Se hace justicia a braceros
Luis Muñoz jueves 2, Feb 2012Segunda vuelta
Luis Muñoz
El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Agrícolas, el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del PT, enfatizó que una vez que la Secretaría de Hacienda transfirió 3 mil 816 millones de pesos a la Secretaría de Gobernación, el órgano legislativo que preside será firme en vigilar que sean entregados a cada uno de los 108 mil 352 ex braceros -o a sus deudos-, conforme lo aprobó la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para esta anualidad de 2012.
Ayer sesionaron precisamente con el objetivo de acordar la entrega puntual, y sin tintes partidistas, del pago de los apoyos a los ex braceros mexicanos que trabajaron en los campos agrícolas y de mantenimiento ferroviario en Estados Unidos entre 1942 y 1964.
Según explicó, la entrega de estos recursos -34 mil pesos por ex trabajador o deudo, o 38 mil pesos si no se les entregó un anticipo de 4 mil pesos-, es una respuesta a una demanda histórica y un mínimo acto de justicia social, que si bien no compensa en su totalidad los ahorros que llevaron a cabo durante sus años de servicio miles de mexicanos, sí constituye una forma de recuperarle a ese sector productivo del país, una parte de su propio esfuerzo.
Se había adelantado que en la reunión estarían presentes ex trabajadores migrantes mexicanos y funcionarios de las dependencias vinculadas al tema. Los funcionarios de la Segob, encabezados por el subsecretario de Enlace Legislativo, Rubén Alfonso Fernández Aceves, presentaron el informe relativo a través de Alejandro Martínez Álvarez, director general de Coordinación con Entidades Federativas de la Subsecretaría de la Secretaría de Gobernación.
Acordaron que definirían, entre otros aspectos, la fecha de publicación de listas de 108 mil 352 braceros; el nuevo fiduciario del Fideicomiso 2106, instituido para el pago a braceros y cobertura del territorio nacional; el inicio, la forma y los requisitos para los pagos; así como la instalación y ubicación de Mesas de Rectificaciones y Aclaraciones para atender problemas específicos al respecto.
DESCORTESÍA AL LEGISLATIVO
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se unió a los reclamos de distintos legisladores federales por el hecho de que un grupo de trabajo no haya sido recibido por las secretarías de Seguridad Pública y del Trabajo, respectivamente.
Al clausurar los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que funcionó durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura, el legislador Acosta Naranjo dijo que “fue una descortesía al Poder Legislativo en su conjunto, en un hecho que tiene que ver con una grave violación a los derechos humanos, y me uno a este repudio y a esta molestia porque va en demérito de la fuerza, de la autonomía, de la investidura de este Poder Legislativo”, en referencia al caso Ayotzinapa.
Por otro lado, Acosta Naranjo hizo votos para que las autoridades en correspondencia al interés mostrado por esta Comisión Permanente, “siga atendiendo el tema de la sequía que afecta a decenas de miles, a centenares de miles de campesinos que están atravesando una gravísima situación”.
“Entre todos deberíamos de darle una respuesta a un sector que de por sí es olvidado y que en esta ocasión la Permanente estuvo muy atenta a dar seguimiento, a acompañar y a buscar que junto con las autoridades se resuelva este gravísimo problema”, enfatizó.
INFORME IMPRECISO
De impreciso calificó el empresario Carlos Slim el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre políticas y regulación en telecomunicaciones en México, que fue filtrado el viernes por Wikileaks.
En conferencia de prensa, palabras más, palabras menos, Slim Helú sostuvo que el documento de la OCDE no es preciso sobre la información que revela.
Aseguró que buena parte de la información es imprecisa o falsa. Por ejemplo, el dato de que los consumidores mexicanos pierden cada año un bienestar económico de 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB).