Judicialización del proceso electoral, a la vista
Sin categoría lunes 29, May 2017Como veo, doy
Jorg Palacios
- Compra de votos, peculado electoral y condicionamiento de programas sociales, los delitos más recurrentes
- Turismo electoral y recursos de dudosa procedencia, también en el orden del día
Todo indica que la resolución en los tribunales electorales será el camino por donde transitarán los procesos de renovación de las gubernaturas de Coahuila, Nayarit y Estado de México, así como la elección de presidencias municipales en Veracruz, por lo que -a unos días de que los ciudadanos de esas entidades acudan a las urnas- los partidos políticos, lo que son competitivos y tienen posibilidades de triunfos, como el PRI, PAN, PRD y Morena, sin duda ya tienen definidas sus estrategias jurídicas con las que habrán de enfrentar la defensa de los triunfos alcanzados en las urnas y de igual manera, por la vía judicial, habrá quien se apreste a ganar en el escritorio.
Y nuestra reflexión viene a colación porque hay datos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que señalan que en estos momentos existen 658 quejas electorales, correspondiendo 330 a Veracruz, seguida del Estado de México con 246; Coahuila, con 50, y Nayarit, 32.
Las carpetas de investigación refieren que son la compra de votos, el peculado electoral y el condicionamiento de programas sociales, tres de los delitos más recurrentes en tiempos electorales, mismos que a la fecha se han presentado en el contexto de la realización de procesos electorales que incluyen la renovación de tres gubernaturas, 270 ayuntamientos y 55 diputaciones locales, y que en esta elección participará el 24% de la lista nominal del país.
En ese marco de actuación, la Fepade ha atendido por la vía electrónica más de mil denuncias ciudadanas sobre supuestas comisiones de delitos (427 llamadas y 592 correos electrónicos en sus sistemas FEPADETEL y FEPADENET), en el primer sistema 64.5% fueron del Estado de México, 17.1% de Coahuila, 14.6% de Veracruz y 3.9% de Nayarit. Mientras que en www.fepadenet.gob.mx, 64 fueron recibidos de Coahuila, 379 del Estado de México, 15 de Nayarit y 134 de Veracruz.
Recientemente, ante la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Públicos en Procesos Electorales, de la Cámara de Diputados, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Catillo, afirmó que “el proceso electoral 2017 no está en riesgo”.
El funcionario público dijo que del 1 al 6 de junio habrá un despliegue de agentes del Ministerio Público especializados, peritos y policías en las instalaciones de los institutos electorales, delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), en las cuatro entidades donde habrá elecciones este año, para que se trasladen a los lugares donde se presenten denuncias. El objetivo, precisó, es “acercar el modelo de procuración de justicia penal electoral y rendir a esta Comisión Especial un informe de las investigaciones y consignaciones”.
Entonces, es un hecho que los días por venir serán de mucho trabajo para las autoridades de la Fepade, así como del Instituto nacional electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque a escasos siete días de la jornada electoral los delitos siguen estando a la orden del día en casi todos los equipos de campaña, a veces por supuestos desvíos de recursos de las arcas estatales y municipales o por otras causas pero en general las quejas llueven por todos lados.
Unos y otros contendientes dicen que se trata de “guerra sucia”, de “campañas de lodo”, del “nerviosismo de los opositores” y así por el estilo, declaraciones que de alguna manera justifican o disfrazan su proceder para todos llevar agua a su molino por encima de la ley.
Ojalá no sea el caso, pero por diversas irregularidades cometidas al calor de las campañas políticas, existen antecedentes de anulación de procesos para la renovación de gubernaturas, tal como sucedió en Tabasco en el año 2000, cuando ante la impugnación del PAN y PRD, el TEPJF resolvió que el gobierno estatal había intervenido ilegalmente en el proceso electoral haciéndolo inequitativo, ante lo cual declaró nula la elección de Gobernador.
Otro ejemplo lo encontramos en Colima, cuando por las mimas causas, también el TEPJF, en su calidad de máximo árbitro electoral del país, anuló los comicios del 7 de junio de 2015, al penalizar la “injerencia indebida en el proceso del gobierno del estado”.
Entre los delitos que hasta ahora han sido denunciados, además de los supuestos desvíos de recursos públicos de las finanzas estatales y municipales para campañas políticas, se encuentran el condicionamiento de programas sociales para atraer votos, el uso ilícito del padrón electoral para la difusión de propaganda, el llamado turismo electoral, utilización de recursos de ilícita procedencia, y muchos otros que podrían ser la causa de una anulación del proceso electoral en ciernes.
No hay duda, hay avances en eso de la organización y realización de los procesos electorales. Contamos con un sistema democrático cada vez más fuerte y transparente, pero de que los delitos en la materia se siguen presentando eso que ni que, los medios informativos y la ciudadanía en general son testigos de todo tipo de triquiñuelas que se están presentando a tan sólo unos días de las elecciones.
Es cierto, el desarrollo de las campañas políticas y la celebración de los comicios mismos hoy cuentan con mayor vigilancia, la participación ciudadana es fundamental en su transparencia, los gastos realizados tienen algunos mecanismos de control y las sanciones van desde una amonestación hasta la cárcel, pero por lo que vemos eso no ha sido suficiente para inhibir el delito electoral. En fin, en este tipo de delitos las autoridades en la materia tienen la última palabra, y hasta ahí porque, como veo, doy.