PGR, sin pruebas contra el general Ángeles Dauahare
* Especiales, Nacional miércoles 23, Ene 2013- Admite que no pudo corroborar dichos de dos testigos protegidos que inculparon a militares de alto rango de proteger a los Beltrán Leyva
La Procuraduría General de la República (PGR) envió al juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en Toluca, Estado de México, un documento en el que admite que no cuenta con prueba alguna que corrobore las declaraciones de presuntos testigos protegidos donde acusan a militares de alto rango de proteger al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Los acusados son los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez, así como al teniente coronel Silvio de Jesús Hernádez Soto y al mayor Iván Reyna Muñoz.
Tanto las autoridades judiciales consultadas como el penalista Ricardo Sánchez Reyes Retana, defensor del general Ángeles, coincidieron en que pasarán varios días, e incluso semanas, antes de que el juez emita su sentencia correspondiente.
Sin embargo, coincidieron en que dado que no hay más que el dicho de los testigos como prueba lo procedente es una sentencia absolutoria con alcances de cosa juzgada que permita la libertad de los inculpados. En un escrito de la PGR enviado en días pasado al juzgado tercero de distrito, el procurador Jesús Murillo Karam admitió -de manera inédita- que no se habían podido corroborar los dichos del testigo protegido identificado como Jennifer y del narcotraficante Sergio Villarreal El Grande, quienes sostuvieron ante los fiscales federales que los generales Dauahare, Dawe y Pérez Ramírez habían recibido dinero de los Beltrán Leyva a cambio de brindarles protección.
A decir de las fuentes judiciales consultadas, el escrito de la PGR no obliga al juez a decretar la inmediata libertad de los militares inculpados, aunque eventualmente con ese escrito queda sin sustento la acusación, y en virtud de que ya se decretó el cierre de instrucción del proceso contra los inculpados, lo procedente será emitir una sentencia absolutoria.
Al respecto, en una entrevista con una televisora, el abogado Reyes Retana precisó que no existe un tiempo específico para que el juez federal que lleva el asunto de los generales emita una sentencia, pero indicó que no existe duda de que esta tendrá que ser absolutoria, dado que no hay más pruebas en el expediente que el dicho de testigos protegidos.
“Hace alrededor de tres semanas esta defensa ofreció la prueba consistente en el oficio que debía rendir la hoy Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por el que nos dijera con qué pruebas tiene por acreditado que los dichos de los testigos colaboradores Jennifer y Mateo eran verdad. La SEIDO desahoga un oficio que dice que no encuentra corroborado con medio convictivo alguno las declaraciones de los testigos colaboradores, lo que quiere decir que en su momento le dieron valor inequívoco a esas declaraciones y con eso se ejercitó acción penal en contra de los generales”, expuso el litigante.