Elías Azar propone dar autonomía a tribunales
* Especiales, Cd. de México viernes 16, May 2014- Señala que urge una reforma constitucional que haga inimpugnables sus procesos de autolimpieza
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, magistrado Edgar Elías Azar, propuso ante la inminente implementación de la reforma constitucional del sistema penal, que los tribunales del país reciban recursos suficientes para crecer al mismo ritmo y en proporción con la economía.
Si se continúa marginando de los presupuestos de los tribunales de los estados, pronto se verán rebasados, dijo el también presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, al participar en la mesa Las piezas del nuevo proceso en el marco del VI Foro Nacional de Seguridad y Justicia.
Asimismo, expuso que se requiere una reforma constitucional que haga absolutamente ininpugnables las decisiones de los consejos de las judicaturas locales, en los procesos de autolimpieza de los propios tribunales.
Dichos procedimientos en los poderes judiciales locales, hasta ahora limitados, han sido censurados y golpeados por diferentes resoluciones federales, lo que deberá de cambiar, recordó el magistrado.
“No puede ser que decisiones de magistrados, gente con experiencia y sabia, tengan que caminar, bajo la decisión de un amparo, y que nos tengan que regresar a jueces que no funcionan”, indicó Elías Azar.
El titular del Poder Judicial local secundó las observaciones recogidas en el foro, de cara a la adopción del sistema de corte acusatorio en los próximos dos años, pues será necesario cambiar el “chip” de los jueces, ya que no todos podrán tener cabida en el nuevo sistema.
El magistrado reiteró que se debe garantizar un trato preferente a los tribunales del país en cuanto a sus presupuestos, ante el hartazgo que representa para ellos, estar en el cabús del presupuesto.
Dijo que ya es tiempo de dejar a un lado los temores y alinear políticas de trabajo, ante el reto de la reforma penal, en la que participan también los procuradores, fiscales y defensorías públicas.