Los jueces de tutela de derechos humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México contribuyen y abren nuevas posibilidades para la defensa efectiva de los derechos de las personas, destacó el presidente del órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien aseguró que con esto hacen menor su situación de vulnerabilidad y que ésta sea erradicada.
Un cúmulo de papeles ha quedado digitalizado con la aplicación de programas específicos que permiten la consulta casi inmediata de al menos 18 millones de expedientes de las distintas materias del fuero común, sustancia y objeto del quehacer del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), a lo largo de su historia.
Este lunes, el Poder Judicial y el Congreso de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para promover y fomentar acciones que permitan a las personas servidoras públicas de estos poderes de la unión una investigación con perspectiva jurídica y legislativa que sirva de apoyo en la elaboración de iniciativas de leyes y decretos.
El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, convocó a jueces del sistema procesal penal acusatorio y penales de proceso escrito, a juzgar con prudencia, nunca con soberbia, y anteponer siempre su experiencia y conocimiento, al recordarles que son garantes del control social.
Frente a jueces del sistema procesal penal acusatorio, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, enfatizó que no permitiría que al órgano judicial capitalino se le vea como herramienta o instrumento de otros poderes o partidos, y agregó que, frente a sus convicciones personales, siempre antepone a la institución, lo cual pidió también hacer a los juzgadores.
Luego de cuatro años y medio al frente del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo se despidió este jueves de los capitalinos en un mitin en el Monumento a la Revolución. Dijo que deja la CDMX “con cara de triunfo”.
El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, anunció una estrategia disruptiva y de coordinación institucional para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y así arribar a un sistema de impartición de justicia en esas materias que romperá paradigmas, corregirá costumbres arraigadas y superará prácticas ineficaces, con el propósito de contar con una justicia pronta y sumaria.
Al ponerse en marcha el VII Seminario de Actualización para Mediadores Privados Certificados por el Poder Judicial de la Ciudad de México, que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez, se destacó que la mediación es una forma de ofrecer a la sociedad una justicia más inmediata y resolutiva, capaz de atender las afectaciones derivadas de problemáticas entre particulares.
Ante el Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva de los Órganos de Impartición de Justicia de la Ciudad de México (CIIS), el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, propuso crear un banco de sentencias emitidas bajo parámetros de perspectiva de género, como una forma de difundir las acciones en la materia efectuadas por sus integrantes.
Para resolver divorcios conflictivos, pérdidas de patria potestad, régimen de visitas y convivencias, adopciones, tutelas y hasta juicios de maternidad subrogada, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), que encabeza el magistrado Rafael Guerra Álvarez, cuentan profesionales de la psicología encargados de realizar perfiles de personalidad, que sirven a los impartidores de justicia para emitir sus resoluciones.
La alianza Va por la Ciudad de México está muy lejos de sufrir una derrota como la del Estado de México porque durante más de tres años el trabajo ha sido permanente y cercano a la ciudadanía.
El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, expresó la necesidad de que los poderes judiciales locales cuenten con recursos federales de cara a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), ya que actualmente no están previstas partidas presupuestales para ello. Alertó que, de no garantizarse éstas, se incrementa la amenaza de colapso del sistema de impartición de justicia a nivel nacional.
Los titulares de los poderes judiciales de todo el país, encabezados por el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, iniciarán esta semana una cruzada en la Cámara de Diputados para que se les asignen los recursos necesarios y poder aplicar de manera cabal y sin contratiempos el recién aprobado Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el plazo de cuatro años, como lo establece la vacatio legis.
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