Escuelas, bajo la lupa de la FGE por abusos contra menores
Quintana Roo jueves 21, May 2026DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez
- Hay 80 carpetas abiertas por violencia contra adolescentes
Existen 80 carpetas de investigación abiertas por casos de abuso sexual y violencia familiar contra menores de edad en el estado.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha puesto la lupa en los planteles educativos de Quintana Roo, donde la prevención del delito dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en acciones concretas. El resultado: 80 carpetas de investigación abiertas por casos de abuso sexual y violencia familiar contra menores de edad.
Miguel Ángel Sánchez Tovar, asesor en prevención del delito y adicciones de la FGE, explicó que el trabajo de proximidad social en escuelas ha permitido detectar agresiones que, en muchos casos, provienen de familiares, amigos cercanos e incluso personal escolar. “Estamos actuando de manera directa contra los agresores y acompañando a las víctimas en su recuperación”, subrayó.
El seguimiento no se limita a la denuncia. Actualmente, 120 niñas, niños y adolescentes entre 12 y 18 años reciben tratamiento especializado coordinado por psicólogos de la fiscalía, en colaboración con instituciones como los Centros de Integración Juvenil (CIJ), los Cecosama y la red de Alcohólicos Anónimos. El objetivo es garantizar una recuperación integral que atienda tanto las secuelas emocionales como los riesgos de adicciones.
Los esquemas de prevención operan en Benito Juárez, Playa del Carmen, Othón P. Blanco y Cozumel, donde se busca consolidar un puente de confianza con los estudiantes. La estrategia incluye escuchar activamente a los menores, más allá de los reportes de acoso escolar o cibernético, para atender flagelos persistentes como la violencia sexual y familiar.
Desde noviembre de 2024, el programa institucional de prevención del delito ha alcanzado a más de 185 mil personas, entre estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, además de docentes y padres de familia. Las brigadas también se han extendido a la zona hotelera, sensibilizando a trabajadores sobre la importancia de prevenir conductas delictivas y adicciones.
En suma, la estrategia estatal busca que las aulas sean espacios seguros y que la justicia llegue a tiempo para quienes más lo necesitan: los menores de edad.
Bloqueos vecinales por apagones en Playa
La paciencia se agotó. Más de 250 habitantes de cuatro fraccionamientos de Playa del Carmen decidieron salir a las calles y bloquear la avenida Constituyentes la noche de este miércoles, luego de permanecer un día completo sin energía eléctrica.
El cierre comenzó alrededor de las 8 de la noche en la intersección con la avenida Flor de Ciruelo, pero pronto los colonos trasladaron la protesta al cruce con Paseos del Mayab, donde al corte de las 10:30 p.m. ya se concentraban más de 200 personas.
Los vecinos de Palmas I, Misión de las Flores, Xcacel y Almazara reclaman la reactivación del suministro eléctrico y garantías para poner fin a los apagones que, aseguran, llevan más de 15 días afectando a cientos de familias. “No nos moveremos hasta que la CFE cumpla su palabra”, advirtieron los manifestantes.
Horas antes, un grupo de 40 colonos acudió a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Villamar. Allí fueron atendidos por Guillermo Pedrero, superintendente de la CFE Riviera Maya, quien les aseguró que el apagón registrado la noche anterior sería resuelto a las 5 de la tarde. Sin embargo, la promesa no se cumplió y el malestar derivó en el bloqueo nocturno.
La CFE informó que cuadrillas se encontraban sustituyendo una línea de suministro dañada, pero los vecinos insisten en que las fallas constantes requieren una solución definitiva y no parches temporales.
Por otro lado, La crisis energética también ha afectado al municipio de José María Morelos, pues no solo se refleja en apagones constantes: también ha golpeado directamente el abastecimiento de agua potable, obligando a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y al ayuntamiento a desplegar operativos emergentes.
Luis Daniel Heredia Duarte, gerente de CAPA en el municipio, explicó que cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, varios pozos dejan de funcionar de manera automática, generando escasez en comunidades rurales.
Entre las zonas con mayores problemas se encuentran Sabán, Sacalaca, La Esperanza, San Antonio Tuk, Zafarrancho, San Carlos y El Triunfo, donde ha sido necesario distribuir agua mediante pipas y plantas móviles. El apoyo municipal ha significado alrededor de ocho viajes semanales con pipas de 10 mil litros, en coordinación con bomberos, para reducir el impacto del desabasto.
Las variaciones de voltaje también han afectado la infraestructura hidráulica: motores de bombeo dañados han tenido que ser sustituidos, lo que incrementa la presión sobre los recursos del organismo operador.
El funcionario reconoció que la falta simultánea de energía y agua ha generado inconformidad entre los habitantes, pues la situación afecta hogares, comercios e incluso servicios básicos. Mientras los apagones persistan, el abastecimiento emergente seguirá siendo indispensable para mantener a flote la vida cotidiana en estas comunidades.
Van 37 mdp para seguridad
El fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en Quintana Roo contará este año con una bolsa de 37 millones 522 mil pesos, tras la firma de un convenio de adhesión entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el gobierno estatal.
El acuerdo establece que la Federación y el estado aportarán en partes iguales: 18 millones 761 mil pesos cada uno. La federación lo hace a través del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), mientras que la administración estatal etiqueta su contribución bajo el concepto de “Fondo de Apoyo”.
Las reglas de operación señalan que el dinero debe dirigirse a las instituciones de seguridad de los municipios, con prioridad en aquellas demarcaciones con menor población o mayor grado de marginación. Para ello, el gobierno estatal deberá coordinar con los ayuntamientos la integración de proyectos de inversión, que deberán ser validados por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP
El convenio fija mecanismos estrictos de seguimiento: apertura de cuentas bancarias específicas, registros mensuales y trimestrales de avances físicos y financieros, y plazos definitivos para el ejercicio del presupuesto. Los recursos no utilizados al 31 de diciembre de 2026 deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación o a la Hacienda local antes del 15 de enero de 2027. En el caso de fondos comprometidos pero no pagados, el límite para cubrirlos será el 31 de marzo de 2027.
Con este esquema, se busca que cada peso invertido en seguridad pública tenga un impacto verificable y llegue a las comunidades que más lo necesitan.
