El caso de Ruffo no logra hacer olvidar la amenaza de la “Ley Censura”

CLASE POLITICA  Miguel Ángel Rivera

Como dice la expresión tradicional, Morena salió ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión “con la espada desenvainada”.
Como es costumbre en ese órgano del Poder Legislativo, el partido oficial, con el auxilio de sus rémoras del PT y PVEM, manipuló los turnos de los oradores para dejar callados a los legisladores de oposición.
Dos fueron los temas centrales de la ofensiva oratoria: uno, recalcar los supuestos ilícitos que han permitido llevar a prisión al ex gobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y, dos, desechar las críticas en contra de la reglamentación de la ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que desde la oposición de todos los medios independientes de comunicación se aprecia como un intento de censura.
En el caso del exmandatario bajacaliforniano, la larga cadena de oradores oficialistas se afanó por justificar el encarcelamiento y atribuir el delito de huachicol fiscal a los gobiernos anteriores, como siempre calificados de conservadores, neoliberales y hasta de vendepatrias al autorizar que extranjeros exploten industrias fundamentales como la del petróleo y de la electricidad.
Según los senadores y diputados del oficialismo, las actividades ilícitas atribuidas a Ruffo Appel fueron posibles precisamente por las reformas que facilitaron la participación de particulares en el procesamiento de productos derivados del petróleo.
En consecuencia, según estas versiones, son falsas las denuncias de que Ruffo es tratado en realidad como un preso político y está justificada la acción de la justicia, con pruebas recabadas durante investigaciones realizadas durante más de un año por la “autónoma” Fiscalía General de la República. En consecuencia, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha actuado con total respeto al Estado de Derecho y queda al margen de cualquier sospecha de violar la ley.
Entre los oradores que desfilaron al inicio de la discusión sobre la situación política nacional, antes de cualquier representante de la oposición, estuvieron los diputados María Magdalena Rosales Cruz, quienes se repartieron el tiempo reservado para Morena.
El primero, no moreno, fue el senador Néstor Camarillo Medina, de MC, quien evitó involucrarse en la defensa del ex mandatario panista y optó por atacar el otro punto sensible para Morena, la reglamentación de la mencionada Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
“El tema que hoy estamos obligados a hablar, en esta Comisión Permanente, sin duda, es la ‘ley censura’ que si bien en teoría no hay un documento oficial ya sabemos qué es lo que van a hacer, porque siempre, siempre, así nos están acostumbrando, a ver escenas de aventar la piedra y siempre esconder la mano”, dijo de inicio el legislador de MC, quien continuó:
“Hay antecedentes muy claros aquí en el Senado y también en mi estado, en Puebla, donde gracias a la presión social se logró echar para atrás algo que hoy intentan hacer, quieren disfrazar la censura de protección.
“Los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias no buscan defender al ciudadano, sino establecer un mecanismo de control autoritario que simplemente quieren llamar a los medios independientes, a las voces críticas que resultan ser incómodas”, destacó Camarillo Medina, quien advirtió que las anunciadas reformas ”amenazan también de forma directa la libertad de editorial al otorgar una autoridad pública el poder de supervisar, interpretar y sancionar contenidos de bajos criterios ambiguos que simplemente están abriendo la puerta a la intimidación.
“Lo que el régimen pretende es usar las multas y el retiro de concesiones como herramientas para someter a quienes no se arrodillan ante su narrativa”, dijo el senador, quien recordó la “reciente aprobación de la llamada ‘ley censura’, en Puebla, que castigaba hasta con tres años de cárcel a quien critica a funcionarios en las redes sociales bajo el pretexto de la ciberseguridad, demuestra el verdadero rostro de Morena, un proyecto político decidido a criminalizar la disidencia y a encarcelar a quienes piensan diferente”.
Le siguió el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, quien tampoco entró al tema del huachicol, para centrarse en la “ley mordaza”, tema que ha sostenido desde hace tiempo.
Recordó que un año antes indicó que la Ley de Telecomunicaciones era la “ley censura”, y hoy se ratifica la “ley cnsura” y ahora quieren ponerla a trabajar con ese nombre de los derechos de las audiencias, porque así trabaja este gobierno, palabras bonitas y letra chiquita.
