Impulso histórico a la industria cinematográfica nacional
Hans Salazar, Opinión domingo 15, Feb 2026
HANS SALAZAR
Por vez primera, después de décadas de abandono, el Estado mexicano centra su mirada en un plan integral de apoyo a la industria cinematográfica nacional.
Esta semana ocurrieron dos hechos relevantes: la expedición de decretos mediante los cuales se crea la nueva Ley de Cine y Audiovisual, así como la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor; además, se anunció un incentivo fiscal para la producción nacional, con deducciones de hasta el 30 por ciento del ISR para producciones realizadas en el país.
El primer anuncio se dio el viernes pasado y entra en vigor este lunes. El incentivo del 30 por ciento en el ISR fue presentado este domingo en Palacio Nacional, en un encuentro con directores, representantes de la industria, asociaciones y actores, y tuvo como invitada especial a la actriz Salma Hayek, recientemente nominada al Óscar.
Apoyos históricos
El anuncio realizado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, no sólo implica incentivos fiscales y montos económicos para las producciones audiovisuales. La nueva visión es de largo alcance, pues parte de un diagnóstico profundo sobre la situación de los semilleros creativos del cine mexicano: las escuelas de cine, su infraestructura, sus métodos académicos y sus resultados.
A esta propuesta se suma el diagnóstico elaborado durante medio año con productores, editores, camarógrafos, intermediarios, académicos y estudiantes, con el objetivo de revalorar los resultados de la industria y evitar la fuga de talentos, un fenómeno frecuente en esta rama y en otras áreas de la vida productiva e intelectual del país.
El estudio también reveló que el número de integrantes por generación es muy reducido -menos de 200- y que los egresados en los últimos semestres oscilan entre cinco y 15 al año. Esto, independientemente del rezago en los programas de titulación y revalidación de estudios en los centros de producción y educación cinematográfica del Estado mexicano, como el CCC y el CUEC, así como en instituciones como la Universidad de la Ciudad de México, sin considerar las plataformas privadas como la Anáhuac, el Tecnológico de Monterrey y la Ibero, que también imparten la carrera de cine.
En la valoración de las iniciativas de ley y de los apoyos financieros y fiscales también se consideraron los derechos de autor, la ampliación de la matrícula en las escuelas públicas y la extensión de las convocatorias más allá de las capitales, con el fin de impulsar talentos en todo el país. Asimismo, se contemplan los derechos de directores, productores, editores, camarógrafos, sonidistas y de quienes se dedican a la industria del doblaje, incluyendo el pago por cada actuación de actores y actrices en películas nacionales e internacionales.
Como puede observarse, la propuesta es integral. No se trata de un plan coyuntural ni de un simple parche para rescatar a la industria del cine; se plantea una estrategia de fondo, sustentada en iniciativas de ley y en un esquema de apoyo económico mediante incentivos hacendarios a las producciones cinematográficas nacionales e internacionales.
El nuevo plan
Se trata de un proyecto global que abre nuevas posibilidades de desarrollo para el sector, construido a partir de la consulta con todos los sectores involucrados y con una visión de largo plazo para fortalecer al cine mexicano como industria, como expresión cultural y como motor de identidad nacional.
Sin mujeres no hay historia de México
Durante generaciones, la historia oficial de México se contó con una mirada incompleta. En los libros de texto aparecieron héroes, caudillos, presidentes y generales, pero muchas mujeres que participaron en los momentos clave del país quedaron relegadas a menciones breves o simplemente desaparecieron del relato. No porque no hayan existido, sino porque durante años no se consideró importante contar su papel con la misma relevancia.
Por eso, la decisión de incorporar de manera clara y formal a las mujeres en los libros de la Nueva Escuela Mexicana no es un detalle menor. Es una corrección necesaria. Es reconocer que la historia que se enseña en las aulas debe reflejar la realidad completa del país, no solo una parte.
México fue construido también por maestras que alfabetizaron comunidades enteras, por científicas que abrieron camino en laboratorios y universidades, por médicas, campesinas, obreras, periodistas, artistas y luchadoras sociales que enfrentaron discriminación, violencia y exclusión para defender derechos que hoy parecen normales. Sin ellas, el país no sería el mismo.
Cuando en los libros no aparecen estos nombres ni estas historias, el mensaje: que su papel fue secundario. Y ese mensaje tiene consecuencias. Limita aspiraciones, perpetúa estereotipos y normaliza la desigualdad.
Incluir a las mujeres en la narrativa histórica significa que las niñas puedan verse reflejadas en ejemplos reales de liderazgo, valentía e inteligencia. Significa que los niños crezcan comprendiendo que la construcción de la nación ha sido una tarea compartida. Significa educar con una visión más justa.
La transformación educativa no puede quedarse solo en infraestructura, en nuevas escuelas o en más lugares para estudiar. Eso es fundamental, pero también lo es el contenido. Educar es formar pensamiento crítico, identidad y conciencia social. Y esa conciencia no puede basarse en una historia incompleta.
Además, reconocer a las mujeres en los libros de texto no es un acto ideológico; es un acto de justicia. No se trata de desplazar a nadie ni de reescribir el pasado por capricho. Se trata de contar lo que siempre estuvo ahí, pero que no fue visibilizado con la misma fuerza.
Una nación que aspira a la igualdad debe empezar por su sistema educativo. Los libros que leen millones de estudiantes cada año son herramientas poderosas para moldear mentalidades y construir cultura cívica. Si desde ahí se promueve el reconocimiento, la inclusión y el respeto, el impacto será generacional.
Completar la historia fortalece al país. Reconocer a las mujeres no borra a los hombres, enriquece el contar nuestro pasado. Y un país que conoce toda su historia -no solo una parte- está mejor preparado para construir un futuro más justo, más consciente y verdaderamente incluyente.
Se cancelan concesiones mineras por incumplimiento
El jueves pasado, en la mañanera del pueblo, se anunció la recuperación de mil 126 concesiones mineras que suman más de 889 mil hectáreas. No es un ajuste técnico: es una definición política sobre quién tiene el control del subsuelo mexicano.
Una parte relevante de esas concesiones -más de 249 mil hectáreas- estaba dentro de Áreas Naturales Protegidas. Zonas que, por ley y por responsabilidad histórica, deben preservarse. La cancelación respondió a incumplimientos claros: falta de pago y omisión de trabajos obligatorios. Quien no cumple, pierde.
En un momento en que minerales estratégicos como el litio son eje de la disputa económica global, México fija postura: sus recursos no están en venta ni sujetos a especulación.
Durante años, extensiones enormes quedaron concesionadas sin actividad real, convertidas en instrumentos financieros para especular, y no en proyectos productivos. Recuperarlas es poner orden y ejercer autoridad.
Y ahora viene lo esencial: administrar con firmeza lo recuperado. Porque la soberanía no se pide ni se negocia. Y cuando el Estado cumple con sus funciones, el territorio vuelve a ser lo que siempre debió ser: patrimonio de la nación, sin concesiones a intereses que lo traten como mercancía.
