En testigos protegidos la PGR gastó $178 millones
Nacional lunes 13, May 2013- A petición del IFAI, la dependencia informa que los recursos se utilizaron en manutención, transporte, vivienda y compensaciones
Durante los dos sexenios anteriores, de 2000 a 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) utilizó 178 millones 261 mil 493 pesos para la protección de 582 testigos colaboradores, informó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
En un comunicado emitido por el IFAI en respuesta a una solicitud de información de un particular, la PGR detalló que ese dinero se utilizó para manutención, transporte, vivienda, y compensación de los testigos.
La dependencia puntualizó que durante el gobierno de Vicente Fox se utilizaron 235 testigos colaboradores, mientras que en el sexenio de Felipe Calderón se recurrió a 347.
Los montos ejercidos por años fueron para 2000, de 2 millones 397 mil 627 pesos; para 2001, de 5 millones 823 mil 927; y para 2002 de 13 millones 370 mil 525.
En 2003 se erogaron 13 millones 235 mil 68; en 2004, 13 millones 834 mil 73, y en 2005, el gasto fue de 14 millones 564 mil 594 pesos.
Durante el gobierno de Calderón, el gasto para testigos protegido en 2006 sumó 13 millones 702 mil 688 pesos; en 2007 fue de 10 millones 913 mil 904 y en 2008 de 15 millones 123 mil 153.
Para 2009 el gasto fue de 20 millones 197 mil 167 pesos; en 2010 se ejercieron 14 millones 825 mil 320; en 2011, 18 millones 105 mil 351, y en 2012, 22 millones 169 mil 96 pesos.
Los artículos 35 y 36 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada establecen que el miembro de la delincuencia organizada que proporcione ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos podrá, bajo ciertas circunstancias, ver su pena reducida en dos terceras partes, en tres quintas partes o a la mitad.
En tanto, los elementos de prueba que aporte para una investigación no serán usados en su contra en una averiguación previa, de acuerdo con la ley.
La figura de testigo colaborador, de acuerdo con la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal que entró en vigor en diciembre de 2012, corresponde a una persona que fue o es miembro de un grupo de delincuencia organizada, y que accede a brindar información útil a las autoridades que ayude a investigar, perseguir y sancionar a otros delincuentes.