Taxistas de Felipe Carrillo Puerto aumentan sus tarifas “a la brava”
Quintana Roo miércoles 25, Mar 2026DERECHO DE REPLICA
L tarifa mínima pasa de 27 a 30 pesos sin autorización del Imoveqroo
Habitantes de Felipe Carrillo Puerto y comunidades cercanas enfrentan un escenario de incertidumbre luego de que el Sindicato de Taxistas “Francisco May” anunciara un incremento en sus tarifas sin contar con la autorización del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), organismo responsable de avalar este tipo de ajustes.
La medida fue definida en una reunión interna entre el comité y los concesionarios, quienes argumentaron que el encarecimiento constante de la gasolina ha reducido sus ingresos y amenaza la operación diaria de las unidades. Según los trabajadores del volante, el aumento en el combustible durante los últimos meses los obligó a tomar acciones inmediatas para sostener el servicio.
Tras el análisis, se acordó que la tarifa mínima pasará de 27 a 30 pesos; el servicio de radiotaxi conservará su precio actual, mientras que las solicitudes vía WhatsApp tendrán un costo de 35 pesos. Los dirigentes señalaron que el ajuste comenzará a aplicarse esta misma semana, de manera unilateral.
Hasta el cierre de esta edición, ni el Imoveqroo ni las autoridades municipales no emitieron pronunciamiento oficial sobre el anuncio, lo que ha generado preocupación entre los usuarios que dependen del transporte público para sus traslados cotidianos.
Cabe recordar que, los conflictos con taxistas en Quintana Roo han sido constantes durante la última década y han marcado la movilidad en destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. La historia de estas tensiones muestra un patrón de enfrentamientos, bloqueos y denuncias que han obligado a las autoridades a intervenir en distintas etapas.
El primer gran episodio ocurrió en 2016, cuando Uber inició operaciones en Cancún. La llegada de la plataforma generó protestas del gremio de taxistas, que veían amenazada su fuente de ingresos. Aunque en un inicio las manifestaciones fueron pacíficas, pronto se transformaron en bloqueos y agresiones.
En 2018, el Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley de Movilidad, una normativa que fortaleció el control de los sindicatos de taxistas y limitó la operación de plataformas digitales. Esta medida fue interpretada como una respuesta directa a la presión del gremio, que buscaba mantener su monopolio en el transporte público.
Los conflictos se intensificaron en 2024, con bloqueos en la zona hotelera de Cancún y enfrentamientos en Playa del Carmen. Turistas denunciaron agresiones y cobros excesivos, lo que afectó la imagen internacional de la Riviera Maya. Las redes sociales y medios internacionales replicaron las quejas, aumentando la presión sobre las autoridades.
En 2025, tras varios episodios de violencia contra choferes de plataformas y turistas, el Congreso endureció las sanciones para los operadores de transporte público que incurrieran en delitos como lesiones y homicidio. Ese mismo año, Uber obtuvo autorización para operar en el Aeropuerto Internacional de Cancún, lo que reavivó la tensión con los sindicatos de taxistas.
La cronología revela que los conflictos no son hechos aislados, sino parte de una disputa prolongada por el control del transporte en los principales destinos turísticos de Quintana Roo. Aunque las reformas legales buscan frenar las agresiones y garantizar opciones seguras para los visitantes, la coexistencia entre taxis tradicionales y plataformas digitales sigue siendo un reto para la movilidad y para la imagen turística del Caribe mexicano.
Bacalar: Auge inmobiliario con retos de regulación
El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) capítulo Bacalar, Marco Antonio del Valle Meneses, advirtió que el principal desafío para la zona es proteger la laguna y su entorno natural, al tiempo que se regula un mercado inmobiliario que atraviesa un momento de auge y encarecimiento.
Al asumir la dirigencia para el periodo 2026-2027, señaló que Bacalar se encuentra en una etapa similar a la que vivió Tulum, donde el incremento desmedido de precios y el incumplimiento de la normativa generaron afectaciones. “Queremos evitar que aquí ocurra lo mismo”, subrayó.
Del Valle Meneses reconoció que el mercado está saturado y que no todos los agentes cuentan con certificación, lo que ha derivado en un aumento de costos. Aunque consideró que la compra-venta de terrenos es una fuente legítima de trabajo, insistió en la necesidad de profesionalizar y certificar a quienes participan en el sector.
Recordó que desde hace dos años la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) inició un proceso de certificación y entrega de matrículas para dar mayor seguridad a los inversionistas y garantizar el respeto a la normatividad. Sin embargo, admitió que aún falta una regulación real de precios y propuso instalar mesas de trabajo para establecer tarifas con bases concretas.
El dirigente también destacó que el Tren Maya ha generado empleos y derrama económica en la región, y que su operación traerá beneficios a largo plazo. “Todavía vamos a ver más efectos positivos conforme avance el proyecto”, afirmó.
Finalmente, reiteró que el reto inmediato es equilibrar el crecimiento económico con la preservación de la laguna, considerada un atractivo nacional e internacional que sustenta la llegada de inversiones.
