El intransigente Marx Arriaga no ha sido cesado, sólo le quitaron la silla
Miguel Ángel Rivera, Opinión domingo 15, Feb 2026CLASE POlITICA Miguel Ángel Rivera
El poder desgasta, pero en algunos casos el fenómeno se desarrolla en muy corto tiempo, como en apariencia parece ocurrir dentro de las filas del partido oficial, Morena.
El proceso resulta acelerado por partida doble, pues también el arranque del llamado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue muy acelerado. Apenas cuatro años después de fundado, conquistó el poder en nuestro país.
Morena obtuvo su registro oficial ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el 9 de julio de 2014. A partir de esa fecha, se formalizó su estatus como partido político nacional y en julio de 2018 su candidato Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República y asumió formalmente el 1 de diciembre de ese mismo año, aunque en la práctica empezó a ejercer casi desde el día siguiente de su victoria, pues su antecesor, Enrique Peña Nieto, se desentendió de su responsabilidad. Según algunas versiones, de quienes presumen de “enterados”, esa cesión no fue gratuita, sino parte de un acuerdo de impunidad que, todo indica, se ha cumplido a cabalidad, pues el político mexiquense goza de total tranquilidad.
El político tabasqueño cumplió sus casi seis años de mandato, pues por el largo trecho entre las elecciones (julio) y la anterior fecha de toma de posesión (1 de diciembre), cinco meses, fue considerado excesivo. Además, en el caso particular de la reforma constitucional de 2014 (justo el año que nació Morena) los legisladores adujeron que el gobierno entrante tenía un plazo muy breve para presentar su proyecto económico, integrado por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, pues la misma Carta Magna establece que para ese primer año de gobierno debe quedar aprobado a más tardar el 15 de diciembre, último día de labores del Congreso de la Unión.
El hecho es que la alumna y sucesora del político de Macuspana, la actual presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo un poco de más tiempo para presentar su proyecto económico, que tampoco presentó grandes variantes, pues el encargado de definirlo fue el mismo que manejó las finanzas en la parte final del sexenio del ex presidente López, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O.
Precisamente en materia de economía empezaron los desacuerdos con el nuevo gobierno que se dice responsable de construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación, aunque esas discrepancias llegaron desde fuera, principalmente por inconformidad con los porcentajes para distribuir el presupuesto federal, sobre todo por que dos de las entidades que aportan más recursos, Jalisco y Nuevo León, están gobernados por un partido de oposición, MC.
Para el proyecto fiscal delineado para el segundo año de la actual administración ya surgieron voces de desacuerdo dentro de la alianza gobernante, Morena-PT-PVEM, por algunos aspectos, como el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre algunos artículos de consumo generalizado, como gasolinas, alcohol, tabaco, bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico, por ser considerados inflacionarios o por que afectan a sectores de la población de escasos recursos que, supuestamente, constituyen la principal preocupación del gobierno.
Otro tema que dio motivo a hablar de desacuerdos dentro de las filas del oficialismo fue la iniciativa presidencial para tratar de erradicar el nepotismo. De inicio, el proyecto sufrió un inesperado revés, al posponerse la fecha para su entrada en vigor, pues en vez de empezar a aplicarse en las cada vez más cercanas elecciones intermedias de 2027 se pospusieron para 2030.
Luego vino el desacuerdo respecto de otra iniciativa presidencial, el proyecto de reforma electoral. Contrario a los antecedentes, no sólo en el actual régimen sino también en gobiernos de otros partidos, una iniciativa presidencial fue detenida en el Congreso.
En esta materia, primero se escucharon inconformidades desde el exterior, pues importantes corrientes de nuestra sociedad y expertos en la materia protestaron, primero, porque nadie había solicitado cambios y, por el contrario, pedían que se consolidaran y fortalecieran los avances en la incipiente democracia mexicana, como el tener organismos rectores de los procesos electorales ajenos al gobierno, con lo cual se da seguridad a los ciudadanos de que su voto contará.
Desde el inicio trascendió que la iniciativa presidencial en materia electoral –que se empezó a gestar desde el sexenio anterior, pero fue contenida por una Suprema Corte de Justicia autónoma, ahora erradicada– tenía por objeto devolver al gobierno el control sobre los comicios, todo como parte de un plan general para dejar todos los poderes en manos de una sola persona, el titular del Ejecutivo Federal.
Resultado de la presión en contra fue que el gobierno organizó una supuesta consulta nacional para tomar el parecer de todas o la mayor parte de las fuerzas políticas y económicas, pero también ese intento resultó fallido, pues pronto quedó en evidencia que el aspecto central es inamovible y que, además de asegurar el control de las elecciones, el partido oficial pretende reducir al mínimo la ya alicaída oposición, sin importar que resultaran afectados sus satélites.
Los supuestos aliados reaccionaron de inmediato para demostrar su inconformidad, con lo que pusieron en evidencia el flanco débil de Morena y el por qué del afán de centralizar todavía más el control político: el partido oficial no puede modificar la Constitución si no tiene los votos de sus satélites.
El hecho es que la tan ansiada reforma está estancada, mientras se acerca la fecha límite. Para que los cambios en materia electoral entren en vigor tienen que ser aprobados por lo menos tres meses antes de que se inicie el proceso electoral, lo cual ocurrirá en septiembre venidero. El actual periodo de sesiones del Congreso termina en mayo, mientras el siguiente se iniciará precisamente en septiembre, cuando ya no podría ser aplicado para las elecciones de 2027. En consecuencia, para imponer esos cambios, Morena tendría que convocar a un extraordinario, para lo cual –vuelta a lo mismo– deberá reunir una mayoría calificada que no puede alcanzar sin sus rémoras.
Esos conflictos con externos desgastan al partido oficial y a su gobierno, pero más lo provocan sus conflictos internos y los actos de corrupción que, cada vez, se hacen más evidentes.
Aunque se niegue oficialmente, la remoción del coordinador de la mayoría en el Senado, el ex gobernador de Tabasco y ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no se puede desligar del caso de “La Barredora”, el grupo criminal imperante en ese estado y el vecino Chiapas que era manejado por el secretario de Seguridad nombrado por el ahora ex líder senatorial.
También contribuye al desgaste el tema del huachicol fiscal, ahora contenido artificialmente en dos altos oficiales de la Marina, pero todo indica que los verdaderos mandos están o estaban en niveles superiores. El daño a la nación es inmenso; los conocedores lo estiman en 600 mil millones de pesos.
No menos dañinos son los conflictos internos, como el que se ha desatado entre las gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el coordinador de los diputados federales de Morena y ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, quien además carga con el conflicto familiar vinculado al nepotismo porque su hermano menor, Saúl, pretende suceder a su también hermano, David, actualmente mandatario de su estado.
Para remate, surge la duda respecto a la verdadera ideología de Morena y de toda la llamada Cuarta Transformación, que llegó al poder mediante la alianza de diversas corrientes –a veces hasta enfrentadas entre sí– que ahora tratan de imponerse dentro del llamado “movimiento”.
En forma simplista, esas fuerzas se dividen en dos grandes grupos: los “duros” o radicales y los pragmáticos o negociadores.
El caso extremo es el del intolerante Marx Arriaga, que acusa a muchos de sus supuestos compañeros de traidores a la causa.
Por cierto, a pesar de comunicados de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no se puede concluir si se mantiene o no como director general de Materiales Educativos, pues la dependencia asegura que no ha sido cesado, pero confirma que el cargo ya desapareció. O sea que el funcionario sigue, pero le quitaron la silla.