Déjenme decirles, continuó el legislador, qué es la ´ley censura´, la ´ley Maduro´, la ´ley Nicaragua´ -porque ahora está de moda esa sátrapa que desde la Embajada de México en Nicaragua solamente recibe halagos, aplausos y solidaridad– “es un ataque a la libertad de expresión. Y es obvio, es un ataque para censurar a los medios de comunicación, es un ataque porque quieren poner de rodillas a los medios de comunicación que son críticos con el gobierno.
Destacó que también hay una causa, “los escándalos se dan diario en este gobierno de Morena, un día es Segalmex, con Ignacio Ovalle. Otro día, por supuesto, es el huachicol fiscal. Otro día es La Barredora. Otro día son las imputaciones a los gobernadores de Tamaulipas, Sonora, de Baja California. Otro día, por supuesto, es el tema de Birmex. Otro día es el descarrilamiento del Tren Interoceánico con 14 fallecimientos, desgraciadamente, y más de 100 heridos. Otro día es Andy López Beltrán. Otro día es Amílcar Olán.
“Y, si esa narrativa ya la perdió el gobierno, ahora quiere el control absoluto de los medios de comunicación”, sentenció el senador Añorve al asegurar que “vamos a seguir levantando la voz, porque no vamos a permitir que un derecho constitucional se termine.
También indicó que desee el oficialismo hablan de que no se trata de una “ley censura”, a lo cual respondió: “por supuesto que sí es una ‘ey censura’”.
Enseguida calificó de faramalla la anunciada consulta para conocer supuestamente la voluntad popular, pues lo que realmente desean en el gobierno es atacar la crítica constructiva. “Quieren menos voces, quieren menos crítica y más versión oficial de los hechos, como empezaron Maduro y Chávez, y, por supuesto, como empezó también Daniel Ortega.
Es la “ley Maduro” a la mexicana, recalcó el coordinador de los senadores priistas, quien sostuvo que “ningún funcionario, se los digo desde esta tribuna, tiene derecho a decirle nada a un periodista”, para luego insistió en que “vamos a defender las instituciones y la libertad de expresión, no queremos una ‘ley censura’, no queremos una ‘ley Maduro’, no queremos un gobierno vigilando las redacciones, las imprentas, las cabinas, cambiando la narrativa, los editoriales a modo de este gobierno autoritario de Morena.
“Por supuesto que les quede clarísimo, ni censura abierta, ni censura disfrazada de derechos. No nos vamos a callar, no vamos a dar un paso atrás y no vamos a permitir que Morena le ponga un bozal a México”.
Como se ha vuelto costumbre, el remate estuvo a cargo de un ex moreno, el ahora diputado de MC Gibrán Ramírez, quien abrió su exposición con la lectura de una carta de denuncia de un asesinado periodista oaxaqueño:
““Me conocen, me llamo Alejandro Leyva, pero muchos me dicen el moscardón, el que le zumba los oídos al anodino gobernador, en minúscula y entre comillas, las verdades que los oaxaqueños padecemos por su ineptidud y su enfermedad mental. Quiero enfatizar que si, por estas videocolumnas y por el zumbido del moscardón, algo llegara a pasarme, las autoridades ya están avisadas de que el culpable es el anodino gobernador, el que despacha en Palacio de Gobierno”.
Acto seguido, el legislador de MC aclaró: “ese señor tiene un nombre y se llama Salomón Jara, gobernador del estado de Oaxaca.
“¿Les suena familiar esta advertencia?
«A mí sí.
“Me suena mucho a la que hizo Héctor Melesio Cuén, antes de ser asesinado donde responsabilizó de aquello que le pasara a Enrique Inzunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y a Rubén Rocha Moya, compañeros de ustedes y ejemplo nacional de impunidad.
“¿Cómo respondió el gobierno ante esto que sería una crisis política en un país con una política seria?
“O son autoritarios y descarados o son simplemente torpes e indolentes”, destacó Gibrán.