Derechos de las víctimas
Luis Muñoz jueves 26, Jun 2014Segunda Vuelta
Luis Muñoz
Aunque comisiones van y comisiones vienen, muchas cosas siguen igual. Ahora, el diputado petista Manuel Huerta Ladrón de Guevara propone que la Cámara baja integre una comisión especial para evaluar el cumplimiento y observación de la Ley General de Víctimas.
Esto, ante la falta de certeza en la información de personas desaparecidas y secuestradas en México, señaló el secretario de la Comisión de Gobernación de esta instancia legislativa.
Mediante un punto de acuerdo presentado en la sesión de la Comisión Permanente, expresó que los recientes descubrimientos de fosas clandestinas con restos de cuando menos 40 personas asesinadas en la Cuenca del Papaloapan, en el estado de Veracruz, “apremian la adopción de medidas que busquen garantizar los derechos de las víctimas y la seguridad de los ciudadanos”.
Dijo que resulta imprescindible garantizar a las víctimas de los delitos de desaparición forzada y secuestro el acceso a la justicia y la consecuente reparación de daño, con base en la información objetiva de las autoridades de investigación y jurisdiccionales.
Destacó que la misma Ley (General de Víctimas), publicada el 9 de enero de 2013, determina que las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho a conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
“A la fecha —añadió— no existe certidumbre ni verdad en el registro de personas desaparecidas o víctimas del secuestro”. En mayo pasado, la PGR informó que la administración federal anterior enlistó 27 mil personas desaparecidas, pero la cifra se depuró y se consideró que sólo 13 mil podían considerarse como no localizadas, pues 14 mil estaban vivas y fueron ubicadas. En contraste, la Secretaría de Gobernación anunció que en los dos primeros años del gobierno actual, el número se elevó a 16 mil, de los cuales 8 mil han sido localizados con vida.
FUNCIONARIOS PROBOS
Desde siempre se ha dicho que la sociedad merece servidores públicos que rindan cuentas, capacitados, probos y profesionales, que respondan ampliamente a sus legítimos intereses y necesidades, pero todo ha quedado en el papel.
Es tiempo de revertir esa situación y para ello en las instalaciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal se llevó a cabo la segunda jornada del convenio de colaboración académica, profesionalización y capacitación entre el propio Tribunal y la Contraloría General del GDF.
Precisamente este tipo de convenios interinstitucionales entre organismos del GDF tienen ese propósito: servir para que los capitalinos cuenten con buenos funcionarios que estén a la altura
de los retos de la ciudad. No es pedir mucho ¿O sí?
FRENO A LA EXPLOTACIÓN INFANTIL
Tanto en el Metro como en la Central de Abasto de la ciudad de México se da la explotación laboral infantil, que debe de acabar a como dé lugar.
Para el diputado Orlando Anaya no hay opción: es urgente y prioritario impedir que niñas y niños realicen actividades de esta naturaleza en los lugares citados y en otros más.
El diputado Anaya del GPPAN en la ALDF presentó un Punto de Acuerdo en el que exhorta a la Comisión Interdependencial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida del DF, a elaborar un diagnóstico, diseño y desarrollo de acciones específicas para la erradicación de este problema.
En su calidad de integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, destacó la necesidad de terminar con la explotación laboral infantil, pues esta acarrea daños irreversibles a la persona como daños físicos, psicológicos, abuso sexual, falta de productividad al llegar a la edad adulta, aumento de conductas de riesgo, lo que deriva a su vez en una sociedad poco productiva y poco competitiva.