Todos rabones, sí, pero ya no coludos: mensaje en 3 de 3
¬ Mario San Martí viernes 1, Jul 2016Consensos y disensos
Mario San Martí
- Veto presidencial, oportunidad para mejorarla
- Particulares sí deben ser objeto de rendición de cuentas y transparencia
Una vez más, serán los consensos y disensos los que caractericen el curso del segundo periodo extraordinario de sesiones del congreso de la unión, LXIII Legislatura, que tendrá verificativo los días 5 y 6 del presente mes, pero queda claro que será la postura que tenga más votos quien defina el resultado final.
Senadores y diputados ya preparan sus mejores dotes de oratoria y, además de ese recurso, serán los más avezados en los temas a tratar los que en comisiones y tribuna de los plenos defiendan las posturas político partidistas que cada uno representan en torno al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La convocatoria será para el desahogo de las observaciones del Ejecutivo federal al Artículo 32 de la referida Ley, también conocida como Ley 3 de 3, en sus incisos b) y c) y 15 artículos concurrentes más, por lo que ahora los legisladores tienen tres opciones al recibir el veto presidencial, que son: allanarse, insistir en el contenido aprobado o modificarlo.
Al respecto, el presidente del Senado, Roberto Gil, adelantó que el Congreso modificará el texto original que envió el Presidente, en tanto que el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, señaló que el martes citará a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda para comenzar con el análisis de las observaciones enviadas por el Ejecutivo.
Como recordamos, hace un par de semanas el Congreso de la Unión aprobó el paquete de ocho leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), donde estuvo incluida la iniciativa ciudadana conocida como 3 de 3, acción que fue calificada por algunos senadores y diputados como una “enchilada incompleta”; ley “mocha”; y en general los opositores al dictamen que se aprobó con la alianza PRI-PVEM dicen que era un “Frankenstein” legislativo que impide ir a fondo en el combate a la corrupción.
Para otros representó un avance por tratarse de una iniciativa ciudadana, cosa que antes era imposible ya que la facultad de presentar leyes correspondía únicamente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Posteriormente, una semana después, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ejerció su facultad constitucional de realizar observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso, acción que se conoce como “facultad de veto”, y regresó nuevamente la propuesta legislativa a la cámara que dio origen a la iniciativa, con el argumento principal de que esa propuesta violentaba los derechos humanos de los mexicanos.
Y es que a la letra el 32 señala, y así se aprobó, que todo particular o empresa que ejerza o reciba recursos públicos o contrate con cualquier instancia de gobierno debe presentar sus declaraciones patrimoniales y declaración de intereses, añadiendo además que toda persona que trabaje en empresas que contrate el gobierno tendrían que presentar estas dos declaraciones.
Dicho articulado fue observado y enviado para su corrección al Congreso ya que “es excesiva” y además la medida sería inoperante, fue el argumento del veto presidencial, además de considerar que afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones pero son beneficiarios de programas como Prospera y los becarios del Conacyt, ejemplificaron.
El documento mediante el cual se regresó al poder legislativo hace notar que lo aprobado inhibiría a los particulares a prestar servicios o vender productos a gobiernos, reiterando la inoperatividad de la ley en comento.
Hasta ahí todo bien, que bueno que los juristas han detectado que hay errores en la redacción, que no hay claridad en los alcances, que a la hora de aplicarla puede generar confusión, que en las declaraciones no deben ser incluidos los beneficiarios de diversos programas sociales que otorga el gobierno de la República, que bueno, que mejor que reciba un plazo extra para su revisión, corrección y nueva aprobación, que bueno todo eso, pero en el entorno de esta iniciativa hay quienes opinan que no se debe modificar el espíritu original de la propuesta y que las grandes y medianas empresas que reciben recursos públicos por su participación en obras y servicios, a través de licitaciones o contratos directos, sí deben ser sujetos a esas declaraciones que refiere el 32. Ese debe ser el meollo del segundo periodo extraordinario.
Por lo pronto el senador del PRD, Armando Ríos Píter, ha anunciado que su grupo parlamentario aún no define su posición al interior “pero puedo adelantar que seguramente votaremos en abstención”, precisó.
Lo anterior al considerar que el veto presidencial debió haber alcanzado también al artículo 29, donde se debió establecer el requisito a hacer públicas todas las declaraciones y no que esto sea definido por un comité que se creará posterior a la promulgación, argumento que en su momento fue calificado por el grupo mayoritario que aprobó dicha iniciativa como un “exceso”.
En fin, no obstante que en este tema son los disensos y consensos los que han caracterizado hasta ahora el trámite de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en este espacio percibimos que la generalidad de las opiniones públicas se inclinan por la aprobación, ya corregida y más precisa en sus alcances, de esta ley que se da en el marco de las acciones que se deben emprender contra la corrupción, problema que también en la percepción de la mayoría de los mexicanos es el problema número uno de nuestra sociedad y combatirla nos corresponde a todos.
El tema anticorrupción regresó a la agenda legislativa, en las manos de los senadores y diputados está la oportunidad de reiterar y reforzar su mensaje de transparencia y rendición de cuentas para servidores públicos y empresarios, porque si algo quieren los mexicanos es que en el tema del manejo de recursos públicos todos sus actores sean rabones, o sea con oportunidades iguales de trabajo, sí, pero no coludos, o sea ratones.