La llamada 4T tiene todo listo para que la Presidenta haga campaña

CLASE POLITICA  Miguel Ángel Rivera

Como todo indica, en el curso de esta tarde-noche quedará aprobado el “Plan B” de reforma electoral planteado por la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo y sólo restará en el curso de la jornada sólo un poco de morbo: confirmar o no si la bancada del PT, uno de los satélites de Morena, mantiene su decisión de votar o no en contra y romper, aunque sea temporal y parciamente, la coalición gobernante.
Si nos guiamos por los antecedentes, o sea, lo ocurrido ayer en comisiones, donde Morena y su otro satélite, el PVEM, aprobaron la iniciativa presidencial, a pesar de la resistencia de todo el bloque opositor, integrado por PAN, PRI y MC. Los senadores del PT no se atrevieron a votar en contra, sólo se ausentaron de la sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
De esta manera, el dictamen quedó listo para ser enviado al pleno, con la seguridad de que sería ratificado, al menos en lo general, pues se mantenía la sospecha de que se aplicarían cambios parciales. La minuta fue aprobada con 24 a favor y 11 en contra. El dictamen propone reformar cuatro artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato, conocido como el «Plan B» en materia electoral. Lo de los privilegios lo destacan los legisladores del oficialismo para «quedar bien» con la galería, pues el punto importante, como ya se ha mencionado hasta la saciedad, es la revocación de mandato, algo que nadie ha pedido, pero que de aplicarse permitirá a la jefa del Ejecutivo hacer campaña para sus miles de candidatos que disputarán otros tantos cargos, del Poder Legislativo federal, de los gobiernos y los congresos estales, así como de municipios, además de la mitad del Poder Judicial Federal que está pendiente de renovarse.
Es casi seguro que por la gran cantidad de cargos en disputa, será necesario que los ciudadanos lleguen a las casillas respaldados por minuciosos «acordeones». Los nombres son lo de menos, lo que importa es que la mayoría, si no la totalidad, de los vencedores sean incondicionales de la llamada Cuarta Transformación.
Aprobar las reformas constitucionales, como se sabe, requiere de una votación calificada, que sólo se alcanza con la suma de la totalidad de las fracciones parlamentarias de Morena y de sus rémoras del PVEM y del PT.
Si solo uno de esos grupos votara en contra, sería casi imposible consumar esas modificaciones, pero si en vez de ubicarse en la negativa, esos legisladores se salieran, bajaría el número de sufragios necesarios para avalar las modificaciones a la Carta Magna. Es decir, sólo sería una resistencia en apariencia, pues no habría manera de atajar las reformas.
De asistir a la sesión vespertina los 128 senadores que integran la Cámara Alta, se necesitan 86 votos para aprobar la propuesta presidencial, cifra que Morena (67) y PVEM (14) no garantizan por sí solos; necesitan los votos de sus aliados del PT (6).
Lo que se espera es que se repita la intensa polémica que se dio en las comisiones, en el frustrado intento de la oposición de contener el denominado Plan B como lo lograron –con la suma del grupo parlamentario del PT– con la anterior iniciativa presidencial en materia electoral.
Durante tres horas, dicen las crónicas, el reducido bloque oficialista, sólo «morenos» y «verdes» defendieron el «plan B» presidencial, mientras que panistas, priistas y emecistas lo hicieron en contra.
Para empezar, la revisión en el pleno de la llamada Cámara Alta se puso en marcha como le gusta al oficialismo, con la dispensa de trámites, para lo cual ayer mismo se realizaron dos sesiones. Una supuestamente matutina, pero que empezó a las tres de la tarde (15 horas) y sólo sirvió para cumplir con el requisito de presentar el plan B en primera lectura y dejarlo listo para que en la siguiente sesión se presentara en segunda lectura, procedimiento que también se dispensó para empezar la discusión de inmediato. Ya se sabe, la llamada Cuarta Transformación quiere que sus iniciativas se aprueben sin cambiarles ni un coma, pero eso sí, a la brevedad.
Lo importante para el régimen que dice construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación es que se aprobó realizar la pomposamente denominada «consulta popular» para la revocación de mandato, la cual, como mencioné, abre la posibilidad de que la presidenta Sheinbaum haga campaña, aunque, vale insistir, nadie ha solicitado que deje su cargo.
«La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia», cita la adición al Artículo 35 constitucional, que quedó intocada respecto de la propuesta presidencial.
El proyecto de decreto aprobado en comisiones valida en el Artículo 35 Constitucional el proceso de Revocación de Mandato para 2027 o 2028, por lo que será «el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio» de la persona titular del Poder Ejecutivo federal. Es decir, la consulta de revocación podrá realizarse juntamente con la elección intermedia del 2027, a fin de «disminuir el costo de la operación y organización del proceso», así como el «agotamiento de la ciudadanía».
Tampoco se enmendó la prohibición propuesta sobre el «uso de tiempos oficiales» y de «la contratación de propaganda» con recursos públicos para promocionar y difundir la revocación de mandato.
La propuesta de reforma constitucional prevé la suspensión de la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier gobierno 60 días antes de la jornada revocatoria, pero eso sí, se preserva la facultad del titular del Ejecutivo, en este caso la presidenta Sheinbaum, de «defender» la continuidad en su cargo.
Lo que quedó vigente fue el voto particular del senador de MC Luis Donaldo Colosio Riojas en contra del dictamen de las comisiones unidas
de puntos constitucionales y de estudios legislativos.
En su texto, el legislador nacido en Sonora, pero crecido en Nuevo León, denunció que «derivado del análisis de la iniciativa y del dictamen se identificó que ambos instrumentos omiten un estudio y análisis objetivo para sustentar los cambios a los artículos 35, 115, 116 y 134 constitucionales al no plantear algún diagnóstico comparativo, información sobre costos, ni evaluaciones técnicas sobre el diseño institucional en materia electoral que supuestamente se busca corregir con la reforma.
Colosio mencionó que los legisladores a favor de la reforma «argumentan que la soberanía popular exige eliminar privilegios en el uso de recursos
públicos, especialmente en remuneraciones, seguros y beneficios de la burocracia, y reorientar ahorros hacia quienes más lo necesitan. Asimismo, señalan que los gobiernos precedentes a 2018, incurrieron en desigualdad, corrupción y despilfarro.
El senador de MC también adivrtió que los promotores dicen responder a una demanda popular. Sin embargo, tanto la iniciativa como el dictamen carecen de datos que sustenten la reforma constitucional. El único antecedente que se menciona es la revocación de mandato del 10 de abril de 2022, al entonces presidente López Obrador que fue organizada por el INE señalando que participaron más de 15 millones de personas, y que la proporción fue cercana a «quince a uno» a favor de su permanencia.
La propuesta de reforma, agregó el senador de MC, «presume que amplía y perfecciona la revocación de mandato, pero nunca explica cómo se mejoraría esta figura democrática, hay una ausencia de argumentos sólidos que sustente la propuesta de modificación».
Por su parte, el ex dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, advirtió que «Acción Nacional irá en contra de la iniciativa, porque además no elimina privilegios, porque le da más privilegios a la presidenta y no elimina costos, porque le da dinero público a la presidenta para promocionarse».
El PAN también puso de manifiesto que el texto resulta demasiado ambiguo al plantear que la Cámara de Diputados hará los ajustes necesarios en el Presupuesto de Egreso de la Federación (PEF) que corresponda, para dar cumplimiento al decreto por lo que refiere al tope de gastos de los congresos locales y ayuntamientos; sin embargo, los presupuestos de estos entes no forman parte del PEF que aprueba la Cámara de Diputados.