegales el hermano de este último, el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien logró evadirse a tiempo y actualmente se le considera prófugo, aunque mediante sus abogados ha logrado frenar la acción de la justicia.
A raíz de estos primeros avances que parecían espectaculares, a cargo de la FGR, surgieron rumores que involucran a personajes de la política, así como a prominentes empresarios, pero al paso del tiempo disminuyó la atención acerca de estas acciones ilegales, a pesar de que también hubo acciones de los autoridades de los Estados Unidos, que sancionaron a financieros radicados en su territorio.
Lejos de subir en los niveles sociales para perseguir a otros implicados, las averiguaciones se estancaron y se puede decir que empequeñecieron, al grado que algunos de los principales inculpados han logrado mantenerse a salvo y hasta se han dado el lujo de convertirse en acusadores.
El más destacado en este capítulo es el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien obtuvo una suspensión definitiva o amparo que impediría que actualmente sea detenido,
Pero no sólo eso, mediante sus abogados lanzó cargos contra la FGR.
El despacho de abogados que defiende a los marinos, Epigmenio Mendieta & Asociados, acusó a la Fiscalía de incumplir con la entrega en su totalidad de la carpeta de investigación, como lo ordenó una jueza federal la semana pasada.
El vicealmirante Manuel Roberto Farías lanzó un mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum: “se me quiere fabricar como culpable”. Solicita la intervención presidencial para que se haga justicia, pues aseguró que las autoridades judiciales y castrenses lo tienen en una celda “en medio de un proceso viciado y, en ocasiones hasta perverso, pareciera más un ánimo de venganza que de justicia”.
Esta protesta lleva a concluir que, por encima de los hermanos marinos de alta graduación, están todavía ocultos otros involucrados de mayor nivel social, económico o político.
Conclusión: Si eres rico y poderoso, puedes eludir la acción de la justicia.
