Generales, en el limbo
¬ Juan Manuel Magaña viernes 3, Ago 2012Política Spot
Juan Manuel Magaña
El reciente encarcelamiento de militares de alto rango por supuestas ligas con el narcotráfico, no disipa las inmensas dudas de que la PGR tenga en realidad pruebas en su contra.
Como se sabe, un juez federal ordenó el encarcelamiento de tres generales y un teniente coronel por delitos relacionados con el narco. De inmediato, los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González, y el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández, fueron trasladados al penal de alta de seguridad El Altiplano, en el Estado de México.
Fue la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) la que obtuvo una orden de aprehensión contra los militares, que deberán ser juzgados “por delitos del crimen organizado con el propósito de cometer ilícitos contra la salud”.
De manera simple, esto último quiere decir que se considera que apoyaron o protegieron las operaciones del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, pero no se muestra cómo.
Otro dato importante viene a ser el momento en que esto ocurre. Los generales Ángeles, Dawe y Escorcia estaban a tres días de cumplir el plazo de 80 días de arraigo que la PGR obtuvo de un juzgado federal, con el fin de acreditar las acusaciones en su contra.
Sus primeros 40 días de arraigo se supone que iban a servir, en la lógica calderonista, para darle impulso a la campaña presidencial panista en la idea de que se trataba de un éxito de importancia en la lucha contra el narcotráfico.
Al vencimiento de ese primer plazo, se tuvo que reconocer que no había pruebas aun y por eso se extendió el plazo de arraigo a 80 días. La elección presidencial tuvo que pasar con más pena que gloria para el panismo.
Casi al cabo de los 80 días, resulta que tampoco hay nada claro. Pero el caso está en otra lógica. Se trata de generales que podrían influir en el relevo sexenal que se aproxima del secretario de Defensa, cosa con la que con rigor tendría que lidiar el próximo gobierno, que ya está en formación.
Los militares pudieron haber terminado su penoso arraigo de 80 días y finalmente irse a sus casas con el clásico “usted disculpe”. Pero la pregunta es por qué, para qué, vía la PGR, Calderón consigue enviarlos a prisión y sin dar muestras claras de poseer las pruebas en su contra.
Ya uno de los generales hizo una grave acusación, la de que una confesión le fue extraída bajo tortura. Y eso fortalece las dudas.
La cuestión es: ¿Lo de los generales es un caso judicial o tiene fines políticos?