El secuestro
Augusto Corro martes 28, Ene 2014Punto por punto
Augusto Corro
Los gobernadores tendrán que ser llamados a cuentas porque su participación en el combate a la delincuencia es nula. Su indolencia en estrategias contra el crimen organizado no rinde los frutos deseados.
Autoridades surgidas de los diferentes partidos políticos manifiestan su incapacidad para controlar la constante actividad delictiva en los estados.
En el caso del Estado de Morelos la ola de violencia supera la ineptitud del gobernador Graco Ramírez, de origen perredista. Desde su campaña política prometió remediar el problema de la delincuencia en aquella entidad, pero no ha cumplido con su compromiso.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos y Tamaulipas fueron los estados que al cierre de 2013, tuvieron la mayor tasa de secuestros, con 8 y 6 denunciados por cada 100 mil habitantes.
También Morelos registro la mayor tasa de desapariciones forzadas con denuncia. ¿Y los plagios no denunciados? Estos no se anotan en las estadísticas oficiales, pero nadie ignora que las víctimas prefieren resolver sus problemas sin la participación de las autoridades.
Claro, el secuestro no es exclusivo de Morelos, también en Tamaulipas este tipo de delito se incrementó como sucedió en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Veracruz , Zacatecas y Sonora.
En el 2013 se registraron 1695 secuestros, contra 1407 de 2012. Como se ve la delincuencia está muy activa ante la incapacidad e indolencia de los gobernadores para contenerla.
A nivel local, en Morelos son constantes las manifestaciones de población que exigen mayor seguridad y un combate más efectivo contra los plagiarios.
Por ejemplo, en menos de una semana los habitantes de Yautepec han realizado dos manifestaciones para exigir un mayor combate de las autoridades federales y estatales contra los secuestradores.
Los manifestantes señalaron que se han cometido veinte plagios de diciembre pasado a la fecha. Ahora falta saber si las demandas de los morelenses son escuchadas por el gobernador Graco Ramírez que no le encuentra la cuadratura al círculo en materia de seguridad.
Así como se encuentran el citado Graco, en la misma condición están los gobernadores que reflejan una total pasividad en la lucha contra uno de los peores delitos: el secuestro.
SENTENCIADOS A MUERTE
La muerte de Édgar Tamayo provocó una reacción mundial de los defensores de los derechos humanos.
Édgar murió al recibir una inyección letal, luego de estar en prisión veinte años acusado de homicidio. Mató a un policía luego de ser detenido por el guardia. En todo momento los defensores de Édgar argumentaron que las autoridades no actuaron legalmente a la hora de detenerlo, porque no comunicaron del hecho a la representación consular.
Sin embargo, el gobierno de Texas no cedió a las presiones nacionales e internacionales para evitar la ejecución del mexicano y abrir un nuevo juicio.
En fin, se pensó que al concluir ese episodio de barbarie ya no iba a registrar un hecho más en el que los impartidores de justicia se convierten en sordomudos.
Resulta que, según informaciones periodísticas, otros 59 mexicanos esperan su turno en el corredor de la muerte.
Entre esos connacionales está Ramiro Hernández, de 44 años, cuya ejecución, también con inyección letal, está programada para el 9 de abril en Texas.
Cabe hacer notar que Ramiro está amparado por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) “que ordena a Estados Unidos revisar decenas de casos, tras establecer que se violaron sus garantías consulares”.
Vemos que ninguna ley ni convenio internacional es suficiente para evitar las ejecuciones en el vecino país del norte. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales realizan sus esfuerzos en vano; pues las autoridades estadounidenses se aferran a la práctica de la barbarie.